noviembre 21, 2024

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Súper delegado Gabino Morales, ¿el del PRIAN?

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Con votos del PRI y del PAN fue que el súper delegado logró correr a la exoficial Mayor del Congreso

Por La Orquesta

Fue con los votos de los diputados del PRI y el PAN, y no los de Morena, con los que Gabino Morales Mendoza, el súper delegado del gobierno federal en San Luis Potosí, operó la expulsión de su compañera de partido Marcelina Oviedo Oviedo de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado.

Y es que de acuerdo con los números oficiales, solamente 4 legisladoras de la coalición, Morena-PT-PES votaron en contra de la expulsión de su compañera de partido, mientras que Edson Quintanar y Pedro César Carrizales “El Mijis” de Morena y PT prefirieron salir de la sesión y así omitir su voto y el legislador Mario Larraga, del PES, se abstuvo en la votación.

A favor de la expulsión de la morenista Oviedo Oviedo, votaron sus compañeras Paola Arreola y Alejandra Valdés Martínez junto a la fracción tanto del PAN y PRI con excepción de José Antonio Zapata Meraz que no asistió a la sesión.

Fuentes consultadas señalan que con estos datos se confirma que, luego de la expulsión de la diputada federal María Luisa Veloz
como presidenta del Consejo Estatal de Morena el pasado 24 de febrero por parte del delegado Gabino Morales, siguió la expulsión de Marcelina Oviedo, quien fue la suplente de Paloma Rachel Aguilar Correa en su candidatura al V distrito federal, ambas consideradas de un grupo opositor al superdelegado.

Al margen de la operación política y la suma de votos que expulsaron a Marcelina Oviedo, cabe recordar que la propia Auditoría Superior del Estado, un día después de la votación confirmó que Oviedo Oviedo nunca cumplió con los requisitos legales para ostentar el cargo.

De cualquier forma, en los círculos de la política local se considera que el superdelegado se anotó un segundo golpe contra adversarios de su propio partido aliándose con miembros tanto del Partido Acción Nacional como del Revolucionario Institucional.

 

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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo

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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra

Por: Redacción

El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.

De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.

Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.

A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,

pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.

El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.

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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya

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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX

Por: Redacción

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.

Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.

En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA

, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.

“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.

Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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