Estado
Activistas acusan a Gobierno de meterse en elección de titular de la CEDH
El Congreso del Estado no pudo llegar a un acuerdo sobre quien debe ser la nueva ombusperson
Por: Karina González
Activistas de la organización Cambio por San Luis, el Observatorio Indígena Mesoamericano, las Asociaciones de Comunidades Indígenas de Tancanhuitz y Aquismón y las Comunidades Mazahua y Mixteca Baja ofrecieron una rueda de prensa en la que exigieron a las y los diputados locales “no aceptar imposiciones del Gobierno del Estado en la elección de la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)”.
En el posicionamiento público que leyeron en conjunto definieron: “Fue evidente que los diputados y diputadas no respetaron el dictamen que aceptaron y aprobaron, generando una votación reiterada y casi eterna, donde una fracción de diputados identificados con la obscena intromisión del ejecutivo estatal en las decisiones del H. Congreso, antepusieron su interés político y partidario al interés público de designar a un perfil idóneo a la exigencia ciudadana de contar con un ombudsperson que realmente trabaje como garante de los derechos humanos”.
Irma Rojas Domínguez, representante de Cambio por San Luis, exhortó a una elección limpia con las tres candidatas que se mantuvieron en las votaciones el día jueves en la sesión del Legislativo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, Celia García Valdivieso y Karina Rangel Castilla “que escojan a la mejor dentro de lo peor, la verdad, que sean congruentes y que no acepten las imposiciones por parte del Ejecutivo del estado”, enfatizó.
Incluso mencionaron que desde antes de la elección, grupos activistas enviaron un documento a los diputados para solicitar un proceso limpio, en el que se garantizará la elección del mejor perfil y donde incluso se le advierte al Legislativo que existe gente que pese a estar preparada académicamente, tienen nexos con el Gobierno Estatal. Sin embargo, dijeron, solo 12 diputados los recibieron.
Por otra parte, Vicente Domingo de la comunidad Mazahua señaló que desde que se abrió la convocatoria para la titularidad a CEDH, hubo una imposición del Gobierno de Juan Manuel Carreras, “para vulnerar los derechos y violentar los derechos humanos, quiere decidir a dedazo otra vez” refutó “lo que queremos es que realmente Carreras saque las manos de este proceso, para que realmente sea un presidente que vele por los derechos humanos”, prosiguió.
Cabe recordar que la votación para elegir al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue suspendida el día de ayer, ya que después de 7 horas, no se pudo llegar a ninguna decisión, por lo que la Directiva determinó tomar un receso y concluir el proceso el próximo lunes 29 de marzo, toda vez que el nuevo titular debe entrar en funciones el jueves 1 de abril.
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La iniciativa contempla destitución e inhabilitación de tres a diez años
Por: Redacción
El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para reformar el artículo 316 del Código Penal del Estado, con la que busca incrementar las sanciones para los servidores públicos que intervengan en delitos de corrupción.
La propuesta plantea que, cuando en la comisión de un delito de los previstos en los capítulos I a III del título correspondiente participe un servidor público en ejercicio de sus funciones o aprovechándose de su cargo —ya sea por acción u omisión—, la pena de prisión prevista se incremente en una mitad. Además, contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de tres a diez años.
Lara Rocha señaló que la reforma no es solo una modificación técnica, sino que busca enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la corrupción y el uso indebido de las instituciones públicas. Explicó que precisar la responsabilidad de los servidores públicos que faciliten o coadyuven en un delito, incluso por omisión, daría a los juzgadores mayores herramientas para sancionar y proteger la función pública.
El legislador dijo que la propuesta busca atender espacios de impunidad derivados de la participación pasiva o indirecta de servidores públicos, y citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece obligaciones a los Estados en materia de prevención, incluidas medidas legislativas sobre abuso de funciones y uso indebido de influencias. La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.
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Los usuarios podrán viajar gratis entre la capital y Tamazunchale con transbordos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la puesta en marcha, a partir de septiembre, de nuevas líneas de MetroRed que ampliarán la red de transporte público hacia la Huasteca y la Zona Media. Entre ellas, una tercera línea en Ciudad Valles que recorrerá todas las colonias de la ciudad, la ruta Río Verde–Ciudad Fernández en la zona media, y una nueva línea en Soledad de Graciano Sánchez que irá de Palma de la Cruz al aeropuerto, pasando por las colonias cafeteras, hasta la Alameda
El gobernador presentó además una ruta que conectará Ciudad Valles con Río Verde, enlazada con la línea Río Verde–San Isidro, lo que permitirá a los usuarios trasladarse de manera gratuita entre la capital y Tamazunchale mediante transbordos entre las distintas líneas. Según Gallardo, el esquema conecta a más de 35 municipios
Como parte de la misma obra, se prevé una intervención en el cauce fluvial de Ciudad Valles —que el gobernador describió como “tren central”— para desviar las aguas pluviales y dejar que el río corra únicamente con agua de lluvia, en lo que calificó como una obra adicional de comunicación para las comunidades de la zona.
Las nuevas unidades, ya con formato de autobús, se integrarán de manera gradual: un primer grupo se entregará en los próximos días.
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Jaime Chalita consideró necesario combatir la evasión, la facturación falsa y el “huachicol fiscal”, pero advirtió que fiscalizar no sustituye el crecimiento económico
Por: Redacción
La necesidad de México de elevar sus ingresos públicos, reducir el déficit y contener el endeudamiento podría traducirse en una mayor presión fiscal sobre las empresas en 2027, justo cuando el país necesita fortalecer la inversión y recuperar la confianza para crecer, advirtió Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), Capítulo San Luis Potosí. Para 2026, Hacienda estima un déficit amplio de 4.1% del PIB y una deuda equivalente a 54.7% del PIB, cifras que anticipan un margen más estrecho para las finanzas públicas.
Chalita Zarur consideró indispensable combatir la evasión, la facturación falsa y el “huachicol fiscal”, pero advirtió que el reto de las finanzas públicas va más allá de intensificar la vigilancia sobre los contribuyentes. “Fiscalizar puede elevar los ingresos en el corto plazo; no sustituye inversión, formalidad ni crecimiento. Si habrá mayor rigor para recaudar, debe existir el mismo rigor para revisar cómo se ejerce el gasto público y para ampliar la base de contribuyentes”.
El presidente del CEM señaló que la certidumbre jurídica es otro componente central del panorama económico. Banco de México mantiene la inseguridad, la falta de Estado de Derecho y la corrupción entre los factores que obstaculizan la actividad económica. “La certidumbre jurídica es la variable principal que evalúa el capital privado.
Frente a este escenario, Chalita Zarur cuestionó que la urgencia por posicionar aspirantes rumbo a 2027 comience a imponerse sobre una agenda que debería estar concentrada en inversión, seguridad, crecimiento y finanzas públicas, mediante campañas adelantadas, espectaculares “informativos” y promoción anticipada de figuras políticas. Advirtió además sobre el uso de tiempo y recursos públicos en esta dinámica. “El dinero público es de todos, no de ningún gobierno. Y mientras esto ocurre, ¿la autoridad electoral? Ausente. ¿Por interés, por miedo, por cooperar y con quién?”, cuestionó, al advertir que sin certeza jurídica tampoco hay confianza para invertir.
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