Ciudad
Sebastián y Nava dejan solo a Édgar Jiménez tras resolución de la CEDH
La resolución de la CEDH tras el caso Teresa Carrizales apunta a que el único responsable es el titular de la Policía Municipal, Édgar Jiménez Arcadia
Por: Ana Dora
El primero de julio a medio día, la oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales, fue desalojada violentamente por elementos de la policía municipal, quienes recibieron la orden de retirarla del inmueble donde laboraba.
El hecho se dio a conocer por un vídeo que circuló en varios medios de comunicación y redes sociales, donde se observa a diversas autoridades municipales, entre ellos el comisario Edgar Jiménez Arcadia, dando instrucciones a las oficiales para el desalojo de la funcionaria, a quien sacaron arrastrando.
Según ha defendido, Jiménez Arcadia actúo en razón del oficio S.G/2393/2019 donde se le informó que la funcionaria ya no laboraba en ese lugar por lo que debía acudir a desalojarla. Dicho documento es firmado por Sebastián Pérez García, secretario general.
Tras presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la exfuncionaria logró que se emitiera la recomendación 20/2019, en la cual se señala como único responsable de la violación a sus derechos humanos al comisario Edgar Jiménez Arcadia, quien de manera: “unilateral y bajo su criterio tomó la decisión de ordenar elementos de policía a su cargo a desalojar del inmueble a Carrizales Hernández mediante el empleo de la fuerza pública”.
En entrevista con el presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, precisó que “la recomendación analiza un hecho en particular: lo acontecido el primero de julio en la oficialía de Registro Civil“.
El Ombudsman señaló que la determinación se tomó por los videos en web y documentales que el mismo ayuntamiento proporcionó: “lo que advertimos con los videos y documentos que nos fueron entregados por el Ayuntamiento”.
El defensor aseguró que la responsabilidad de Jiménez Arcadia en los hechos del primero de julio exhibe que “la toma de decisión fue totalmente unilateral por parte del comisario. No hubo indicación escrita o verbal para que él tomara esa determinación”.
López Espinosa señaló que el comisario no debió “emplear el uso de la fuerza excesiva”, puesto que lo único que señala en el oficio indicaba era “salvaguardar el inmueble y retirar a la oficial”.
Lo anterior se robustece y fundamenta porque “Teresa Carrizales no puso en riesgo la integridad de alguna persona o entorpeció algún servicio”, por lo que el uso de la fuerza no es aplicable.
Recalcó que la CEDH “no encontró alguna indicación que le ordenara a Jiménez Arcadia que actuara de esa manera”, por lo que el pronunciamiento es exclusivamente al comisario y deja exentas a las otras autoridades municipales acusadas inicialmente por Teresa Carrizales, entre ellos Xavier Nava, presidente Municipal.
“Dejemos ahí”, sugiere Sebastián Pérez
Por su parte, Sebastián Pérez García, secretario general, pidió “no politizar el tema” e insistió: “dejemos el tema ahí, no ayuda politizar un tema tan sensible”.
Reconoció que “hay carencia en los protocolos” por lo que es necesario “mejorar los procedimientos y manuales en materia de derechos humanos” y acotó que ya se están impartiendo talleres y capacitación con enfoque de igualdad de género.
Pérez García dijo que se acatará la recomendación y señaló que la CEDH no lo menciona en la recomendación: “está muy clara la resolución que acaba de emitir el máximo organismo de los Derechos Humanos”.
Por la insistencia de los reporteros, Sebastián Pérez señaló que “la recomendación, como bien lo dice, exime al alcalde, al contralor, al secretario a la misma coordinadora de derechos humanos”.
También leyó un fragmento del documento: “se acredita que, en ningún momento, ni el alcalde, ni el secretario, ni contralor ni la designada de oficialía civil, giraron instrucciones directas para desalojar a la oficial del registro civil y mucho menos le ordenaron que empleará la fuerza para cumplir tal cometido”.
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El alcalde dijo que solo llegan participaciones federales y pidió que se precise a qué obra se refiere el Gobierno del Estado. Acusó que la Contraloría estatal retuvo licitaciones, como la de Peñasco, que arrancarían hasta enero
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó este miércoles, en entrevista, que del Gobierno del Estado de San Luis Potosí «en cinco años no ha llegado un peso» al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y negó que existan recursos estatales para obra municipal.
Respondió así al señalamiento del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, difundido esta semana, de que asignó grandes cantidades de recursos a obras del Ayuntamiento y de que habría auditorías. Galindo dijo que el Estado no ha autorizado un peso, ni adicional ni ordinario, y que lo único que llega son las participaciones federales.
El alcalde afirmó que las cuentas pueden revisarse en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya es auditado por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación. Pidió que se precise a qué obra o recurso se refiere el señalamiento y dijo que, si se le indica cuál, se retractará y ofrecerá una disculpa.
Galindo acusó que la Contraloría del Estado mantuvo retenidas tres licitaciones, entre ellas la de pavimentación en Peñasco, donde dijo que hay 14 obras listas para intervenirse. Señaló que se liberaron hace unos días y que aún faltan 45 días
Sostuvo que la responsabilidad del retraso no es del Ayuntamiento y que los oficios de liberación son públicos. Ofreció mostrarlos.
Mencionó otras obras detenidas. El Eje 140, que calificó de urgente para la zona industrial, sigue sin autorizarse, y el túnel de la salida a Guadalajara lleva desde marzo sin liberarse. El proyecto de Saucito se liberó en agosto y su licitación sigue en proceso, afirmó. «A alguien no le cae bien que avancemos», dijo.
Al preguntársele si los retrasos afectan el ejercicio fiscal, respondió que los recursos federales se aplicaron para no tener que devolverlos.
Galindo añadió que sigue reconociendo a Gallardo Cardona como gobernador y líder político, lo que, dijo, debería ponerlo por encima de temas electorales, pero que a su juicio mantiene una campaña permanente. Aseguró que al gobernador le siguen informando mal en materia financiera para seguir atacando al Ayuntamiento.
También lee: “O engañan al gobernador o no quiere informarse”: Galindo
Los trabajos incluyeron la reconstrucción de más de 2 mil 995 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico
Por: Redacción
Con una vialidad renovada que fortalece la movilidad y mejora la conexión con la zona urbana, la presidenta concejal de Villa de Pozos entregó la rehabilitación integral de la calle Galeana, una de las vías de acceso a la cabecera municipal que durante años presentó condiciones de deterioro y afectaciones para quienes transitan diariamente por la zona.
La obra, realizada a través de la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, comprende una intervención de 6 mil 730 metros cuadrados y representa un avance en la modernización de las vialidades y la atención al rezago en infraestructura, en b eneficio de mas de 3 mil familias.
La presidenta concejal destacó que la rehabilitación de esta calle, en el tramo comprendido entre Tercera Privada de Galeana y Segunda Calle de Villa de Guadalupe, permitirá mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal, al tratarse de una vialidad fundamental por su función como uno de los principales accesos a la cabecera municipal y su conectividad con la zona urbana, lo que facilitará los traslados cotidianos de las familias y fortalecerá la comunicación entre distintos sectores de Villa de Pozos.
Los trabajos incluyeron la reconstrucción de más de 2 mil 995 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, además de la rehabilitación de banquetas, guarniciones y alumbrado público, así como mejoras en la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario.
Interapas reconoce solo los 296 millones por saneamiento y rechaza 584.3 millones por operación y mantenimiento de Tenorio que no están sustentados en ningún convenio previo
Por: Jorge Saldaña
La Comisión Estatal del Agua (CEA) elevó de 296.3 millones a 880.65 millones de pesos su reclamo contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (INTERAPAS) entre el 13 y el 21 de octubre, al añadir 584.3 millones por operación y mantenimiento de la planta Tenorio.
El comunicado del 21 de octubre fija el total en 880 millones 650 mil 492.19 pesos: los adeudos por saneamiento más 584 millones 333 mil 116.50 pesos por operación y mantenimiento de 2021 a 2026.
De acuerdo a información oficial de la CEA identifican a Interapas como deudor y responsabilizan políticamente al alcalde Enrique Galindo Ceballos por presidir su Junta de Gobierno.
En respuesta, Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de Interapas, reconoció que el organismo adeuda aproximadamente 296.3 millones por saneamiento, pero rechazó los 584.3 millones adicionales. Sostuvo que la revisión jurídica del organismo no encontró un convenio o decreto que establezca esa obligación.
El 20 de octubre tras su comparecencia ante el Congreso del Estado, la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, reconoció que inmuebles y dependencias del Gobierno del Estado de San Luis Potosí tienen adeudos con Interapas y volteó las cifras exponiendo a medios de comunicación que era el Interapas el que debía no 200 sino 900 mdp.
En la reseña oficial del Congreso se recogió una estimación de 184 millones de pesos correspondiente a 2025 que debe gobierno al organismo aún con inconsistencias.
En este sentido, la funcionaria expuso un gasto mensual de 12 millones de pesos a cargo de la CEA y estimó un adeudo de Interapas superior a 900 millones. Esa cifra no coincide con los 880.65 millones que la dependencia publicó al día siguiente, sin embargo no se ha dado explicación al respecto.
Días antes de la comparecencia, el 14 de octubre, el alcalde Galindo afirmó que el Estado se acercaba a 300 millones de pesos de deuda con Interapas y propuso compensar saldos y liquidar la diferencia.
En los documentos públicos consultados no se encontró convenio o acuerdo que sustente la integración de los 584.3 millones que aumentó el gobierno estatal ni el importe conciliado que deben los inmuebles estatales de manera desglosada, por lo que no es posible establecer un saldo neto definitivo.
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