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“Candidaturas indígenas aprobadas por el Ceepac, son discriminatorias”: Observatorio Indígena
Los partidos solo estarán obligados a postular candidatos y candidatas indígenas en dos distritos locales
Por Redacción:
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó los lineamientos para las el registro de candidaturas indígenas en las elecciones de diputaciones y ayuntamientos de San Luis Potosí para el proceso electoral del próximo año. Ante esto, la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina y el Observatorio Indígena Mesoamericano reaccionaron y describieron los acuerdos del Ceepac como “profundamente discriminatorios y excluyentes”.
En un comunicado firmado por Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora, y Juan Felipe, Ciseneros, representante del Observatorio, se señala que “el Ceepac trata de imponer arbitrariamente cierto número de personas indígenas en los ayuntamientos de municipios de mayoría indígena dejando fuera a los que tienen porcentajes menores al 50 por ciento de población indígena; es decir, dichos lineamientos ni siquiera se acercan a garantizar una cuota de indígenas de acuerdo al porcentaje de su población”, esto fue confirmado por el Ceepac, que reconoció que será en los distritos electorales 13, con cabecera en Tamuín y 14, con cabecera en Tamazunchale, donde deberán de integrarse candidaturas de fórmulas indígenas, ya que ellos cuentan con una población indígena mayor al 60% del total de sus habitantes.
El Ceepac agregó que “los municipios que superan el 50% de su población total indígena y en los cuales los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias, candidatas o candidatos independientes deberán registrar candidaturas indígenas propietarias y suplentes son: Alaquines, Aquismón, Tancanhuitz, Coxcatlán, Huehuetlán, San Antonio, San Martín Chalchicuahutla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Axtla de Terrazas, Xilitla y Matlapa”.
Los representantes de las comunidades puntualizaron los siguiente:
“Un gran defecto de los mencionados lineamientos es que a los pueblos y comunidades indígenas no se les considera como sujetos colectivos de derecho público, como entes capaces de gobernarse y de establecer relaciones de interculturalidad con el resto de la sociedad. Se les ve como individuos aislados entre sí y no como sujetos colectivos de derechos para ejercer la libre determinación y autonomía reconocidos en el marco jurídico local, nacional e internacional (…) lo correcto es el establecer mecanismos para que las comunidades y pueblos indígenas ejerzan su derecho a la representación política mediante sus sistemas normativos, tanto para integrar sus gobiernos municipales y su representación en el Congreso del estado.
Finalmente, agregan que otro de los problemas con los aprobado es que se considera que “con el solo hecho de elevar las cuotas de indígenas a través de intermediarios políticos, como hasta ahora lo han sido los partidos políticos, coaliciones u otras figuras políticas que son entes ajenos a las instancias de decisión de las comunidades. Además se minimiza el porcentaje de población indígena en cualquier situación de la composición sociocultural de los municipios y del estado. Es decir, municipios con 10, 20, 30, 40 por ciento, más o menos, ni siquiera se les toma en cuenta; y sólo a los que tienen más del 50% de población indígena se les “pichicatea” su representación”.
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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