noviembre 10, 2026

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#4 Tiempos

Legitimidad | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

El Diccionario Jurídico Mexicano de la UNAM define ‘legitimidad’ como el fundamento que ostenta el poder público cuando el gobernante lo ejerce con conciencia de su derecho a gobernar, y los gobernados reconocen de alguna forma ese derecho. De esta definición es posible desprender dos aristas del concepto de legitimidad: la legitimidad de origen, que deviene del derecho a gobernar; y la de ejercicio, que deviene del reconocimiento que los gobernados dan a ese derecho.

La legitimidad de origen, por una parte, se exhibe cuando se llega al poder de acuerdo a los mecanismos y procedimientos contenidos en el marco jurídico vigente (cómo se llega al poder). Por otra parte, la legitimidad de ejercicio es la cualidad de que el poder sea ejercido sin resistencia por parte de los gobernados, como consecuencia de haberse apegado a un determinados valores u objetivos importantes para las y los miembros de esa sociedad (cómo se ejerce ese poder y qué tanto convence).

Por su propia naturaleza, tanto el poder ejecutivo como el legislativo basan su legitimidad de origen en términos democráticos: contarán con ella siempre que hayan sido electos o electas conforme a las reglas del juego y, aparentemente más importante, según el número de votos obtenidos. Es decir, a mayor número de votos, mayor legitimidad de origen tendrán, al menos superficialmente. Al contrario, la legitimidad de origen de quienes conforman al poder judicial es de una naturaleza antidemocrática: los jueces y juezas no son electos por el voto popular sino por otras vías que buscan garantizar su absoluta imparcialidad a la hora de decidir sobre algún asunto.

Ese aparente déficit democrático de origen inherente al poder judicial les obliga a tener que compensarlo con una legitimidad de ejercicio impecable, a través de procedimientos técnicos estrictos y de una judicatura sólida abocada a la supervisión de sus jueces y juezas. A su vez, el poder judicial tiene la encomienda de hacer guardar los valores contenidos en la constitución, que suelen ser rígidos, ordenados y resistentes a cambios bruscos. De nuevo, se trata de una tarea impopular. Mientras tanto, los poderes ejecutivo y judicial gozarán de altos niveles de legitimidad de ejercicio si actúan con apego a los valores que están vigentes en la sociedad, es decir, si las acciones que emprenden son compatibles con las exigencias y necesidades inmediatas de la comunidad. En otras palabras, el ejercicio del poder trae consigo una lucha de fuerzas entre los valores demandados democráticamente y los valores preservados por la constitución, donde muchas veces juega un rol muy importante la legitimidad que posee cada orden de gobierno para determinar qué valores se impondrán.

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, anunció la semana pasada que en esta segunda mitad del año se resolverán en la Corte asuntos de gran relevancia: Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, Ley de Migración, aborto, matrimonio igualitario e incluso el transitorio décimo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Muchos de estos asuntos, sabemos, son de especial importancia para el Ejecutivo. Además, el ministro Zaldívar anticipó el viernes pasado que este último asunto —la ampliación de su mandato— se votará antes de que termine el mes y que, independientemente del resultado, él no aprovechará el regalo envenenado que llegó desde Palacio Nacional.

Pensemos, también, que el Tribunal Electoral tiene en puerta la resolución de casos muy relevantes para dar cierre a las pasadas elecciones intermedias.

El Tribunal debe desahogar las impugnaciones restantes para antes del 23 de agosto, fecha en que el INE debe comenzar a expedir a cada partido político las Constancias de Asignación de diputados plurinominales. De no resolverse las impugnaciones, el INE entregará las constancias y los diputados y diputadas rendirán protesta; en ese momento, ya no habrá nada qué hacer.

Sin entrar en consideraciones sobre la decisión de Zaldívar de esperar casi hasta el último momento para revelar su postura, hay que decir que la arena en donde se resolverán estos conflictos constitución-democracia pinta con un clima bastante tenso. Por una parte, es sencillo anticipar que, a la luz del anuncio de Zaldívar, López Obrador reforzará su discurso de que el ‘conservadurismo’ sigue primando en la Corte. Ello le ayudará para descalificar los resultados negativos que pueda tener con los asuntos primordiales para su administración —como la estrategia de militarizar la seguridad pública—; aún más si consideramos que estamos muy cerca de que inicie su tercer año de gobierno y que el tiempo le juegue cada vez más en contra.

Por otra parte, me parece muy necesario señalar —contrario a la narrativa oficial— que el Tribunal Electoral no está en crisis por los hechos de la semana pasada; el Tribunal Electoral ha estado en crisis al menos desde noviembre de 2020, que el indecoroso y poco profesional José Luis Vargas asumió su presidencia. Como resultado de esa crisis, un grupo de cinco magistrados y magistrada decidieron poner un responsable alto a Vargas, retirarlo de la presidencia y retomar el timón del desbaratado Tribunal. Sin embargo, el presidente ha impulsado la imprudente idea de que todos y todas renuncien.

El momento que hoy se vive tanto en la Suprema Corte como en el Tribunal Electoral obliga a que sus integrantes piensen dos veces cada uno de sus movimientos. A final de cuentas, el mejor ejercicio del poder es el que mejor comunica y, sobre todo, el que mejor convence. El Poder Judicial no puede darse el lujo de no convencer —a través de sus procedimientos, argumentos y comportamientos— ante un Poder Ejecutivo que tiene una legitimidad de origen nunca antes vista. Si bien es cierto que esa legitimidad de origen no dura para siempre, el Ejecutivo sigue contando un relato que aún logra convencer a gran parte de la sociedad.

Si el desequilibrio en las legitimidades por parte de uno de los poderes del Estado alcanza el nivel suficiente para desacreditar a otro y sobrepasar o limitar el cumplimiento de sus funciones, el Estado entraría en un proceso gradual de descomposición y con dirección a convertirse en un gobierno autocrático o en un ‘gobierno de los jueces’. Cualquiera de los dos igualmente indeseable.

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El Cronopio

El patriarca del son arribeño, Don Francisco Berrones | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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Don Francisco Berrones, poeta del son arribeño, con sombrero de ala ancha sentado a una mesa

EL CRONOPIO

 

Hace treinta años fallecía en el Jagüey de San Francisco, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, el gran poeta campesino Francisco Berrones Castillo, mismo lugar donde nació un mes de marzo de 1898, uno de los más importantes trovadores, decimeros de San Luis Potosí.

Un par de meses antes de nacer Don Francisco Berrones, falleció su padre dejándolo en la orfandad, de pequeño tendría problemas cardiacos teniendo pocas esperanzas de vida, lo que orilló a su madre a ofrecer a San Francisco de Asís patrono del pueblo del Jagüey de San Francisco, ponerle su nombre si alcanzaba a recibir el bautizo. El niño se salvó y Macario que era el nombre que tenía ese niño, pasó a llamarse Francisco. Las tradiciones del pueblo se manifestaron en esa petición al santo patrono del pueblo, Macario alcanzó a ser bautizado y su enfermedad desapareció, renaciendo como Francisco en pago a la manda.

Retrato en primer plano de Don Francisco Berrones, patriarca del son arribeño

Inició sus estudios primarios donde aprendió a leer y mal escribir, como refiere el mismo Francisco Berrones. La tradición del son arribeño lo envolvió de pequeño y aprendió a hacer poemas desde muy chico. Los primeros versos se los dedicaba a su abuela y su madre, “Cuando yo venía de la escuela le decía un verso a mi abuela materna, a mis hermanos mayores, y a veces le hacía un verso a mi madre en el que pedía que me diera un abrazo y un beso de sus labios; por tal motivo, todos me trataban con cariño”.

A los nueve años de edad acompañó a su hermano a que iba a trabajar a Tampico y en Ciudad Madero, que entonces se llamaba Paso de Doña Cecilia, compondría su primera poesía que dedicó a ese Paso de Doña Cecilia. El pequeño Francisco había presenciado entonces una topada entre los famosos poetas de son arribeño, José Torres y Eugenio Villanueva; recordaba aún al paso de los años la planta que Don José Torres le cantó a Don Eugenio y fue la inspiración para tomar el “destino”, como lo nombran los poetas arribeños. Berrones nos lo recuerda:

“[…] hicieron una fiesta de un 16 de septiembre con dos famosos poetas. Uno de ellos fue don José Torres y el otro fue el señor don Eugenio Villanueva, que Dios lo tenga en su Santa Gloria. Mi hermano me tomó de la mano y me dijo: vamos, te voy a llevar un rato a la fiesta y para que oigas a los cantores, a ver qué aprendes.

Llegamos a la dicha fiesta, estaban los tablados adentro de la aduana, en una cabecera, y todo aquello adornado con banderas tricolores. Estaba don Eugenio tocando un jarabe y muchos hombres bailando. No me di cuenta que le cantó él a don José Torres, pero cuando don Eugenio terminó, Don José le cantó esta planta, y su poesía la dijo así: Vamos adentro y adentro, para que nos dé una prueba, ahora se la lleva el viento don Eugenio Villanueva.

Al oír aquella poesía le dije a mi hermano, ‘yo creo que ya están en la competencia’. El sol ya se ha ocultado, y como mi hermano trabajaba de noche nos fuimos a la casa: mi hermano se fue a su trabajo y yo me quedé pensando en aquella planta, y repasándola para que no se me olvidara.

De pocos días pensé: bueno, y yo por qué no hago una poesía, pero a quién. Ah, pues le voy a hacer una a este Paso de Doña Cecilia y me puse en obra y la hice: fue la primera que brotó de mi mente”.

Iniciaba así una trayectoria de casi noventa años como poeta campesino, poeta de son arribeño, que dio gloria a esta rica tradición potosina, convirtiéndose en uno de los principales poetas en esta tradición que era invencible en el encuentro entre poetas, conocido como topadas, donde en todos esos años perdió sólo una vez siendo muy joven, contra José Ceballos en una topada en Villa Juárez.

Don Francisco Berrones aprendió el “reglamento” (que implica la memorización de poemas y el dominio de la improvisación de décimas) y la “sonería” (el repertorio de piezas, como sones y jarabes) escuchando a los trovadores cuando acompañaba a su madre a las bodas, así como con un par de libros de poesía de Juan de Dios Peza y Antonio Plaza que compraron él y un amigo que también le gustaba la poesía; por lo general, con el término de huapango engloban los distintos tipos de música que tocan, así como el baile y la fiesta misma.

Con el arado y por el arado
se acaba el hombre como alcanfor.
Porque el destino de agricultor
es un trabajo duro y pesado.
El hombre pobre de labrador,
su propia suerte lo está matando.
Todos los años vive regando
la tierra ajena con su sudor.
Para él no hay viento, no hay calor,
para él no hay nieve, ni frío o templado,
toda la vida está esclavizado;
por trabajar en la agricultura
se va orillando a la sepultura,
con el arado y por el arado.

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El Cronopio

Juan José Ortega, director cinematográfico matehualense | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

En las primeras décadas del siglo XX un buen número de potosinos van a la Ciudad de México a continuar su formación y su desarrollo profesional. La mayoría sobresalen en las actividades que se realizan, como lo muestra la nutrida membresía de la Academia Potosina de Ciencias y Artes formada por potosinos que radican en la Ciudad de México, donde la mayoría ocupan puestos de importancia en la vida cultural mexicana. Entre estos personajes se encuentra el camelense Juan José Ortega García que destacaría en la industria cinematográfica en la época de oro del cine nacional a la que se incorpora en la década de los treinta siendo otro de los potosinos pioneros en el cine mexicano.

Juan José Ortega García nació en Matehuala, San Luis Potosí, el 27 de octubre de 1904, donde inicia su educación primaria la que tuvo que suspender, para proseguirla de manera autodidacta, para contribuir al sostenimiento de su familia. La familia se traslada a San Luis Potosí y continúa su formación autodidacta, entre ellos el oficio de mecanografía, lo que le conduciría a iniciarse en el periodismo en 1925 colaborando en el periódico Acción de San Luis Potosí, del que sería su subdirector en 1928 y, director en 1932 del periódico potosino Vanguardia. Fundó en el Bajío un par de periódicos: el Diario del Centro en Aguascalientes y El Globo en León, Guanajuato. Colaboró como corresponsal en los periódicos Excélsior y El Universal.

Juan José Ortega García, director cinematográfico matehualense

Al llegar a la Ciudad de México para integrarse a la Comisión de Irrigación en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas inicia su carrera en el cine dirigiendo documentales oficiales, Irrigación en México y Gigantes de Piedra. Al dirigir estos largometrajes comprendió que su carrera sería el cine y se adentra dirigiendo su primera película en 1939, Sendas del Destino, donde actúa, entre otros, Eduardo Arozamena, en una trama que se desarrolla en la presa La Angostura en Sonora, reminiscencia de sus primeros largometrajes, la cual fue financiada de su propio peculio y con aportación de la Comisión Nacional de Irrigación, donde laboraba Ortega García.

Sendas del Destino sería su ópera prima de, al menos 42 películas que dirigió

, realizando también coproducciones internacionales, con Cuba, Venezuela, Colombia y Perú. Entre las películas que dirigió se encuentran: La mujer legítima en 1945, con Isabela Corona; La insaciable de 1947, con María Antonieta Pons, con un guion escrito por el propio Juan José Ortega incursionando así en el guionismo; Cuando el alba llegue, en 1950, con Meche Barba; Lodo y armiño, de 1951, con Armando Calvo; Cuentan de una mujer, en 1958, con Marga López; En carne propia, de 1961, con Joaquín Cordero; Pacto de sangre, en 1966, con Manuel López Ochoa, entre otras.

Entre los melodramas, género preferido de Juan José Ortega, filmados en Cuba se encuentran: la comedia musical filmada en 1953 en La Habana, intitulada Me gustan Todas con Adalberto Martínez Resortes; en 1954 las cintas, Frente al pecado de ayer y Yo no creo en los hombres, protagonizadas por Sarita Montiel; en 1956 dirige No me olvides nunca, con actuaciones de Luis Aguilar, Rosita Fornés y Olga Guillot.

En la década de los sesenta dirige la serie de películas tipo westerns de Leonardo Moncada, serie de cinco películas estelarizadas por Joaquín Cordero, basadas en una serie radiofónica cubana. En esa década Ortega comienza a dedicarse a la distribución de películas creando la distribuidora Compañía Cinematográfica Mexicana y Productora Mexicana de Películas. Es propietario también de Producción Fílmica de México y Películas y Videos Internacionales, todo ello en los ochenta.

Recibió varios reconocimientos a su carrera cinematográfica, como productor, director, guionista y distribuidor actividades que siguió después del periodismo, donde sería también pionero en el periodismo potosino del siglo XX. Juan José Ortega García murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1996.

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Acento Ajeno

La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

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