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Es necesario solicitar el crédito por 700 mdp: secretario de Finanzas
El titular del Sefin dijo que de no aprobar la reestructuración pondría en riesgo proyectos de infraestructura y afectaría la reactivación económica del estado
Por: Redacción
Daniel Pedroza Gaitán, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, afirmó que el plan de la reestructuración de la deuda, en la que se piensa solicitar un crédito de 700 millones de pesos, es totalmente justificable y necesaria, luego de haberse presentado la pandemia de covid-19.
En la reunión con diputados locales integrantes de las Comisiones de Hacienda y Gobernación, el secretario de Finanzas dijo que la administración gubernamental contaría con los recursos previstos para avanzar en el desarrollo económico y social del estado durante el año 2020 si el virus no se hubiera desarrollado.
Pedroza Gaitán subrayó que esta administración no ha generado deuda y con esta medida de reestructurar, tampoco se impactaría, incluso precisó, que se han disminuido de manera importante los pasivos heredados. Al inicio de la Administración, la deuda per cápita de San Luis Potosí era de 1 mil 547.1 pesos ocupando la séptima posición a nivel nacional. Al cierre de 2019, la deuda per cápita del estado es de 1 mil 322.79 pesos, se logró reducir una posición en el tablero nacional, ocupando el sexto lugar.
El titular de la SEFIN precisó que, de no aprobar la reestructura se pondrían en riesgo proyectos de infraestructura y afectaría la reactivación económica del estado, y enfatizó que la medida solicitada es con el propósito de liberar flujo que permita cubrir la inminente disminución de ingresos con que contará el estado, así como para contar con recursos necesarios para enfrentar los gastos extraordinarios que ha provocado la emergencia sanitaria.
Daniel Pedroza refirió que la iniciativa plantea que la reestructura y/o refinanciamiento permita aplazar el pago de la deuda por tres años más de lo previsto, sin incrementar el saldo de la deuda bancaria actual, de igual forma, con esta propuesta se logrará evitar el deterioro en la calificación crediticia del estado, reduciendo el impacto de la disminución de los ingresos y el aumento por el natural crecimiento de las amortizaciones de los dos créditos más grandes.
Pedroza Gaitán precisó las cifras de las afectaciones económicas para la entidad en materia de ingresos. Las Leyes de Ingreso y de Presupuesto de Egresos 2020 fueron elaborados con pre criterios económicos que consideraban un crecimiento del PIB del 3 por ciento, actualmente dados los efectos de la desaceleración económica se proyecta un decrecimiento del 9 por ciento.
Como resultado, al mes de mayo del presente ejercicio, se tuvo una caída en los ingresos propios del 15 por ciento respecto del presupuestado, y se proyecta la caída sea del 10.7 por ciento al cierre del ejercicio 2020.
Se estima una baja en la recaudación de ingresos de 370 mdp, y se estima se dejarán de percibir un total de 171 mdp en el otorgamiento de estímulos fiscales, es decir, una menor recaudación de ingresos propios de 541 mdp.
Por último, el Secretario de Finanzas señaló que, para el segundo trimestre de 2020, las participaciones federales fueron menores a lo presupuestado para el mismo periodo, en un 3.9 por ciento. La Federación prevé una caída en la recaudación federal participable (RFP) para el ejercicio 2020 de 89 mil mdp.
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Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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