Congreso del Estado
Congreso eliminará el uso de fuerzas públicas para escolta de funcionarios
La iniciativa de Edmundo Torrescano evitará que funcionarios públicos dispongan de elementos de alguna corporación de seguridad pública para escolta personal
Por: Redacción
Edmundo Torrescano Medina, diputado local en el congreso del Estado de San Luis Potosí, propuso reformar diversos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potos, con la que los servidores públicos no podrán disponer del servicio de miembros de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, en el ejercicio de sus funciones, para otorgar seguridad personal, salvo en los casos en que la normativa que regule su actividad lo contemple o por las circunstancias se considere necesario proveer de dicha seguridad, siempre que se encuentre debidamente justificada a juicio del titular de las propias corporaciones de seguridad y previo informe a los órganos internos de control respectivo.
El ejercicio de contratación indebida, tendrá responsabilidad el servidor público que intervenga o promueva, por sí o por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de intereses de negocios. Además, se indica que comete simulación de acto jurídico, el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a la ley.
La iniciativa indica que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones 
El legislador indicó en su exposición de motivos, que la corrupción, como problema social, es un fenómeno complejo que debe abordarse desde un enfoque multidimensional para mejorar la comprensión de sus alcances y efectos en nuestra sociedad.
“En ese tenor de ideas es necesario establecer ordenamientos jurídicos que prohíban la corrupción, que impidan la aparición de la problemática, al fomentar por un lado la cultura de la legalidad y honestidad, tanto para los particulares como para los servidores públicos, así como al reducir escenarios que puedan propiciar la aparición de la corrupción”, indica el legislador.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Gobernación y Justicia.
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Congreso del Estado
Integrantes de la comisión de movilidad, comunicaciones y transportes se reunieron con un grupo de taxistas
El poder legislativo mantiene las puertas abiertas con todos los sectores para escuchar sus planteamientos: Dip. Jacquelinn Jáuregui Mendoza
Por: Redacción
La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado sostuvo una reunión con representantes de una agrupación del gremio de taxistas, a fin de escuchar sus inquietudes y posicionamientos sobre las condiciones en que trabaja este sector, informó la presidenta diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza.
Señaló que el Congreso del Estrado abre las puertas y tiende los puentes a todos los sectores y esta vez no fue la excepción, por lo que escucharon a Luis Alberto Colorado Saavedra, Joel Ochoa Portillo y José Miguel Ceja Montaño.
La diputada señaló que los trabajadores aclararon su participación en diferentes manifestaciones y expusieron señalamientos falsos que se han hecho en su contra.
El diputado Luis Emilio Rosas dijo que los taxistas pidieron que se les apliquen cursos integrales, que las sanciones en su contra dejen de ser injustas y que haya piso parejo para todo el gremio
Otro de los temas expuestos es el relacionado al funcionamiento y registro del servicio a través de plataformas, cobros justos y un diálogo directo con las autoridades de Comunicaciones y Transportes, ya que hay muchos temas que se deben tratar cotidianamente para evitar confusiones y malos entendidos.
La diputada Jáuregui Mendoza expuso que se elaboró una lista de todas sus peticiones e inquietudes, que serán tratadas con la titular de la SCT para dar una respuesta puntual a los taxistas inconformes, quienes por su parte reconocieron la apertura al diálogo por parte de los representantes populares.
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Se establece una pena de 3 a 6 años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida de actualización
Por: Redacción
Con el fin de declarar la reparación integral en delitos contra la intimidad sexual, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 187.
La legisladora explicó que actualmente el artículo 187 del Código Penal del Estado, tipifica la difusión ilícita de imágenes íntimas, para quien, transmita, publique, o difunda imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual, que pueden o no contener texto, obtenidas con o sin el consentimiento de la víctima, sin autorización para su difusión.
Se establece una pena de tres a seis años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida de actualización. Con la iniciativa propuesta, se busca la reparación del daño, el cual comprenderá, además de lo previsto en las reglas generales, una indemnización compensatoria que tome en cuenta la persistencia del contenido en la red.
En su exposición de motivos, Sánchez de Lira menciona que esta iniciativa responde a la extensión del daño moral dentro de la esfera íntima de la víctima, reconociendo no solo su afectación en el ‘dolor emocional’, sino también el daño al proyecto de vida y la naturaleza técnica del delito.
De esta manera, se obliga a la SEDUVOP a transferir expedientes e información al INREVIS al avalarse una reforma técnica
Por: Redacción
La Comisión de Gobernación del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Ricardo Gallardo Cardona, para sustituir a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP) por el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS) como autoridad encargada de ejecutar el Decreto Legislativo No. 410 de 2005, para dar certeza jurídica a lotes de personas de escasos recursos en Matehuala.
De esta manera, se obliga a la SEDUVOP a transferir expedientes e información al INREVIS al avalarse una reforma técnica y de armonización normativa, que no modifica el contenido sustantivo del decreto original, pero corrige la autoridad competente para permitir la conclusión efectiva de los procesos y evitar vicios legales, informó el presidente de la Comisión, diputado Héctor Serrano Cortés.
Se mantienen intactos: la superficie, lotificación, registro y elementos técnicos del decreto original; se incorporan disposiciones para concluir trámites pendientes de regularización y escrituración; se atienden casos de sucesiones (beneficiarios fallecidos), transmisión de posesión y diversas situaciones no previstas.
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