Ariadna Montiel pidió investigar la intervención del expresidente en los comicios de hace dos décadas; Ricardo Monreal llevará la propuesta al Congreso y buscará el respaldo de otras fuerzas políticas

Por: Roberto Mendoza

A veinte años de la controvertida elección presidencial de 2006, Morena pretende instalar en la Cámara de Diputados una comisión especial para investigar las circunstancias que rodearon el triunfo de Felipe Calderón sobre Andrés Manuel López Obrador.

Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, presentó la iniciativa ante los legisladores morenistas y planteó que el órgano parlamentario recabe testimonios, revise documentos, identifique responsabilidades políticas y formule recomendaciones para fortalecer los procesos democráticos. La comisión funcionaría sin recursos extraordinarios y sus conclusiones no tendrían efectos judiciales.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada mayoritaria, confirmó que someterá el planteamiento a la Junta de Coordinación Política y posteriormente al Pleno. Aunque reconoció que Morena dispone de los votos suficientes para concretar su instalación, anticipó que buscará incorporar a las demás fuerzas parlamentarias.

La investigación tendría como punto de partida las recientes declaraciones de Vicente Fox sobre su intervención política para favorecer al PAN en aquella elección. Montiel sostuvo que esos señalamientos justifican revisar nuevamente el caso, pero descartó emprender acciones penales

“Lo nuestro no es la venganza, lo nuestro es la verdad”, afirmó, al reconocer que los plazos legales para perseguir posibles responsabilidades han transcurrido.

La conferencia también abordó asuntos de la coyuntura electoral. Monreal informó que continúan las negociaciones con PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para alcanzar un acuerdo sobre la designación de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, sin que exista todavía una fecha límite para resolver el nombramiento.

Por su parte, Montiel enfrentó cuestionamientos sobre los señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, relacionados con presuntos beneficios contractuales a personas cercanas y versiones sobre una eventual candidatura para obtener fuero. La dirigente evitó pronunciarse directamente sobre esas acusaciones y sostuvo que Morena conserva respaldo ciudadano de cara a las elecciones de 2027.

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El alcalde participó en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal

Por: Redacción

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, dijo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, que el municipio sumará la capacidad operativa de su Guardia Civil Municipal al trabajo de la Federación y del Gobierno del Estado para mantener a San Luis Potosí entre los tres estados más seguros del país.

Lo expresó durante la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, a la que asistió por convocatoria del Gobierno Federal para fortalecer las estrategias conjuntas.

Navarro Muñiz dijo que Soledad asume su responsabilidad en seguridad pública y que el Ayuntamiento seguirá respaldando con su fuerza policial al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Señaló que el trabajo entre los tres órdenes de gobierno debe traducirse en mayor presencia policial y capacidad de respuesta en las colonias.

“En Soledad hacemos nuestra parte. Hemos fortalecido a la Guardia Civil Municipal con más policías, más patrullas y mejor capacitación”, afirmó. Agregó que esa es la fuerza que el municipio suma para tener más vigilancia en las colonias y responder con rapidez cuando una familia, una mujer o una persona en situación de vulnerabilidad necesite protección.

En la plenaria se presentó la agenda de trabajo 2027, que plantea fortalecer la carrera policial, impulsar la capacitación y certificación de los elementos y mejorar el equipamiento de las corporaciones municipales. También contempla asesoría técnica para que los ayuntamientos planeen y den seguimiento al uso de los recursos federales destinados a seguridad pública.

En Soledad, la Guardia Civil Municipal cuenta con una unidad especializada en atención a víctimas de violencia familiar y de género, que brinda acompañamiento jurídico, atención psicológica y trabajo social a mujeres, niñas, niños y otras personas que requieren protección.

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Por: Redacción

Integrantes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retomaron el informe que Palmira Flores, representante de la Comunidad Triqui de San Luis Potosí, presentó durante el examen al Estado mexicano, celebrado el 4 y 5 de noviembre en Ginebra, Suiza.

Los planteamientos del documento entraron al diálogo oficial que el Comité sostuvo con la delegación mexicana. Quedaron incorporados al análisis sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en el país.

El CDESC vigila que los países cumplan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y revisa periódicamente a cada Estado que lo ratificó. México fue examinado en la 80ª sesión del organismo.

El texto de la comunidad es un informe alternativo, que es el documento que la sociedad civil entrega en paralelo al reporte oficial del Gobierno federal. El informe se centra en los indígenas que viven en contextos urbanos y en las trabas que enfrentan para entrar al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas

Quedar fuera de ese registro tiene efectos concretos: limita el reconocimiento de sus derechos colectivos y el acceso a programas y recursos federales.

Los triquis son un pueblo originario de la región Mixteca de Oaxaca. La comunidad asentada en San Luis Potosí forma parte de las poblaciones indígenas que residen fuera de sus territorios de origen.

Flores viajó a Ginebra con financiamiento del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, mecanismo que la seleccionó para participar en el examen a México.

Tras la revisión, el Comité emitirá observaciones y recomendaciones al Estado mexicano. La comunidad señaló que ese documento abre la puerta a exigir seguimiento institucional en reconocimiento, inclusión y acceso a derechos de los pueblos indígenas asentados en ciudades.

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