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No hay trabajo para ingenieros en la Zona Industrial de SLP
La pandemia, la falta de capacitación y la importación de trabajadores provocan que los recién egresados tarden más de dos años en conseguir empleo
Por: Itzel Márquez
Entre la pandemia y el gran número de personas desempleadas, encontrar una fuente de ingresos puede tomar hasta dos o tres años.
Aunque existe la idea de que hay una sobredemanda de trabajadores en la Zona Industrial de San Luis Potosí, la realidad es que la oferta laboral es escasa, esto debido a diversos factores entre los que se encuentran la pandemia de covid-19, la crisis de microchips, la importación de empleados de otros estados y países, entre otros. Esto ha generado que sea muy complicado para las personas que egresan de las universidades colocarse en el campo laboral, tanto que llegan a estar en el desempleo durante años.
Luis Moncada es ingeniero en manufactura por la Universidad Politécnica, se graduó en enero de 2020 y desde ese momento comenzó a buscar empleo; sin embargo, apenas hace dos meses logró entrar a una empresa. Moncada comentó que envió innumerables solicitudes, con las que apenas consiguió ser llamado para 10 entrevistas, nueve de ellas fallidas:
“Es algo impactante porque muchas empresas están despidiendo en vez de contratar. La presión se acumula porque cada año hay nuevas generaciones de egresados y hay más competencia. En mi generación quienes tienen empleo son las personas que fueron practicantes en una empresa”.
Moncada añadió que otro punto que ha notado es que el área de recursos humanos en las empresas nunca hace una retroalimentación a quienes acuden a entrevistas de trabajo, a veces tardan meses en dar un avance o en ocasiones no vuelven a llamar: “incluso creo que te entrevistan solo para cumplir su cuota de candidatos, por ejemplo, a mí en Mabe me dijeron que ya había entrado, llevé mis documentos, tramité la tarjeta de nómina, solo esperaba instrucciones para empezar a laborar y nunca volvieron a contactar ni respondieron mis llamadas”.
Esmeralda Zúñiga, quien estudió ingeniería en tecnología de manufacturas también en la Universidad Politécnica, afirmó que desde julio de 2019, dos años y tres meses, ha enviado 145 veces su currículum a diferentes empresas; mientras que en plataformas para búsqueda de empleo como Indeed, OCC o LinkedIn ha mandado 150 solicitudes, extendiendo su búsqueda a Guanajuato, Monterrey, Irapuato y Querétaro, pero hasta ahora no ha encontrado un empleo.
Zúñiga apuntó que los procesos de selección son complicados porque en los puestos que antes eran para recién egresados han ampliado los requisitos, para solicitar como entre tres y cinco años de experiencia cuando antes solicitaban entre uno y tres.
“Creo que entre más desempleo, más requisitos piden; además, hay personas más capacitadas y les pagan lo mismo o hasta menos, bajaron los sueldos y subieron los requisitos, se abarató la mano de obra 
El ingeniero Marco Antonio Martínez narró que pensaba que el problema era su currículum, por lo cual pidió ayuda con personas especializadas para mejorar y así logró que le llamaran a entrevistas telefónicas en tres ocasiones, pero no pasaba a la entrevista presencial y cuando acudía, el mayor problema era el idioma inglés:
“Este semestre ya terminé mis materias, solo me falta la residencia, no tengo seguro facultativo y por eso necesito un empleo para poder solventar mis gastos; creo que también es complicado conseguir un empleo ahora por la pandemia”.
La Orquesta logró contactar con el gerente de una de las plantas más importantes del estado, el cual pidió conservarse en el anonimato por motivos de su contrato, para tratar de entender los motivos de la problemática:
“Es verdad, existe una desaceleración económica en la mayoría de las empresas de la Zona Industrial de San Luis Potosí. Está motivada principalmente por el tema de la pandemia y se agravó con la falta de chips. En la ciudad la industria es automotriz, que es uno de los sectores más afectados por esas dos problemáticas”.
El gerente agregó que en muchas fábricas tienen la consigna de bajar el costo de su operación, por lo que han seguido estrategias como desaparecer puestos y contratar empleados de estados como Aguascalientes y Zacatecas donde los salarios son menores:
“En algunas plantas pagan hasta una tercera parte de lo que ganaría un ingeniero en el mismo puesto acá, por eso es muy fácil que se vengan”.
Finalmente, el gerente agregó que la capacitación también es un punto clave:
“Llegan los recién egresados y les faltan muchos conocimientos, resulta más sencillo traer a alguien de esos estado con tres o cuatro años de experiencia. Personalmente prefiero contratar personas nuevas aunque no sepan mucho, porque se vuelven más leales y no están tan amañados, pero no todos están dispuestos a asumir esa curva de aprendizaje”.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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