La magistrada presidenta Lourdes Zarazúa informó que se atiende la falta de personal en juzgados y ya operan mecanismos disciplinarios con primeros casos registrados

Por: Redacción

A seis meses de la implementación del nuevo esquema operativo derivado de la reforma judicial, el Poder Judicial de San Luis Potosí avanza en la consolidación de su estructura interna, con énfasis en la reducción del rezago de personal en áreas clave.

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, informó que en los próximos días se darán a conocer los resultados del examen para secretarios de acuerdos, una de las categorías con mayor déficit dentro de los juzgados.

“Vamos a encontrar un desahogo muy grande en los juzgados, porque era una de las áreas donde más nos faltaba personal”, señaló. Además, adelantó que se llevarán a cabo evaluaciones adicionales para cubrir plazas de proyectistas y actuarios, como parte de una estrategia integral para mejorar la eficiencia en la impartición de justicia.

Zarazúa Martínez indicó que, tras medio año de operación, el Poder Judicial ya cuenta con un diagnóstico más preciso de sus necesidades, lo que ha permitido identificar áreas de oportunidad y enfocar esfuerzos en una mayor eficacia institucional.

En materia disciplinaria, destacó que el nuevo órgano de control ya registra al menos cuatro casos, principalmente relacionados con incumplimientos administrativos, como la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales y faltas de asistencia. Aclaró que estos procedimientos han sido dirigidos, hasta ahora, a personal y no a jueces.

Sobre el padrón de deudores alimentarios, explicó que la información se mantiene bajo carácter restringido y únicamente es accesible para las partes involucradas, en cumplimiento con la normativa de protección de datos personales. Añadió que las personas pueden entrar o salir del registro dependiendo de si cumplen o no con sus obligaciones.

En otros temas, la magistrada rechazó que actividades recientes dentro del Poder Judicial, como la presencia de personas de pueblos originarios ofreciendo productos, deban considerarse incidentes, al señalar que forman parte de una política institucional de inclusión y fomento cultural.

“El Poder Judicial está abierto a todos, incluyendo a nuestros pueblos originarios. Es parte de nuestra responsabilidad como institución”, afirmó.

Finalmente, señaló que la institución continuará realizando ajustes conforme avance la implementación del nuevo marco legal, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y responder de manera más eficiente a las demandas de la ciudadanía.

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Gobierno estatal fijó su postura: no a proyectos que destruyan identidad

Por: Redacción

El titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que el gobierno estatal no se opone a la inversión minera, pero advirtió que estas actividades deben ser socialmente responsables y no afectar el entorno ni la identidad del estado, tras la reciente resolución judicial sobre concesiones en Wirikuta.

El funcionario explicó que las concesiones mineras anuladas recientemente son de carácter federal, por lo que no fueron otorgadas por el gobierno estatal, lo que limita su intervención directa en este tipo de decisiones.

“Las concesiones son permisos que otorga la Federación, no el estado”, puntualizó.

Sin embargo, Torres Sánchez subrayó que existen antecedentes negativos en San Luis Potosí, como el caso de Cerro de San Pedro

, donde —dijo— la actividad minera dejó afectaciones ambientales y a la identidad histórica de la zona: “Nos dejó peor que un topo y acabó con la identidad de San Luis Potosí”, expresó.

En ese sentido, reiteró que, aunque la entidad está abierta a la llegada de inversiones, no se permitirán proyectos que dañen ecosistemas o el patrimonio cultural, en referencia a territorios como Wirikuta, considerado sagrado por el pueblo wixárika.

Cabe recordar que recientemente el Poder Judicial de la Federación resolvió revocar diversas concesiones mineras otorgadas durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa dentro de Wirikuta, tras más de una década de litigio impulsado por comunidades indígenas.

La sentencia reconoce el derecho del pueblo wixárika a ser consultado antes de cualquier proyecto que impacte su territorio, por lo que no prohíbe la minería, pero condiciona su desarrollo a procesos de consulta previa, libre e informada.

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La magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez aseguró que los pendientes corresponden a actualizaciones salariales de personal activo y no a deudas con pensionados

Por: Redacción

La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, aseguró que el Poder Judicial no mantiene adeudos con personas jubiladas, al aclarar que estas ya no dependen administrativamente de la institución, sino del sistema estatal de pensiones.

En entrevista, explicó que uno de los principales señalamientos recientes sobre supuestos retrasos en pagos responde, en realidad, a procesos de actualización salarial para el personal activo, derivados de incrementos establecidos en la normativa.

“Nosotros no les debemos a los jubilados, porque ellos ya pertenecen al instituto de pensiones. Lo que tenemos es la obligación de actualizar los sueldos d el personal activo

para que puedan acceder a esos incrementos”, precisó.

En ese sentido, detalló que el pasado 30 de marzo se realizó el pago del retroactivo correspondiente a percepciones no cubiertas en meses anteriores

, mientras que para el próximo 15 de mayo se tiene programada la dispersión de los pagos correspondientes a enero, febrero y marzo.

Zarazúa Martínez subrayó que estos movimientos financieros se realizaron mediante ajustes internos, sin necesidad de solicitar una ampliación presupuestal al Congreso del Estado.

“No hubo necesidad de ampliación; fue un ajuste al interior del propio Poder Judicial”, sostuvo.

Respecto a las inconformidades de pensionados y jubilados, reiteró que cualquier revisión o regularización de montos corresponde directamente al instituto de pensiones, instancia encargada tanto de la cuantificación como de la aplicación de ajustes conforme a la ley.

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