Jacquelinn Jáuregui dijo que se verificará el mantenimiento de las unidades que dicen tener un año más

Por: Redacción

Los camiones urbanos de San Luis Potosí pasarán el próximo mes por una revisión para comprobar si siguen en condiciones de dar servicio, informó Jacquelinn Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado. Explicó que cada unidad tiene una fecha distinta en que vence su vida útil, es decir, el tiempo máximo que la ley le permite circular.

La diputada dijo que hay unidades “medio maltratadas” a las que, según sus concesionarios, todavía les queda un año. Por eso, explicó, se revisará qué mantenimiento les han dado. No hay nuevas condiciones: “El reglamento sigue vigente”, dijo, y los concesionarios solo tendrán que comprobar dónde han dado servicio a sus camiones.

¿Quién paga la renovación?

Sobre si los concesionarios tienen dinero para comprar camiones nuevos, Jáuregui Mendoza respondió que no se ha tocado ese tema con la comisión y que lo lleva directamente Araceli Martínez Torres, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Reconoció que el tema es delicado porque hay familias que viven de esas unidades. “Ahí yo creo que tendrían que darles un tipo de apoyo para que ellos puedan adquirir una nueva unidad”, dijo. Agregó que la comisión está abierta a recibir a quien quiera acercarse y que la titular de la SCT también atiende a la ciudadanía.

El padrón más reciente de la SCT registra mil 203 camiones urbanos en la zona metropolitana, operados por 217 concesionarios. Desde el inicio de la administración, la dependencia ha insistido en que se renueven las unidades con más de 10 años de antigüedad. En mayo, el representante transportista Margarito Terán reconoció que de las mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800 por el aumento en el costo del diésel.

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En 2025, solo Soledad y la capital tenían su atlas completo

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó un exhorto, propuesto por la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, para que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) trabaje con los 59 municipios en la actualización de sus atlas de riesgos ante la temporada de lluvias. Un exhorto es una petición formal del Congreso a otra autoridad: no la obliga, pero le pide que actúe.

El exhorto también pide a la CEPC revisar el Programa Estatal de Protección Civil, en especial lo que tiene que ver con la prevención de desastres por lluvias, y actualizar los planes de contingencia para esta temporada.

Martínez Vázquez explicó que un atlas de riesgos actualizado permite a las autoridades y a la población saber con precisión qué zonas pueden sufrir inundaciones, deslaves y desbordamientos. Con eso se pueden hacer evacuaciones a tiempo, planear mejor el crecimiento de las ciudades y proteger el patrimonio de las familias. “La prevención salva vidas; con instrumentos actualizados cuidamos a nuestras niñas y niños, a nuestros adultos mayores y a las familias que año con año sufren por las lluvias”, dijo.

¿Cuántos municipios tienen su atlas?

En noviembre de 2025, Mauricio Ordaz Flores, entonces titular de la CEPC, informó que solo Soledad y la capital cumplían al 100 por ciento con su atlas de riesgos. En agosto de este año, la actual coordinadora, Nadia Ochoa Limón, no dio una cifra de cuántos municipios lo tienen actualizado; dijo que se daría a conocer más adelante. El 26 de septiembre, la CEPC informó que el Atlas Estatal de Riesgos ya tiene 150 capas de información de consulta pública e incluye por primera vez a Villa de Pozos.

El exhorto llega después de las lluvias de la semana pasada, que llevaron al alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, a activar la emergencia en la ciudad por una lluvia de 50 milímetros. Este lunes, ante la llegada del Frente Frío número 1, la CEPC pidió a los municipios tener listos sus albergues.

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La propuesta establece que los ayuntamientos destinen al menos 15% de su hacienda a infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento

Por: Redacción

El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para garantizar recursos para la infraestructura hidráulica en los municipios.

La propuesta establece que los ayuntamientos deberán destinar anualmente cuando menos 15 por ciento de su hacienda a la construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, y tratamiento y disposición de aguas residuales.

El legislador señaló que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y que uno de los reclamos de la ciudadanía en todo el estado es la falta de infraestructura adecuada, las redes obsoletas y la falta de tratamiento de aguas.

Explicó que, al elevarlo a rango constitucional, se asegura la inversión y se obliga a las administraciones municipales a priorizar un servicio básico, para evitar que los recursos se destinen a otros rubros.

«Sin agua no hay desarrollo, no hay salud ni bienestar; esta reforma busca que cada municipio, sin importar su tamaño, invierta de manera obligatoria y transparente en el agua potable en sus casas, el drenaje y el tratamiento de aguas», afirmó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Agua para su análisis y dictamen.

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