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Alejandro “N” y el recuento de los daños. De potosino distinguido a presunto violador
Por: Ana G Silva
Hasta el 18 de octubre del 2019 cuando fue separado de su cargo, Alejandro “N” fungía como procurador de la defensa de las personas adultas mayores del DIF estatal, posteriormente fue detenido el 23 de octubre luego de cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por la presunta violación de un menor de edad.
A continuación, un recuento de quien fuera un día pasó de ganar la presa Plan de San Luis y Potosino Distinguido a ser un distinguido acusado violador de menores:
Alejandro “N” es el fundador y presidente del Instituto de Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo”, al que fundó en octubre de 1997, según la página web del mismo Instituto.
En el año 2006, fue reconocido con la presea Potosino Distinguido.
De acuerdo con su currículum, publicado por el DIF estatal en la página de Cegaip, fue profesor en la Benemérita Escuela Normal del Estado durante el año 2004. En 2006 fue director de la empresa “Artículos de Limpieza Damarli” y de 2007 a 2009 laboró como coordinador de atención a personas con capacidades diferentes del DIF municipal.
Extrañamente, el currículum oficial de Alejandro “N”, en la página de Cegaip solo llega al año 2009, sin especificar qué ha hecho durante los últimos diez años.
En 2012, Alejandro “N” también recibió la Presea Plan de San Luis, de parte del Congreso del Estado.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc y licenciado en Educación Especial en el área de ceguera y Debilidad Visual, por la Escuela Normal del Estado.
El caso en contra de, Alejandro “N”, inició el 8 de octubre del 2019 cuando un menor de edad de identidad reservada denunció que desde hacía más de un año, el imputado lo mandaba a traer desde un refugio estatal donde se encontraba albergado, situación que ocurría al menos tres veces por semana, esto con la finalidad de que pasara la tarde en sus oficinas donde le realizaba, presuntamente, actos sexuales en contra de la voluntad del menor.
El 18 de octubre de 2019 se solicitó una Alerta Migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se había librado ya la orden de aprehensión en contra del entonces titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social.
También se tuvo conocimiento de que sus oficinas en la dependencia fueron selladas y clausuradas desde esa fecha por parte de la Contraloría General del Estado; y que fue separado del cargo, no bien se tuvo conocimiento por parte de la dirección General del DIF.
La tarde del miércoles 23 de octubre de 2019, agentes de la Fiscalía General del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión librada en contra de Alejandro “N”.
El mandato judicial lo originó una demanda que pesa contra el exfuncionario por la presunta violación de un menor de edad; sin embargo, durante estas fechas se rumoraba que podría tratarse al menos tres víctimas.
Al día siguiente, el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales “Ezequiel Hernández Romo” publicó un comunicado para mostrar su apoyo y su solidaridad a su exdirector.
“El personal académico y administrativo del IPACIDEVI, así como integrantes del Consejo Directivo, Alumnos y Padres de Familia damos fe de tu valioso testimonio de amor y entrega incansable a favor de cientos de niños y jóvenes ciegos, débiles visuales o con capacidades diferentes, desde hace cerca de 25 años cuando comenzaste esta labor siendo apenas un niño”.
La publicación afirma que Alejandro “N” ha contribuido “a que muchas personas den sentido a su vida, se formen y se valgan por sí mismas logrando ser autosuficientes e independientes (…) Con tu entrega y dedicación has motivado e inspirado muchas vidas como las de nosotros”.
El 25 de octubre de 2019 Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado, comentó que el caso del ex trabajador del DIF estatal en San Luis Potosí, “no es un tema que tenga que ver con el desempeño en el servicio público, 
La primera audiencia de Alejandro “N” se llevó a cabo el 29 de octubre de 2019 donde se determinó su situación jurídica, y por el peso de las pruebas, físicas, médicas y de compatibilidad de ADN se le vinculó a proceso.
Durante casi doce horas se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, misma en donde el abogado defensor Rafael Aguilar y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Juana María Castillo Ortega, desahogaron pruebas documentales; sin embargo, el juez consideró que había elementos suficientes para iniciar juicio y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe señalar que desde que se dio a conocer la detención del exfuncionario del gobierno estatal hasta la fecha de la primera audiencia, a través de redes sociales, usuarios cercanos a su familia y la de su esposa, así como una asociación civil fundada por él, emprendió una campaña de defensa utilizando como argumento la labor social por la que, incluso, ha recibido reconocimientos de los diferentes órganos de gobierno.
A ello se suman también convocatorias a través de WhatsApp para realizar misas en su honor, presuntamente convocadas por autoridades eclesiásticas radicadas en la capital del estado.
También a través de ese servicio de mensajería, un familiar directo de Alejandro N, habría hecho circular un mensaje en el que acusó a la presunta víctima de ser un delincuente juvenil con la intención de causarle daño al exfuncionario público, quien a partir de ahora permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de La Pila en San Luis Potosí.
El 23 de diciembre de 2019 se solicitó una audiencia para pedir una ampliación del plazo de la investigación, que fue concedido y vencerá el último día de febrero.
El día de hoy, el extitular de la Procuraduría de la Defensas de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social del DIF estatal logró, junto a sus abogados defensores, reponer por completo el proceso instaurado en su contra.
Tras la reposición completa del proceso, a petición de su defensa se fijaron 2 meses, a partir del primero de octubre pasado para cerrar la investigación y se aporten nuevos datos y evidencias en su proceso.
No obstante fue vinculado nuevamente y mantenido en detención oficiosa pues las pruebas médicas y de compatibilidad de ADN lo hunden.
Conforme a la información a la que tuvo acceso La Orquesta.mx, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en San Luis Potosí fue informada el pasado 2 de octubre sobre la situación que guarda la causa penal 1098/2019, en la que sobresale la reposición del procedimiento tras la ejecutoria de amparo promovida por la defensa del exfuncionario en el centro de justicia integral.
En contexto, su defensa está encabezada por el mismo despacho de abogados que representan a Eduardo N, conocido como el “homicida del campestre” y representaron también al ex sacerdote salesiano que logró su libertad tras ser acusado por el homicidio de la joven Itzachel Shantal.
También lee: Defensa de “Alejandro N.” Ex funcionario del DIF logró reposición del proceso. Nuevamente fue vinculado
APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
También lee: No soy de aquí ni soy de allá | Apuntes de Jorge Saldaña
El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora
Por: Bernardo Vera
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.
Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.
Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.
Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.
También lee: SSPC debe socializar nuevo Reglamento de Tránsito
El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.
El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.
“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.
La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.
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