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Deportaciones desde SLP bajaron a más de la mitad
En enero y febrero de 2019, 205 extranjeros fueron devueltos a sus países; en 2018 el número había sido de 569
Por: El Saxofón
Las deportaciones de centroamericanos desde San Luis Potosí cayeron a menos de la mitad en el primer bimestre del año. De acuerdo con el Boletín Estadístico Mensual de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), -en su apartado extranjeros presentados y devueltos-, en enero y febrero de 2019, han sido devueltos a sus países de origen, 205 extranjeros, mientras que en el mismo periodo de 2018, fueron retornados 569.
De los 205 extranjeros devueltos, 203 son procedentes de países centroamericanos y dos de América del Sur, más específicamente de Colombia. Entre los centroamericanos deportados, destacan 151 hondureños, 33 guatemaltecos, 18 salvadoreños y uno procedente de Nicaragua. De esta cifra, al menos 35 de los migrantes son menores de edad.
También resalta que en el caso de los centroamericanos devueltos a sus países, no se trató de deportaciones, sino de eventos de retorno asistido: 168 de los casos fueron en ese supuesto, 35 de los cuales fueron Retorno asistido de menores.
La Segob aclara que los “Eventos de retorno asistido: Se refiere a eventos de migrantes de 18 años y más, que solicitaron el beneficio de retorno asistido para ser devueltos a su país de origen, según lo previsto los artículos 111, 115, 118 y 119 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento, previo proceso administrativo de presentación según lo establecido en el artículo 99 de la misma Ley”.
En cuanto a los “Eventos de retorno asistido de menores: Se refiere a devoluciones de menores de 18 años devueltos a su país de origen, según los previsto en los artículos 111, 112, 115 y 120 de la Ley de Migración y del artículo 193 de su Reglamento.
La baja en el número de deportaciones de migrantes procedentes de la región de Centroamérica, coincide con el paso de una caravana de migrantes, que a principios del mes de febrero pasó por territorio potosino con el fin de llegar a la frontera con Estados Unidos y cruzar hacia el país del norte.
Sin embargo, también destaca que la cifra más baja se registró en enero, cuando solo 50 migrantes fueron apoyados para regresar a sus países, mientras que en febrero, el mes en el que pasó la caravana, la cifra se elevó a 155.
Del total de centroamericanos que fueron sujetos de retorno asistido, fueron 147 hombres y 20 mujeres.
Aunado a ello, entre enero y febrero 64 menores fueron presentados ante la autoridad migratoria en San Luis Potosí; 23 eran adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad, de los cuales 12 viajaban acompañados y 11 viajaban solos.
También fueron presentados 41 menores de cero hasta 11 años, los cuales todos viajaban en compañía de un adulto.
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A nivel nacional, en el primer bimestre del año, fueron devueltos a sus países 13 mil 643 extranjeros. En enero la cifra fue de 5 mil 596, y en febrero ascendió a 8 mil 407.
Este volumen de extranjeros retornados también es inferior al registrado en el mismo periodo del 2018, cuando se repatriaron 16 mil 954 extranjeros, la mayoría procedentes de países de Centroamérica.
Recientemente, las políticas migratorias de México se han visto envueltas en la polémica, pues hay quien considera que el gobierno federal está fungiendo como una contención al flujo migratorio que se dirige hacia los Estados Unidos. El gobierno mexicano ha entregado miles de visas humanitarias a migrantes, con el fin de regular su paso por el territorio nacional y ofrecerles mayor seguridad en la travesía.
Entidades del centro del país, como San Luis Potosí, siguen fungiendo como zonas de tránsito, a las cuales los migrantes llegan y permanecen por unos días antes de continuar en la ruta.
En octubre de 2018, a raíz de las expresiones xenófobas del presidente Donald Trump, en Estados Unidos, miles de centroamericanos se organizaron en caravanas para llegar a México y avanzar hacia la frontera norte del país con el fin de solicitar asilo en Estados Unidos, mientras esperan respuesta se asientan en ciudades fronterizas mexicanas, y algunos incluso se entregan a las autoridades migratorias estadounidenses, sobre todo familias, con la esperanza de obtener la estancia legal en aquel país.
El fenómeno se hace eco a nivel mundial. Recientemente, la fotografía ganadora del prestigioso World Press Photo 2019, correspondió a la escena en la cual una mujer es cateada por agentes de la policía migratoria de Estados Unidos, mientras su pequeña hija rompe en llanto.
Lo cierto es que mientras el gobierno mexicano plantea soluciones de fondo mediante la búsqueda de empleos para los migrantes, el presidente Donald Trump ha optado por la construcción de un nuevo muro en la frontera con México, como la manera de frenar el desplazamiento de migrantes hacia la región.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado al de Donald Trump que Estados Unidos ayude a estimular el desarrollo económico en la región de Centroamérica a fin de ofrecer mayores oportunidades a las miles de personas que huyen de la violencia y sobre todo, de la pobreza.
Entonado
También de Estados Unidos a SLP
– 211 niños potosinos fueron deportados en 2018
En 2018, las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a 211 menores potosinos, según el Boletín Estadístico de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. De los menores deportados 199 fueron varones y 12 mujeres.
De acuerdo con estas cifras, el año pasado fueron repatriados 205 adolescentes cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 17 años, (197 hombres y 8 mujeres), así como 6 niños de once años o menos (2 niños y 4 niñas).
Nueve de cada diez adolescentes potosinos que emprenden el viaje hacia el sueño americano, lo hacen sin la compañía de un adulto. Según los datos de Menores Deportados 2018 de la Segob, el 95.12 por ciento de los adolescentes viajaban solos, y solo 10 de ellos lo hacían acompañados por un adulto.
En el caso de los 6 niños repatriados, 5 viajaban acompañados y solo 1 menor del sexo masculino emprendió la travesía en solitario.
La cifra de menores deportados en 2018, representa un aumento de 3.9 por ciento, con respecto al 2017, cuando se reportaron 203 repatriaciones.
Entonado
Trump planea enviar a migrantes a ciudades santuario
– La oposición consideró el plan como “irrespetuoso”
El presidente Donald Trump tuiteó el pasado 12 de abril que está teniendo “fuertes consideraciones” para colocar a “migrantes ilegales en ciudades santuario solamente”. El mandatario publicó su tuit horas después de que la Casa Blanca dijera que la idea ya no estaba siendo estimada.
Señaló que esta decisión “debería hacer felices” a los demócratas que defienden la política de “Fronteras Abiertas”, la Casa Blanca informó horas antes que había contemplado un plan para liberar a los migrantes detenidos en las llamadas ciudades santuario, pero que el plan fue desestimado rápidamente por los abogados y abandonado.
Las ciudades santuario son lugares donde las autoridades locales se han abstenido de cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) al momento de detener a quienes residen ilegalmente en el país.
El plan fue criticado por opositores, que lo ven como un intento de utilizar a los migrantes como peones para castigar a los opositores políticos de Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que el plan es “irrespetuoso”.
Niño guatemalteco murió en centro de detención en EUA por influenza
El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos
Por: Haniel Valdés
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.
Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.
Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.
Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.
El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.
El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.
Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.
También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan
Destacadas
Diputados modifican las reglas del Impuesto Sobre la Renta para pequeños contribuyentes y grandes empresas
El ajuste amplía el techo del régimen simplificado y acota los gastos deducibles de las corporaciones
Por: Roberto Mendoza
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar el cobro del Impuesto Sobre la Renta. Durante la presentación del documento, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resumió el objetivo de los controles incorporados: “Se combate el uso indebido de facturas y deducciones”.
Para el sector de menores ingresos, el ajuste permite que profesionistas, arrendadores y dueños de micronegocios que perciban hasta cinco millones de pesos al año —un millón y medio más que el tope previo— tributen en el Régimen Simplificado de Confianza con una tasa máxima mensual del 2.50 por ciento. El esquema se extiende además a negocios que facturen hasta 50 millones de pesos anuales, y los productores del campo y la pesca quedan exentos de impuestos hasta por un millón de pesos.
Por el contrario, a las compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales se les restringe el porcentaje de gastos operativos y de pérdidas de años anteriores que pueden descontar. También se reduce del 30 al 20 por ciento
Respecto a estos candados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que aplicar un límite generalizado, en vez de detectar individualmente las facturas improcedentes, posterga las deducciones excedentes hasta por veinte años e incrementa el pago inmediato del impuesto para las industrias manufactureras y comerciales que operan con márgenes de utilidad reducidos.
La reforma también fija en la ley, con vigencia hasta 2030, incentivos fiscales para descontar de inmediato las inversiones y los gastos en capacitación e innovación dentro del Plan México y en los corredores industriales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y de economía circular. Con estas medidas, el Gobierno Federal proyecta simplificar el pago de contribuciones, frenar a las empresas factureras y captar mayores recursos para programas sociales y obras de infraestructura.
Lee también: Hacienda defiende ante diputados el Paquete Económico 2027
Ayuntamiento de SLP
Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva
Tras el señalamiento contra el dirigente panista Carlos Enrique Dahud por recibir honorarios del Ayuntamiento, el alcalde Enrique Galindo respondió con una acusación contra el presidente del Congreso: afirma que registros de transparencia muestran que Luis Fernando Gámez Macías sigue cobrando 32 mil pesos en la Secretaría General de Gobierno
Por: Jorge Saldaña
Foto creada con IA
La confrontación entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el bloque político del Gobierno del Estado escaló este martes, luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos acusó al presidente de la Directiva del Congreso local, Luis Fernando Gámez Macías, de aparecer simultáneamente en la nómina de la Secretaría General de Gobierno con una percepción de 32 mil pesos.
El señalamiento surgió un día después de que se hiciera público que Carlos Enrique Dahud Uresti, secretario general y presidente en funciones del PAN estatal, mantiene un contrato de honorarios con el Ayuntamiento capitalino por alrededor de 28 mil pesos mensuales.
Galindo reconoció que Dahud presta servicios al gobierno municipal, pero rechazó que se trate de una irregularidad o de un caso de “aviaduría”. Según explicó, el dirigente panista cuenta con un contrato por honorarios, cumple funciones específicas y ese esquema no necesariamente implica un horario fijo.
“No es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función en función de un contrato de honorarios”, sostuvo el alcalde, quien aseguró que está dispuesto a mostrar la documentación y las actividades realizadas por Dahud.
Acto seguido, Galindo devolvió el señalamiento al Congreso.
De acuerdo con el alcalde, información obtenida mediante solicitudes de transparencia indica que Gámez Macías todavía aparece como director general dentro de la Secretaría General de Gobierno y recibe aproximadamente 32 mil pesos.
“Eso sí es un delito, si es que no ha renunciado”, afirmó Galindo, quien insistió en que el legislador debe aclarar públicamente si mantiene o no una relación laboral y salarial con el Poder Ejecutivo al mismo tiempo que ejerce como diputado y presidente de la Directiva del Congreso.
La afirmación corresponde al señalamiento del alcalde y, hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que Gámez continúe cobrando ese salario ni se ha determinado por una autoridad que exista responsabilidad penal o administrativa.
Galindo elevó además el tono del enfrentamiento al asegurar que, si se pretende abrir una investigación contra el Ayuntamiento por el caso Dahud, el Congreso debería aplicar el mismo criterio al propio Gámez.
“Que el presidente del Congreso, el diputado Gámez, explique primero si sigue cobrando en la Secretaría General. Es un dato muy reciente, cobra 32 mil pesos”, declaró.
Incluso sostuvo que, en caso de comprobarse una incompatibilidad, a Gámez también podrían alcanzarle procedimientos como un juicio político o una eventual inhabilitación.
El alcalde ironizó sobre el caso al señalar que el presidente de la Directiva no sería “un aviador chiquito”, sino “un aviador del 727”, debido al nivel del cargo que, según Galindo, aparece registrado en la administración estatal.
Más allá del posible doble cobro, Galindo acusó a Gámez de utilizar la presidencia del Congreso para mantener una ofensiva política contra el Ayuntamiento capitalino.
A pregunta expresa sobre si consideraba que el legislador había sido colocado al frente de la Directiva con el propósito de confrontarlo rumbo al proceso electoral de 2027, respondió: “Estoy seguro de eso, pero el Congreso no se lo merece”.
Galindo sostuvo que las expresiones de Gámez comprometen institucionalmente al Poder Legislativo porque, en su calidad de presidente de la Directiva, sus declaraciones ya no pueden ser consideradas únicamente opiniones personales.
“Hoy que es presidente representa a un poder. No es Gámez el que habla, habla el Congreso”, señaló.
Por ello, pidió al legislador separarse de la presidencia de la Directiva si pretende continuar con la confrontación política.
“Yo le pido que mejor deje la Directiva. Que si él como presidente del Congreso es nombrado para golpearme, yo invito al diputado a que deje la Directiva para que nos golpeemos a gusto”, expresó.
El alcalde también reclamó una postura del Gobierno del Estado y particularmente de la Secretaría General de Gobierno para aclarar si Gámez mantiene actualmente algún nombramiento o percepción económica dentro de esa dependencia.
“Si Gámez no deja fehacientemente claro que renunció como director general de la Secretaría General, pues también el secretario general tiene que decir algo. Yo también creo que el Gobierno del Estado tiene que fijar una postura”, afirmó.
El episodio abre un nuevo frente en la disputa pública entre el Ayuntamiento capitalino y actores políticos ligados al Gobierno del Estado y al Partido Verde, ahora con señalamientos cruzados sobre nóminas públicas, posibles incompatibilidades y utilización política de las instituciones.
Galindo aseguró que responderá cualquier investigación relacionada con la contratación de Dahud, pero exigió que el mismo nivel de escrutinio se aplique al presidente del Congreso.
“Yo me comprometo a aclarar lo mío y a demostrar que no es ilegal. Que él aclare”, sentenció.
Lee también: Sin calles ni Ayuntamiento de por medio: la carrera del Congreso se correrá en el Tangamanga
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