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Hospital Central tiene un rezago del 100% en cirugías
La Secretaría de Salud en SLP reconoció que las operaciones son reprogramadas hasta en cinco ocasiones a los pacientes de la capital
Por: Itzel Márquez
Daniel Acosta, titular de la dependencia habló sobre la situación en el nosocomio y las medidas que está tomando en el mismo.
El Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, el centro de salud más importante de San Luis Potosí, se encuentra rebasado en 100% en cuanto su capacidad para realizar procedimiento quirúrgicos, así lo reconoció Daniel Acosta Díaz de León, secretario de Salud en el gobierno de Ricardo Gallardo, lo que ha provocado la constante reprogramación de cirugías para pacientes en diversas áreas.
Acosta Díaz de León explicó los motivos por los cuales se ha producido esta situaciones, entre los que mencionó que el hospital normalmente tiene 250 camas y otras 100 en urgencias, lo cual da un total de 350 lugares, pero ahora con la construcción de las nuevas instalaciones, se encuentra contraído el espacio para dar un total de entre 180 y 190 camas; a esto se suma la pandemia de covid-19, lo cual obligó a cerrar consulta externa y tomando en cuenta que las cirugías electivas se programan ahí, se agravó el problema.
El secretario recalcó que antes de esta situación ya había una cantidad importante de pacientes cuyas cirugías se retrasaron, algunos ya se operaron en otro sitio, otros más por urgencias y área a la que se le ha dado prioridad, por lo cual, una persona puede ser reprogramada entre dos y cinco veces.
Otro factor que suma a este rezago es que el Hospital de Soledad, que es el principal apoyo para remitir a pacientes del Central; fue reconvertido hace año y medio, en hospital covid. En este 2021, se pretendía que las instalaciones del municipio de Soledad pasara a ser híbridas, pero la tercera ola de contagios lo obligó a permanecer como un centro de atención contra el coron avirus.
“Cuando viene alguna persona desde lejos tratamos de no regresarla, pero si es alguien de la capital y con posibilidad de volver a venir, lo “sacrificamos” para dar prioridad a personas del interior y para atender las urgencias”, aceptó Daniel Acosta.
En cuanto a las estrategias que seguirá la dependencia para atender este problema, el funcionario dijo que, se espera que a fin de año el Hospital de Soledad sea reconvertido a híbrido, para que siga atendiendo pacientes covid y que otra parte sea para pacientes con cualquier otro padecimiento, lo cual ayudaría a liberar un poco al Hospital Central.
Otra estrategia mencionada por Daniel Acosta, propuesta por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), es que los fines de semana se lleven a cabo jornadas especiales de operaciones, en las cuales acudirían médicos especialistas en diversas áreas exclusivamente para cubrir este requerimiento: “esto resolvería el problema, pero solo de lo más urgente, lo electivo seguiría siendo un problema”.
Una medida para reducir el retraso en cirugías mencionado por el secretario de Salud es abrir los hospitales de Valles, Matehuala y Rioverde, para que sean un filtro y no lleguen tantos pacientes al Hospital Central.
Daniel Acosta apuntó que se espera que la nueva área del Hospital Central entre en funciones en aproximadamente seis meses, pues el primer paso de entregar todos los documentos necesarios a la Secretaría de Hacienda ya está cubierto, después es necesario esperar 20 días para la autorización, de ahí pasa al Insabi para el proceso de licitación, mismo que puede durar tres o cuatro meses, posteriormente se debe considerar el tiempo en el que llegará el equipo técnico.
Finalmente, vale recordar que al inicio de su sexenio, el gobernador Ricardo Gallardo afirmó que su antecesor, Juan Manuel Carreras, gastaba miles de pesos al mes para simular que las nuevas área ya estaban en funcionamiento.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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