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Sefin analizará contrato de gobierno estatal con Banorte
La dependencia especificó que el desacuerdo existente involucra exclusivamente al área fiduciaria
Por: Redacción
Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó que la Consejería Jurídica llevará a cabo un estudio minucioso del contrato que actualmente sostienen con la fiduciaria del Grupo Financiero Banorte, debido al incorrecto ejercicio de sus funciones respecto del manejo del recurso de la administración estatal que se suscitó recientemente, con el fideicomiso del Proyecto del Sistema de Tratamiento de Agua Tenorio.
El funcionario estatal refirió que se analizará la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ya que la actuación de esta área de la institución bancaria, afecta las finanzas de la administración estatal, y por ende todo lo que conlleva, como participaciones municipales, pagos a proveedores, compromisos de pago, entre otras acciones.
La administración estatal sostuvo diversos servicios contratados con Banorte, como manejos de cuentas productivas, cuentas de inversión, cuentas productivas, cuentas de crédito y en especial ese contrato de fideicomiso de administración de participaciones. Sin embargo, explicó el titular de la Sefin, que el desacuerdo es exclusivamente con el área fiduciaria.
González Martínez precisó que la administración estatal tiene contratado un servicio de fideicomiso de administración y garantías de pago, con la fiduciaria de Banorte, en donde las aportaciones y participaciones federales llegan primero a ese fideicomiso; y se encargan de pagar las diferentes solicitudes de pago de los acreedores, mientras que los remanentes son entregados a la Sefin 
El secretario de Finanzas dijo que la fiduciaria cometió tres errores, no informar a la administración estatal de dicha retención, retener el recurso antes de la fecha de vencimiento y hacer sus provisiones de manera incorrecta. Por ello, la administración estatal hizo un reclamo ante la institución bancaria, lo que derivó en la devolución del recurso, y retuvo únicamente lo que obliga la ley y bajo las condiciones del contrato de fideicomiso.
Por último, Salvador González dijo que la acción que realice Gobierno del Estado, ante esta situación con Banorte será apegada a la ley y revisarán la posibilidad de tener una fiduciaria que garantice un buen servicio y buscar las mejores condiciones para que la Secretaría de Finanzas realice las funciones en tiempo y forma y por ende no perjudicar a municipios, a proveedores, entre otros.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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