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Periodico Reforma exhibió carencias de la secretaria de Cultura de SLP
El medio de circulación nacional criticó que Elizabeth Torres no tenga ningún vínculo con la comunidad artística ni preparación para la gestión cultural
Por: Redacción
El periódico Reforma publicó el reportaje titulado “Restauranteros o contadores dirigen la cultura en estados”, en el que cuestionó que varios titulares de las secretarías de cultura estatales en México tienen poca o nula experiencia en la materia con su texto titulado; entre estos destaca a Elizabeth Torres, secretaria de en San Luis Potosí, sobre quien el medio destaca que no tienen formación profesional en la gestión cultural, pues estudió administración, tampoco tiene vínculos con la comunidad artística y nunca se ha desempeñado laboralmente en actividades relacionadas, ya que en su currículum solo está el haber sido administradora de Canal 7 durante varios años.
El reportaje destacó que también hay restauranteros como Julieta Goldzweig en Morelos; estudiantes de derecho como Rebeca Enríquez, en Chihuahua; o contadores como Martha Elizabeth Torres, en San Luis Potosí, y Brenda Denisse de la Cruz, en Tamaulipas que no cumplen con el perfil para encabezar dichas dependencias, pese a que el país cuenta con una gran cantidad de especialistas en cultura.
En una revisión hecha por el diario de los 32 estados, existe un desequilibrio notorio entre los perfiles seleccionados por cada administración estatal para afrontar el reto en beneficio de la cultura, pues “mientras que algunas entidades han apostado por funcionarios con trayectorias y estudios sólidos en el ámbito de la gestión cultural, en otras persiste también el pago de favores políticos y simpatías al otorgar puestos a funcionarios con nula, o escasa, experiencia”.
Este texto menciona que estos perfiles no cumplen con los criterios básicos para su puesto: experiencia en la gestión cultural en el ámbito público o privado, estudios específicos sobre la cuestión cultural o formación académica en algún área relacionada con la cultura. Estas designaciones han causado indignación en las comunidades culturales de los estados.
En el caso de Elizabeth Torres, este medio ha expuesto que desde que fue designada al cargo de secretaria de Cultura de San Luis Potosí, ha tenido una serie de inconsistencias dentro de la dependencia que van desde el apoyo de rebozos piratas en Santa María del Río hasta sospechas de corrupción, además se apoya el texto de que no hay una cercanía previa con la comunidad artística o la promoción cultural, pues su perfil se limita a una trayectoria profesional de 27 años como administradora de Canal 7, una pequeña televisora local.
Aquí una lista de algunas de las inconsistencias de Elizabeth Torres al frente de la Secretaría de Cultura:
REBOZOS PIRATA
La Orquesta reportó en diciembre del 2021 que artesanos del rebozo en Santa María del Río detectaron que durante un bazar navideño, realizado en el Museo del Rebozo, se permitió la venta de artículos pirata, e incluso la secretaria fue fotografiada mientras portaba una de esas piezas apócrifas.
EL ABANDONO DE LA COMUNIDAD ARTÍSTICA
El 10 de febrero de 2022 integrantes de la compañía multidisciplinaria Creart3 se acercaron a este medio para informar que la Secretaría de Cultura les adeudaba, desde octubre de 2021, los servicios que prestaron durante el festival Xantolo en tu Ciudad. El grupo aseguró acercarse a la dependencia donde la respuesta era que la Secretaría de Finanzas (Sefin) no había autorizado su pago. El hecho fue resuelto luego de que el gobernador Gallardo fuera notificado del tema a través de sus redes sociales.
La Secult ha indicado que no puede apoyar a los talentos potosinos si estos no se acercan a la dependencia y realizan una solicitud, a pesar de que representen no solo al estado, sino al país, como es el caso de Valeria Gómez Pineda, una cantante potosina de ópera que a sus 12 años de edad se presentó en el Carnegie Hall en Nueva York, uno de los auditorios con mayor prestigio en el mundo, esto luego de obtener el segundo lugar del concurso “Golden Classical Music Awards”, en la categoría de canto de música clásica.
Valeria finalmente fue apoyada por el gobierno de Enrique Galindo ante la negativa de Elizabeth Torres.
MISOGINIA
Meses después se difundió que la Secult participaría en la promoción del certamen “Mexicana Universal”, llamó la atención del Instituto de las Mujeres del Estado (Imes), instancia que solicitó que no se realizara este evento, bajo el argumento de que estos certámenes violan la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al cosificar a las mujeres y promover estándares de belleza poco realistas. La solicitud de Marcela García, entonces titular del Imes, fue ignorada.
LA ESTAFA DE LA PROCESIÓN DEL SILENCIO
A través de este medio, se señaló que en abril de 2022 Antonio de Rabinal Gamboa, director de Fomento Artístico, dejó fuera a la asociación Tradiciones Potosinas del evento de la Procesión del Silencio, para él llevar la organización del evento, no obstante, la Secult negó reiteradamente haber gastado dinero no presupuestado en el evento. Este medio confirmó que el dinero por la renta de espacios fue depositado a la cuenta de un particular por parte de la boletera encargada de su distribución. Esto representa una malversación de recursos públicos y un probable enriquecimiento ilícito.
EL NEPOTISMO DE RABINAL
También se dio a conocer que el director de Fomento Artístico colocó en la nómina gubernamental a su hermano Raúl Rafael Miguel Gamboa López como director de Vinculación de la Secretaría con un sueldo de 34 mil pesos mensuales, según el tabulador gubernamental; a su hijo, Antonio de Rabinal Gamboa Urías, en la subdirección del Instituto Potosino de Bellas Artes, ganando poco más de 27 mil pesos mensuales; y a la novia de su hijo, Laura Mitre.
Además, fueron contratados amigos de Gamboa como: Alejandro Mendoza Villalón, que fue despedido del Centro de las Artes en el anterior gobierno por plagiar proyectos, venderlos y no terminarlos. Hoy Mendoza Villalón es el director del Ceart y tiene un sueldo de 40 mil pesos; a Jorge Valdivia, como director de planeación, con un sueldo de de 34 mil pesos; además de Lorena Azcona, allegada a Cecilia Padrón, ex titular del área de Cultura de Xavier Nava.
LA ADMINISTRADORA QUE NO ADMINISTRA
En octubre de este año, La Orquesta cuestionó a la secretaria sobre la inversión que se haría en el Festival Xantolo en tu Ciudad, lo que molestó a Elizabeth Torres que aseguró que era mentira que desconociera la información, no obstante, al volverle a preguntar, dijo no tener el dato.
EL ABANDONO DE MUSEOS
La Secretaría de Cultura se ha caracterizado por dejar en abandono a los museos en San Luis Potosí como el del Ferrocarril “Jesús García Corona”, pues los vagones del tren tienen pintura agrietada y manchas de óxido, además de estar deteriorados. En el patio trasero permanece la hojarasca, acumulación de bolsas de basura y la falta de pintura es notoria.
Otro de los museos abandonados fue el del Virreinato de San Luis Potosí que se encontraba cerrado al público desde el 15 de diciembre del 2021 y reanudó actividades en febrero de 2022, esto fue debido a que el cargo de directivo no estaba ocupado y aunque este espacio es uno de los más importantes, pues resguarda uno de los últimos conventos carmelitas del siglo XVIII del mundo.
LA CARTA
Para noviembre de 2022, 61 miembros de la comunidad potosina que se dedica al arte y la cultura solicitaron al gobernador Ricardo Gallardo, a través de una carta, destituir a Elizabeth Torres como titular de la Secretaría de Cultura (Secult), por “carecer de herramientas, habilidades y competencias para ejercer su cargo”.
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Alcalde de San Vicente Tancuayalab, presuntamente captado disparando al aire
Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
con 15 cartuchos, y presunto “halconeo”, es decir, vigilancia de los recorridos de los agentes estatales. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), uno de ellos estaba contratado formalmente y el otro no; ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Ciudad
Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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Costó a potosinos 66 mil pesos cada solicitud a la CEGAIP
El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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