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“Odiosas comparaciones” | Apuntes de viernes de Jorge Saldaña
APUNTES
Las comparaciones siempre son odiosas, y si no me creen pregúntenle al alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, que a la voz de “aunque tu no quieras”, el juez lo mandó llamar para comparar su voz con los audios que lo involucran con el crimen organizado, el tráfico de personas y otras “presuntas” (que conste el acotamiento) linduras.
Por si fuera poco, por si le faltara llovizna a su lluvia, más duro en lo tupido o más queso en su ratonera de la que ahora ya quiere salir, también podría estar involucrado en el asunto que por separado están litigando tres de sus funcionarios que están acusados y encerrados por despojar con violencia a un particular algunos locales comerciales en Matehuala.
¿Hay más de fondo? Yo diría –sin saber porque no lo sé- que hay muchos más antecedentes y que desde un nivel distinto al estatal y municipal (para no ser demasiado obvio) el alcalde fue descubierto y señalado. De esas cosas simplemente no hay salida, y así como ahora, más que otra cosa, busca culpables o endilgar culpas y hasta escurrir el bulto, pues no se ve como por dónde pueda terminar su administración.
La narrativa de “víctima” es de una talla que no le acomoda al alcalde, sobre todo ahora que ya la autoridad va a determinar si efectivamente su voz es la misma que prácticamente pacta y deja pasar sin broncas actos ilegales en esférico.
Con una prueba así pues ya ni cómo hacerse la víctima, o aplicar el “fue te té”. Sería como no ver al lobo que está disfrazado de la pijama de la abuelita, digo, nada más caperuza fue tan inocente, los potosinos y los matehualenses, pues no.
A estas alturas ya hay que ir revisando al cuerpo edilicio de Matehuala (excepto los síndicos claro está, porque también están detenidos) para hacer la quiniela respecto de quién se quedará al frente del Ayuntamiento tras la licencia que podrá poner en libertad próximamente Estrada Guzmán, o de plano se solicita por sus ausencias de tiempo indefinido.
Hablando de municipios y del futuro, en la bolsa de valores de los intereses públicos el tema de la delegación en ocaso, Villa de Pozos, está subiendo de valor más rápido que los intereses que ofrecía Gabo Salazar (¿alguien se acuerda de él? Dicen que ahora es mejor amigo del doctor Lutzow). Y los que crean que podrán sacar tajada o llevar agua a su molino con el tema, les va a pasar lo mismo que los que creyeron en el Rey del Emprendimiento.
Para empezar, el Ceepac tuvo que moderarse en los costos que implican llevar a cabo el ejercicio, al principio se solicitaron poco más de 30 millones que quedaron en 20, y ¿por qué no? los funcionarios y consejeros querían cobrar un sueldo más como compensación por llevar a cabo la consulta.
No dudemos un segundo que la consulta se va a ejecutar, y hoy mismo en sesión del Consejo se afinarán los últimos detalles. Sin embargo, se ha soltado una pregunta con alto nivel de veneno a la palestra: ¿Cuánta gente debe de participar en la consulta para que sea “vinculante”? Es decir, para que sea válido el ejercicio.
La ley de Referéndum y Plebiscito, hay que aceptarlo, es ambigua en ese sentido y en los espacios siempre cabrán las especulaciones y los que ven oportunidades.
Efectivamente, el plebiscito fue solicitado por el Congreso del Estado, pero a solicitud de la ciudadanía, por lo tanto –dice la norma- la consulta podrá ser vinculante si participan dos terceras partes de la votación valida emitida ¿en dónde? ¿en Pozos? ¿en todo San Luis Potosí?
Ya los magistrados y especialistas electorales han dicho a este aprendiz de reportero que no hay mucho que pensar al respecto y que solamente los ciudadanos con credencial de elector vigente con domicilio en la delegación podrán votar pero… aceptemos que en este SLP, ya debe haber más de un apuntado en estar redactando impugnaciones ¿apostamos?.
El próximo martes 1 de agosto, se cumple el plazo a nivel nacional para que los más de 500 mil sindicatos (así como lo leyó) que existen en el país, tengan una “constancia de representatividad”.
El asunto lo impulsó la propia Luisa María Alcalde cuando despachaba desde la Secretaría del Trabajo federal, sin embargo todo indica que la labor será imposible. En mayo, cuando se pidió una prorroga, apenas se contaba a poco más de 7 mil que lo habían logrado.
¿Esto que tiene que ver con San Luis? Pues muchísimo, tal como se esperan los escenarios, a partir del martes en las empresas potosinas el “manoteo” por los contratos colectivos será una fiesta de negros, y es que si bien los obreros (y que conste el hincapié) no perderán ningún derecho ni quedarán fuera de un contrato, sus representantes sí estarán fuera de la jugada y tendrán que intercambiarse con las centrales obreras o sindicatos que sí cuenten con la acreditación o constancia que otorga la Secretaría del Trabajo.
Ignorar el asunto podría escalar incluso en que las empresas incumplan con lineamientos estipulados en el T-MEC.
Por cierto, me informan que detrás de una de estas Ligas de Sindicatos, en específico la Obrera Mexicana, está un prestigiado abogado potosino que es muy versátil y atinado en sus asuntos. Estoy por confirmarlo.
En otros temas que sí tengo confirmados, faltan pocos días y quizás solo horas para que se de a conocer el nombre de la nueva titular de la Secretaría de Cultura en el estado. En lugar de soltar su nombre, le deseamos desde ahora tome riendas y goce de todas las luces para poner en orden y rumbo a este rubro fundamental para el desarrollo social de nuestro estado.
Me retiro porque voy tarde a tatuar el humo de no irme. Hasta la próxima.
Jorge Saldaña
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Acento Ajeno
Las murallas de Chapultepec | Columna de Haniel Valdés
Acento ajeno
Por: Haniel Valdés Velázquez
La ciudad de las piscinas a desnivel, los puentes verdes y las licencias gratuitas, tiene un nuevo debate público, que lo mismo puede parecer ataque político vestido de periodismo ciudadano.
Resulta que a muchos cochistas les molestan los nuevos topes de la Avenida Chapultepec, porque autos volaron sobre ellos en su primera noche. Los quejosos voladores aducen a través de reportes, que aún los topes no estaba bien señalados; lo cierto es que quien va a la velocidad permitida, no sale volando.
Por primera vez una obra vial a nivel de la calle ocupa portadas y titulares en los medios, porque para los ingenieros viales o expertos de turno la solución siempre es que el peatón suba y baje 200 escalones de horribles estructuras de hierro o que los autos sigan a 100 km/h sobre un puente o paso a desnivel.
No soy un experto en ingeniería urbana, por lo que no pretendo entrar en detalles técnicos de si está bien o mal hecho, por eso me centro en los debates que quieren forzar las páginas de Facebook que se llaman medios de prensa.
Pocas veces he visto medios cuestionar la constante construcción de estructura cochista que lejos de mejorar la movilidad, como dicen los boletines oficiales, tienden solamente a favorecer la velocidad.
¿Quién se acuerda de los peatones? ¿Quién piensa en el que quiere cruzar la calle sin tener que subirse a un gigante de hierro de más de 6 metros de altura? Antes de que lo invada un pensamiento clasista, whitexican o retrógrado y termine llamando “pobre” al que camina, tómese los 30 minutos que tarda en cada semáforo para respirar y léame con la mente un poco menos cerrada.
Las primeras quejas llegaron porque no había señalética para avisarle a los conductores que había una barda en medio de la calle, pero la mayoría de los que piden la señal con el aviso son los mismos que, a propósito, no ven las que sí están, esas que indican un máximo en la velocidad, o ser cortés con los peatones que intentan cruzar.
Señales faltan más, como una que indique para qué o quién es el carril central de Chapultepec, que en realidad nadie lo sabe a ciencia cierta, otras en toda la ciudad, las que avisen que la ciclovía no es para que se estacionen autos de los negocios de Carranza o Himno Nacional.
La Avenida Chapultepec tiene varias señales que indican que el límite de velocidad es de 50 km/h, algunas casi borradas -ahí te encargo, Ayuntamiento- pero en los videos que circularon de autos voladores, en ninguno de los casos, la velocidad del vehículo estaba por debajo del límite permitido .
Sí hubo un fallo grande por parte de las autoridades viales municipales que no anunciaron a tiempo el tope y no colocaron la señal hasta que ya estaba listo el muro de los tormentos.
Sigue existiendo tardanza por parte de estas mismas autoridades para repintar o rescatar las señales que no solo ahí, sino en toda la ciudad, están mal pintadas, opacas, mal colocadas o tapadas por árboles.
Los medios que compartieron videos, que criticaron al gobierno municipal, que incitaron al odio de conductores hacia peatones (como si eso no fuera pan de cada día), ¿por qué no acompañaron sus post con un “circule con cuidado”, “cumpla con lo establecido”, “respete al peatón”?
A mis colegas de los medios: falta para el 2027, no empecemos desde ya a querer caerle mejor al que todavía no saben si va a seguir en el poder, hagamos periodismo útil, no crítica en busca de likes.
Conductores: respeten al peatón. Peatones: no usen el móvil mientras cruzan las calles, ni intenten ganarle al semáforo. Ciclistas: hay solo 3 ciclovías, pero usémoslas correctamente.
Autoridades: hagan su trabajo, pero háganlo bien, y no descuiden lo que hicieron antes por centrarse solo en obras nuevas.
Gobierno estatal: la obra municipal es para que las personas se sientan más seguras entrando a un parque bajo su cuidado, para evitar accidentes en una calle, de una ciudad que también es parte del estado.
Gobierno municipal: no se apresuren por hacer cosas solo de cara a la contienda electoral, échenle ganas y háganlas bien, respeten los tiempos, informen oportunamente a los usuarios de las vialidades.
Ya aprovechando, revisen las señales de tránsito de la zona, que necesitan mantenimiento, y luego dense una vuelta por la ciudad: hay banquetas que son estacionamientos, hay ciclovías intransitables, hay peatones en riesgo porque los conductores no siguen el reglamento.
En pocas palabras, bajemos todos la velocidad… en todo, hay topes.
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SEGE da por concluido el caso Universidad Potosina, pero Fiscalía sigue
La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
.El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
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341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina
En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno
Por: Carlos Ruíz
La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.
Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.
El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.
La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5 y 27 a uno. En el sur: Aquismón, Matlapa, Coxcatlán, la relación se invierte: el presupuesto federal supera a las remesas. Aquismón, con el mayor FISM de la Huasteca (212 millones de pesos), recibe 93 millones en remesas.
El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.
El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.
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