Congreso del Estado
Secretario de Salud compareció ante el Congreso de San Luis Potosí
Daniel Acosta Díaz de León habló de temas como inversión para equipamiento de hospitales y seguimiento a las denuncias por desvíos de recursos
Por: Redacción
Daniel Acosta Díaz de León, titular de la Secretaría de Salud, al continuar con el ejercicio de comparecencias con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, presentó información relacionada con la atención brindada en el estado, a través de los centros y casas de salud; las acciones en de salud mental, y combate a adicciones; y en materia de sanciones ante responsabilidades de ex funcionarios de esta dependencia.
Díaz de León en lo relacionado a la atención médica informó que los servicios de salud cuentan con una Red de Atención en Salud, integrada por 494 casas de salud, 94 unidades médicas móviles, 184 unidades de primer nivel, 21 unidades de especialidad, 8 hospitales comunitarios, 4 hospitales generales, 2 hospitales de especialidad, y 1 hospital de alta especialidad.
El secretario de Salud precisó que en lo relacionado a las casas de salud en las distintas comunidades, se está haciendo un trabajo de reingeniería buscando que los profesionales de la salud vayan a atender los centros donde hace falta personal y no se queden en una sola institución. Destacó que en cuanto a personal, se cuenta con 480 médicos, 1,138 enfermeras, 187 parteras, 745 auxiliares de salud y 27 paramédicos.
Daniel Acosta mencionó que en relación a los hospitales, en los hospitales básicos comunitarios se ha logrado mejorar la atención, aunque aún tienen carencia de especialistas, lo que ha ocasionado la sobrecarga de los hospitales generales; respecto al abastecimiento de medicamentos, indicó que actualmente se ha logrado subir el abasto de medicamentos y material de curación hasta un 62 por ciento, lo cual aún resulta insuficiente, y la meta prevista es lograr cerrar con un 80 por ciento al finalizar el presente año.
En relación al Hospital Central, afirmó que se está realizando el equipamiento del mismo, y se tiene el compromiso de recibir recursos provenientes del INSABI para que al finalizar el año se pueda contar con el 80 por ciento del equipamiento del mismo.
El funcionario indicó que la Secretaría de Salud cuenta con un presupuesto de 4 mil 800 millones de pesos, y en el último año se invirtieron más de 100 millones de pesos para equipamiento en los hospitales; agregó que se cuenta con 70 ambulancias para traslados de urgencias básicas, ubicadas en 43 municipios de las cuatro regiones del estado; de éstas, el modelo más reciente es 2020, por lo cual se buscará en el próximo año modernizar la flotilla y señaló que debido a que la Cruz Roja enfrenta una crisis económica, se han aumentado los traslados por parte de la Secretaría de Salud en la zona metropolitana.
Acosta Díaz de León en cuanto a servicios de hemodiálisis, precisó que se brinda atención a 257 pacientes con 40 máquinas, instaladas en los municipios de Tamazunchale, Soledad, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, y el Hospital Central; sin embargo, resulta insuficiente se han presentado 43 amparos en un día, obligando al estado a dar el beneficio, y se aborda la necesidad de duplicar el número de máquinas, por lo cual es importante afianzar la prevención de enfermedades renales.
Acosta Díaz de León en cuanto a las vacunas manifestó que se cuenta con la cartilla de vacunación para menores de 6 años en un 90 por ciento, aunque existió un periodo de desabasto de vacunas de nivel federal, incluyendo la de la Hepatitis A, Viruela, y en el caso de la vacuna de tétanos existe un desabasto mundial por problemas de producción.
El titular de los servicios de Salud sobre la situación de COVID-19 informó que se logró contener la cuarta y quinta ola, mediante los esquemas de vacunación y la realización de pruebas masivas, mencionó que se espera una sexta ola para los meses de enero o febrero, por lo cual se mantendrán las acciones de prevención y de vacunas; en relación a las acciones de prevención de otras enfermedades como viruela del mono, y de prevención de vectores para contagios de dengue, entre otros, detalló que en este año, se otorgaron más de 1 millón 200 mil primeras y segundas dosis para personas de 18 años y más; 262 mil 405 en adolescentes de 12 a 17 años, y 111 639 en niñas y niños de 5 a 11 años de edad.
En lo relacionado a acciones para salud mental, indicó que se cuenta con 7 unidades abastecidas con psicólogo, trabajo social y personal de apoyo, que ha trabajado principalmente los temas referentes a prevención de suicidio, depresión, ansiedad, incrementando las adicciones a drogas, tabaco, y alcohol. Respecto a la revisión de los centros de rehabilitación, manifestó que deben contar con una licencia sanitaria por parte de la Secretaría de Salud participa por medio de la COEPRIS, Protección Civil municipal y el ayuntamientos, para contar con las 3 autorizaciones.
La legisladora Bernarda Reyes Hernández indicó que es necesario fortalecer las acciones de salud materna, y de apoyo a parteras; a lo que el funcionario indicó que en el último año se registraron 12 mujeres muertas, ocupando el lugar 24 a nivel nacional, lo que evidencia que es un problema que no se ha podido erradicar completamente, dijo que se cuenta con 7 parteras técnicas y 5 enfermeras especialistas perinatales, así como más de 100 parteras tradicionales en la zona huasteca, que se busca apoyen a prevenir problemas desde el embarazo hasta la atención al parto en las mujeres de la comunidad.
En el tema de cáncer cervicouterino, Díaz de León mencionó que en el 2022 se registraron 61 casos nuevos y 66 de cáncer de mama, afirmó se realizaron algunas acciones de digitalización y el Centro de Equidad y Género se comprometió a reemplazar material inservible. En cuanto a cáncer infantil, principalmente la leucemia, indicó que se han aplicado 41 mil 605 cédulas de detección, y durante el 2022 se han detectado 30 casos; existen 393 casos activos que se encuentran en tratamiento o seguimiento
Los diputados Rubén Guajardo Barrera, René Oyarvide, Juan Francisco Aguilar y Ulises Mendoza cuestionaron sobre la situación de ex titulares de la Secretaría de Salud que fueron denunciados por desvíos de recursos; el funcionario indicó que en el caso de la ex titular Mónica Rangel se denunció penalmente y se encontró un desvío por la compra de insumos para control de mosquitos de dengue en la zona huasteca, por lo que se logró un acuerdo reparatorio por un monto de 22 millones de pesos que ya ingresaron a las arcas de la Secretaría de Finanzas.
El otro ex funcionario sigue su proceso penal y se realizan las acciones de responsabilidad administrativa contra estos ex funcionarios, ya que se encontraron adeudos por laudos laborales, juicios civiles y mercantiles que se han perdido; destacó que en el Hospital Central se deben 114 millones de pesos de ISR en el 2020, y 26 millones de IMSS-INFONAVIT; expuso que de todas las situaciones, se dio cuenta a la Auditoría Superior del Estado quien sumó la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado para cumplimentar acciones de responsabilidad administrativa.
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Congreso del Estado
Congreso propone garantizar reparación a víctimas indirectas de femenicidio
La propuesta busca que las sentencias no solo castiguen al responsable, sino que también aseguren la reparación integral del daño, especialmente en favor de las hijas e hijos de las víctimas
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección de las víctimas indirectas de feminicidio, la diputada Dulcelina Sánchez De Lira presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, en concordancia con la Ley General de Víctimas y el Protocolo Spotlight.
La legisladora señaló que, la propuesta busca que las sentencias no solo castiguen al responsable, sino que también aseguren la reparación integral del daño, especialmente en favor de las hijas e hijos de las víctimas, mediante el acceso a educación, salud y sustento.
Además señaló que la iniciativa contempla reformas y adiciones a los artículos 135, 135 Bis y 135 Ter del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en los que se establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, además de precisar que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada de oficio, bajo el protocolo especializado en feminicidio.
Asimismo, se detallan las circunstancias que configuran razones de género, entre ellas la existencia de relaciones de parentesco, afecto, laborales, docentes o de confianza entre la víctima y el agresor
, así como la presencia de violencia sexual, lesiones degradantes, mutilaciones, uso de sustancias corrosivas o actos que generen sufrimiento.La legisladora Dulcelina Sánchez, indicó que esta propuesta además busca incorporar el concepto de feminicidio en grado de tentativa, cuando se realicen actos encaminados a privar de la vida a una mujer por razones de género, sin que el delito se consuma por causas ajenas a la voluntad del agresor.
En lo referente al artículo 135 Ter, se establece que en toda sentencia condenatoria por feminicidio, el juzgador deberá garantizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, incluyendo el pago de indemnización y gastos funerarios, acceso gratuito y permanente a servicios de salud mental y atención médica especializada, así como mecanismos que aseguren el sustento alimenticio y educativo de las hijas e hijos menores de edad o con discapacidad.
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Congreso del Estado
Congreso aprueba reforma enfocada a reducción de privilegios
Estas disposiciones surtirán efectos a partir del periodo administrativo municipal subsecuente en la entidad federativa que corresponda
Por: Redacción
En Sesión Ordinaria, el pleno del Congreso del Estado aprobó la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas porciones normativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de privilegios, enviada por la Cámara de Diputados.
En este dictamen, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, se reforma el artículo 115 la fracción I de la Constitución Federal, para establecer que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.
Se establece en los transitorios, que estas disposiciones surtirán efectos a partir del periodo administrativo municipal subsecuente en la entidad federativa que corresponda.
Los ahorros que se consideren con la reducción en el número de síndicos y regidores, se integrarán al patrimonio de la hacienda pública municipal.
Congreso del Estado
Sara Rocha propone transparencia salarial
En el actual mercado laboral de SLP la falta o incompleta información en las ofertas de empleo perpetúa la brecha salarial de género
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, que propone la transparencia salarial como forma de competitividad, obligando a la publicación de rangos de remuneración en ofertas de empleo para eliminar brechas de desigualdad.
En la exposición de motivos, establece que en el actual mercado laboral de San Luis Potosí, la falta o incompleta información en las ofertas de empleo perpetúa la brecha salarial de género, entendiéndose como el porcentaje resultante de dividir dos cantidades: la diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres, dividida entre el salario de los hombres.
En México solo el 45% de las mujeres en edad productiva trabajan, en comparación con el promedio de 78% de los hombres mexicanos, según datos de la OCDE que coinciden con la más reciente encuesta Nacional de Ocupación, dijo la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
La diputada Rocha Medina expuso que “la transparencia laboral no es solo una medida de equidad, sino una herramienta de competitividad. Al obligar la publicación de rangos salariales, se vuelven eficientes los procesos de reclutamiento, se reduce la rotación de personal y se fomenta una cultura de confianza corporativa que atrae talento calificado al Estado”.
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