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Personas jóvenes en SLP no pueden comprar viviendas
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios reconoció que las políticas crediticias de los bancos hacen casi imposibles que los menores de 30 accedan a un patrimonio
Por: Bernardo Vera
Carlos Torres Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en San Luis Potosí, aseguró que para las personas menores de 30 años en el estado tienen muy complicado acceder a la compra de una propiedad, debido a factores como su incorporación por primera vez al mundo laboral y los requisitos que ponen las instituciones bancarias para otorgar estos créditos; lo que se suma al encarecimiento del costo de las viviendas para compra o renta fija en San Luis Potosí, que es una de las ciudades más caras en el Bajío.
“La mayoría de las instituciones de crédito tienen por política interna el derecho a otorgar un crédito hipotecario a las personas de mínimo 25 años, pero hay ocasiones en que los joven de 25 años no tiene capacidad de crédito debido a los ingresos que perciben, porque no tienen un historia crediticio o porque recién comienzan a laborar”.
El presidente de la AMPI en San Luis Potosí dijo que cerca del 60 por ciento de personas en un rango de edad entre 30 a 40 años cuentan con vivienda propia (sin citar la fuente de esa estadística) y añadió que la mayoría de las personas de este rango pueden adquirir departamentos en la zona metropolitana, o casa en la zona conurbada –Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos– así como en Villa de Reyes, cuyo valor ronda entre el millón y medio de pesos y los tres millones en cualquiera de las dos opciones.
Torres Flores mencionó que se pueden promover una serie de acciones entre las y los jóvenes para que adquieran su patrimonio y beneficiar el sector inmobiliario, 
“El gobierno podría apoyar por medio de Infonavit para que fuera más fácil llegar a sumar puntos. Por otro lado, apoyar desde las instituciones bancarias, porque un joven de 25 años apenas pudiera empezar a tener algún historial crediticio; puedes sacar una tarjeta de crédito o un crédito automotriz, que es lo más fácil para empezar a hacer tu historial. Y la educación financiera para los jóvenes, desde la escuela. Sería importantísimo meterlo para que cuando ya seas mayor de edad, puedas sacar una tarjeta de crédito y que esa tarjeta de crédito te vaya empezando a tener ese historial crediticio”.
Carlos Torres compartió que desde la asociación que preside se realizan acciones para promover la vivienda, y que las personas interesadas sean asesoradas en cuanto a las opciones de vivienda que pueden adquirir de acuerdo a sus capacidades económicas e intereses.
“Tenemos rangos de vivienda para personas que buscan propiedades a la venta desde 300 o 500 mil pesos, pero hasta de 8, 10 y 12 millones de pesos. Lo que hacemos en AMPI es acercar al cliente y de acuerdo a su necesidad, guiarlos y asesorarlos, y darle un abanico de opciones”, mencionó.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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