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“Maltrato animal es síntoma para otras conductas criminales”: “Boris” Lozano
El ex diputado panista respaldó la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo para aumentar a 5 años de prisión la violencia contra los animales
Por: Ana G Silva
Hace una semana circuló en redes sociales un video en el que se muestra cómo un hombre arrolló y arrastró con su vehículo, aparentemente de forma intencional, a Negro, un perro comunitario de la colonia Villa Magna. Esto causó indignación entre la población, incluso Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, indicó que ante este hecho propondrá al Congreso del Estado aumentar la pena por maltrato de animales para que pueda castigarse hasta con 5 años de prisión.
En el estado existe una Ley de Protección de Animales, cuya última modificación fue hecha en el 2013 a propuesta del entonces diputado Alejandro “Boris” Lozano, en la cual se adicionó al Código Penal la sanción de cárcel. La Orquesta conversó con el ex panista para conocer su postura frente a la propuesta de Gallardo. Lozano aplaudió la virtual iniciativa, pues aseguró que los comportamientos violentos contra animales están relacionados con otro tipo de tendencias criminales.
El ex diputado señaló que le parece importante esta modificación, pues cuando presentó la iniciativa en 2013, la acompañó de un estudio donde señaló que más del 80 por ciento de violadores, asesinos y personas con antecedentes de maltrato intrafamiliar que se encontraba en reclusión, confirmaron que iniciaron sus comportamientos violentos con mascotas:
“Al relacionarlo cambia la perspectiva de aquellos que no consideran importante este tema, cuando propuse y se aprobó la modificación, había personas que se reían, pero en realidad es de suma relevancia”.
Actualmente, la Ley de Protección a los Animales de San Luis Potosí indica que si se comprueba que una persona ejerció maltrato contra un animal, la multa va de entre los 200 a los 600 días de salario mínimo, esto significa entre 34 mil 574 pesos y 103 mil 722.
“Le corresponde a los ayuntamientos aplicarla, pero va de la mano con el Código Penal, porque ya no queda únicamente en multa, se puede detener a la persona”.
El ex legislador destacó que cuando presentó la iniciativa no pudo lograr que se incrementara la pena, pues se consideraba que era algo “muy radical”, pero, considero que se pudo cambiar la perspectiva de la sociedad para que se entendiera la importancia del delito de maltrato animal en San Luis Potosí:
“Se tenía que aprobar porque en su momento hubo varios casos lamentablemente donde ya se tuvo que aplicar la ley tanto con sanciones del Ayuntamiento como con penas de cárcel, de hecho gracias a esta ley el municipio de Soledad se convirtió en uno de los primeros en el país en el que se prohibió el uso de animales para jalar las carretas recolectoras de basura”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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