“También se obliga a que la persona empleadora, tenga la obligación de dar aviso si la persona deudora alimentaria ha dejado de trabajar”

Por: Redacción

Las y los diputados integrantes de la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad el dictamen que propone reformas al Código Familiar del Estado, que establece la obligación del deudor alimentario de dar aviso de su nuevo empleo e ingreso, siendo acreedor a medios de apremio en caso de no dar aviso al juez.

 

La presidenta de la Comisión, diputada Jessica Gabriela López Torres informó que el objetivo es que el juez tenga los elementos para tomar una decisión respecto de qué va a suceder en tanto este deudor pueda seguir con su pago de alimentos, el cual tiene obligación.

 

“De esta form a también se obliga a que la persona empleadora, -ya no se utiliza el término patrón-, tenga la obligación también de dar aviso si esta persona deudora alimentaria ha dejado de trabajar en esta empresa y de esta forma, estamos dando una mayor certeza y garantía para salvaguardar el principio que todos buscamos que es el interés superior del menor de recibir alimentos”.

 

Explicó que “en nuestra sociedad debemos tener muy claro que la obligación de los alimentos es un derecho para las infancias potosinas, de esta forma damos un avance respecto de este tema y esta problemática tan sufrida, y se garantiza el pago de alimentos a los menores”.

 

Advierte sobre riesgos como la suplantación de voz; rechaza una posible “ley antimemes” por considerarla sin sentido

Por: Redacción

La diputada local Nancy García Martínez expresó la necesidad de establecer una regulación sobre el uso de contenidos generados por inteligencia artificial (IA), debido a que en algunos casos esta tecnología ha sido utilizada con fines maliciosos.

“A veces hasta nos asustamos de que se pueda duplicar nuestra propia voz dando declaraciones que no dimos, porque ha pasado. En esa parte yo creo que sí se tiene que regular y hacer uso de la tec nología con eficiencia”, señaló la legisladora.

Agregó que, desde su perspectiva, la tecnología debe utilizarse como una herramienta para generar eficiencia, facilitar el trabajo y mejorar la organización, no para desinformar o manipular

.

En cuanto a la polémica surgida por la propuesta conocida como “ley antimemes”, Nancy García consideró que el uso de stickers, memes o imágenes es una forma de comunicación válida, y que no tendría sentido legislar en contra de ello.

“Yo creo que hay otras cosas en las que sí (se debe legislar), como lo que ya mencioné, una regulación de la IA, en aspectos que sí pueden resultar delicados. Una imagen o un meme no le veo relevancia”, puntualizó.

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Aunque aún no se presenta formalmente en el Congreso, legisladoras ven con buenos ojos la reforma electoral estatal

Por: Redacción

Las diputadas locales de San Luis Potosí Sara Rocha, Nancy Jeanine García, Diana Ruelas Gaitán y Mireya Vancini Villanueva (quienes conforman la mesa directiva del Congreso Local) dieron a conocer su respaldo a la reforma electoral impulsada por el Gobierno del Estado, la cual busca abrir mayores facilidades para que una mujer pueda encabezar el Poder Ejecutivo estatal en 2027.

En su posicionamiento, Sara Rocha afirmó que “es tiempo de que las mujeres estén al frente del poder ejecutivo”, aunque ac laró que hasta el momento no se ha presentado formalmente dicha reforma ante el Congreso local

, ni tampoco se ha registrado alguna iniciativa por parte de las y los legisladores.

Por su parte, la diputada Nancy García Martínez

señaló que se trata de una propuesta que se analizaría durante 2026, y agregó: “Yo creo que sí es necesario hacer algunos ajustes. No podríamos puntualizar exactamente y no me quiero adelantar erróneamente, pero seguramente en lo que resta del año y en 2026, cuando baje esta iniciativa, nos tocará analizarla”.

Asimismo, recalcó que hay al menos 14 puntos que tendrían que analizarse en caso de que la reforma implique una modificación interna al marco estatal, ya que esta deberá empatar con lo que se establezca a nivel federal en materia electoral.

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