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Aguas del Poniente quiere extender su concesión
Aguas del Poniente se aferra a su concesión, quiere seguir cobrando el agua a los potosinos sin pagar a Interapas. En diciembre se vencen los 15 años, pero quiere más.
Por: Jorge Saldaña
El empresario Carlos López Medina, beneficiario de una concesión para surtir y cobrar el agua a gran parte del poniente de la capital potosina, pretende extender el plazo de ese beneficio que usufructúa a través de su empresa Aguas del Poniente.
Desde diciembre del 2008, en tiempos de Jorge Lozano, el cabildo capitalino votó a favor de que el empresario pudiera prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento al fraccionamiento Lomas del Tecnológico, Fraccionamiento La Loma Club de Golf y todos sus alrededores, extendiéndose desde la Plaza San Luis hasta los limítrofes con la comunidad de Escalerillas.
Con una duración de 15 años, la concesión termina los últimos días de diciembre de este 2023, sin embargo la empresa pretende extender el beneficio otorgado.
A través de una convocatoria a los vecinos del fraccionamiento Club de Golf, la asociación de colonos citó para este miércoles 19 de abril a una reunión extraordinaria en la que como el punto más importante del orden del día destaca:
“.. Nos acompaña el ingeniero Ricardo Garza Blanc donde (sic) nos informará de la problemática que tenemos con el municipio y su insistencia en quitar la concesión de Aguas del Poniente”.
Desde su creación, Aguas del Poniente aunque tiene autorización municipal, no cuenta físicamente con el título de Concesión porque nunca se le extendió por las autoridades correspondientes, lo que en una controversia jurídica convertiría en ilegal todos y cada uno de los cobros que hace a sus “clientes”.
Por otro lado, aunque Aguas del Poniente debería pagar un porcentaje del 10 por ciento del servicio que cobra por distribución de agua al Ayuntamiento, en 15 años no ha pagado a la ciudad un solo peso.
Al respecto, de acuerdo a estudios realizados por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 2011, solo en tres años el daño que ha sufrido tanto el Interapas como la ciudad al no recibir ningún beneficio de la concesión otorgada, sumaba entonces más de 295 millones de pesos. El cálculo a 15 años no se ha realizado. 
En su defensa, la empresa Aguas del Poniente ha manifestado, a través de fuentes internas, que el adeudo con el municipio se ha arrastrado porque las administraciones municipales de Jorge Lozano, Victoria Labastida, Mario García, Ricardo Gallardo Juárez y Xavier Nava Palacios, no contemplaron nunca en su ley de ingresos el pago de derechos por la concesión otorgada.
En la reunión de mañana miércoles, la circular vecinal destaca la presencia de Ricardo Garza Blanc, ingeniero encargado de diseñar Aguas del Poniente, diseñador y fundador del Interapas, ex Titular de la CEA, negociador con Aquos del Realito, y artífice de las concesiones de agua que tienen los grandes fraccionamientos privados en la ciudad capital.
Ante la contingencia y crisis de agua de éste 2023, generada por las constantes fallas en el acueducto como las grietas de la presa El Realito, así como la falta de recursos y cartera vencida por concesionarios como Aguas del Poniente, grandes corporaciones y la zona industrial, retirar la concesión a Carlos López Medina en diciembre de éste año ha sido anunciado como algo muy probable, así como a nivel federal y estatal retirar el contrato de suministro de agua a Aqualia, encargada del acueducto que ha fallado en 64 ocasiones, 11 de ellas en este año.
También lee: Aquos-Aqualia, la empresa que ha dejado sin agua a SLP durante 11 años
Martes 18 de agosto de 2026
ALTA INTENSIDAD
Culto Público, hijos de Juan Ramiro trabajando o Ricardo distrayendo:
Este martes la conversación pública de la agenda mediática es un incoming al tablero del 27 y por eso comienzo con lo que yo preguntaría:
Si gana el partido Verde en San Luis en 2027 ¿La presidenta Sheinbaum lo vería como un triunfo de la 4T o una entidad perdida por Morena?
Si supieramos la respuesta, muchas cosas estarían claras desde ahora, en lugar de estar jugando a las incertidumbres con metástasis.
Ya le gustó a alguien usar columnas y trascendidos nacionales para sacudir el avispero potosino:
En julio se publicó un comentario respecto a que Juan Carlos Valladares es bien visto no solo en la cúpula morenista, sino en la cúpula presidencial (que es la que importa) y que es él el único que puede ser el factor para construir la alianza #17.
Se dice que ese mismo día, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, pidió cita para desayunar con Valladares. Reunión que el diputado federal ha pospuesto por razones evidentes. Ninguno de los datos se puede dar por un hecho porque no tengo confirmado -que conste-
Hoy nuevamente se manda un mensaje desde medios nacionales al 27 potosino: Alejandro Zermeño aparece medido: 21% en un escenario interno de Morena y 16.5% en un careo general.
El timming, el medio y el tono cuentan.
Está claro que ni los números del rector, ni las conjeturas sobre Juan Carlos significan candidatura; pero sí son movimientos que jalan reflectores y abonan a lo que dije en un principio: la incertidúmbre con metástasis.
En ambos casos hay que preguntarse
¿Es Juan Ramiro operando, la presidenta soltando buscapiés o RGC meciendo la cuna soltando nombres para que “jalen la marca y reflectores” y su proyecto siga *en “avance sin desgaste”?
Como muchas veces ocurre Código San Luis de María Luisa Paulín fue la que estuvo atenta a la columna de Heraldo de México. Aquí la rectoría no ha circulado la columna en absoluto.
Dato irrefutable:
Así diga Citlalli, opere Juan Ramiro o ejecute estrategia Ricardo, la última palabra es de una sola persona y se llama Claudia.
En otros temas de agenda, el dato de Pulso sobre las 9 mil 777 tomas clandestinas de agua detectadas; y apenas cinco denuncias al respecto está como para llorar en la regadera.
¿Cómo pueden estar detectadas pero no atendidas?
BARRIDO NACIONAL: Andy López Beltrán sigue dominando la conversación por la cancelación de su visa. Fuente: Reuters —
EN AGENDA: El Poder Judicial tiene como fecha límite el 1 de abril de 2027 para operar plenamente el nuevo sistema civil y familiar. Lo sabe desde 2023, pero parece que la única que no le apura es a la magistrada presidenta.
NOTAS MÁS REPETIDAS: Agua · Poder Judicial · Seguridad · 2027 · Salvita.
MAÑANERA: Sin impacto directo que cambie hoy el tablero potosino.
INDICADORES ÚTILES:
El Realito SÍ funciona.
El Gobernador anda estrenando lentes.
El Alcalde anda de muy buen talante.
Yo soy Jorge Saldaña.
Destacadas
La fiscal que en marzo prometió revisar el caso de la ladrona del Centro, en agosto dijo no saber nada
Comerciantes ya identificaron y ubicaron a la mujer; el primer denunciante dice haber recibido amenazas para retirar la denuncia
Por: Haniel Valdés Velázquez
Entrevistar a la Fiscal General del Estado es muy sencillo: siempre se sabe qué va a responder. Usa dos comodines: “voy a mandarlo a investigar”, cuando el tema es viral y no tiene información, o “no tengo información”, cuando no solo la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha hecho su trabajo, sino que su titular decide restarle valor al asunto.
Es lo que volvió a ocurrir con el caso de la mujer señalada de robar en comercios del Centro Histórico de la capital potosina.
El 13 de marzo de 2026, esta casa editorial documentó el caso por primera vez: comerciantes habían denunciado en redes sociales a una mujer que, aprovechando descuidos de los trabajadores, sustraía carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos. Consultada entonces, la fiscal María Manuela García Cázares respondió: “No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad.”
Cinco meses después, la pregunta volvió a plantearse de forma directa. Y la respuesta cambió de sentido: “¿Ha avanzado el caso de la señora que entraba al restaurante y se llevaba los tablets y computadoras?”, se le preguntó. “No, no, no tengo conocimiento de esos hechos”, respondió.
En marzo prometió revisar. En agosto dijo no saber nada.
Entre una declaración y otra no solo pasó el tiempo. El propietario de uno de los negocios afectados entregó a este medio videos donde se observa con claridad el rostro de la mujer, y varios comerciantes reconocieron en esas imágenes a la misma persona, que según señalan ha repetido el mismo modo de operar en otros comercios del Centro Histórico.
Comerciantes de la zona identificaron plenamente a la mujer y, en redes sociales, llegaron a difundir públicamente su domicilio. Ese mismo señalamiento derivó en un episodio más grave: el primer denunciante recibió una comunicación directa de la mujer en la que, según relató, lo amenazó para que retirara la denuncia y eliminara los videos publicados en redes sociales.
Sobre cuánto debería tardar una investigación de este tipo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no fija un plazo para la etapa inicial de investigación —la que corre antes de que exista una persona vinculada a proceso—: puede prolongarse, en los hechos, durante años. El plazo legal aparece después: una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la investigación complementaria debe cerrarse en un máximo de dos meses para delitos con pena no mayor a dos años, como el robo sin violencia. La ausencia de plazo en la primera etapa no exime a la Fiscalía de investigar; solo elimina el margen para justificar la inacción con un simple “no tengo información.”
También lee: Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía
El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
También lee: Zarazúa no admite atraso en implementación de nuevo sistema
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