enero 8, 2026

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En SLP se evade la realidad respecto a la elevada producción de droga

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El estado ocupa el primer lugar nacional de dicho crimen, pero secretarios y funcionarios se niegan a asumirlo

Por El Saxofón

La semana pasada una noticia publicada a nivel nacional causó revuelo. San Luis Potosí fue el estado de la República en el que se abrieron más carpetas de investigación por el delito de producción de drogas. La nota, destacada en el diario Reforma, no podía pasar desapercibida.

Tampoco debería ser noticia nueva. Esta tendencia ya había sido advertida desde mayo del año pasado por La Orquesta. La misma cifra se dio a conocer a nivel local días antes de que la publicara el diario Reforma.

Sin embargo, tuvo que ser publicada por el diario nacional para que las autoridades locales reaccionaran.

El gobierno del estado se apresuró a decir sin más argumentos. Sobre las 232 carpetas de investigación abiertas por este delito en la Fiscalía General de la República, Alejandro Leal Tovías, Secretario General del Gobierno, solo dijo: “lo vamos a revisar“.

No obstante, las declaraciones de Leal Tovías no pueden ocultar una realidad comprobable y por tanto, innegable: en 2018 la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en San Luis Potosí abrió 232 carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de Producción, el mayor número de indagatorias por este delito en todo el país y en la historia de la entidad. También es el mayor número de investigaciones abiertas en una entidad federativa por producción de droga, desde que se llevan las estadísticas (2012).

La cifra está contenida en el apartado de Delitos del Fuero Federal, en las estadísticas de incidencia delictiva que cada mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La producción de drogas es un delito cuyo combate corresponde al gobierno federal. Por lo que toca a la Delegación de la FGR en San Luis Potosí, según datos que constan en el portal web de la dependencia, a lo largo de 2018, se abrieron 290 carpetas de investigación por Delitos Contra la Salud (delitos relacionados con drogas). De estos 232 fueron por Delitos contra la Salud en su modalidad de Producción; 40 en la modalidad de Posesión; 15 en la modalidad de Transporte, y 1 en la Modalidad de Comercio. Aunado a ello, la FGR atrajo 9 casos de narcomenudeo, aunque este es un delito que corresponde atender a la fiscalía local.

En el caso de la modalidad de Producción de Droga, el desglose por mes, revela que en enero de 2018, la Delegación de la PGR en San Luis Potosí no abrió ninguna carpeta de investigación, sin embargo en febrero abrió 11, -la mayor cifra desde el 2012- , en marzo 24; en abril 17; en mayo 23; en junio 17; en julio 22; en agosto 25; en septiembre 31; en octubre 14; en noviembre 26; y en diciembre 22.

UN CASO

Si las cifras no bastan, hay que recordar que en el pasado reciente, San Luis Potosí no ha estado exento de la producción de drogas. En septiembre de 2016 fue asegurado un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Zaragoza.

En el lugar fueron encontrados 145 contenedores de mil litros; 222 tambos de 200 litros; garrafas de 100 litros; cubetas de 50 litros; 5 tinacos de 5 mil litros cada uno; 62 bultos de sodio; 30 máquinas centrífugas y calderas; 3 tanques de gas para 5 mil litros; 5 tanques de gas para 40 kilogramos y una camioneta. No hubo detenidos.

Apenas el año pasado, dos años después de su aseguramiento, el narcolaboratorio fue desmantelado.

La finca permaneció resguardada durante dos años, y no fue sino hasta mayo de 2018, un miércoles por la tarde, en presencia del MP, que personal expertos en uso de sustancias químicas desalojaron los materiales.

HISTÓRICO

Los delitos Contra la Salud están tipificados en el Título Séptimo, Capítulo I del Código Penal Federal. En el artículo 194 se establece que por “producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico”. Este delito merece de diez a 25 años de prisión.

En 2012, las entidades con mayor número de carpetas de investigación abiertas por producción de droga eran Sinaloa (133), Sonora (195) Michoacán (186), Jalisco (134). Si se mira, son entidades habitualmente relacionadas con las actividades del crimen organizado.

En 2013 el número de investigaciones abiertas bajó, pero siguieron siendo las mismas entidades. Sonora 86, Sinaloa 77, Michoacán 68, Jalisco descendió hasta 21, subieron a 32 en Baja California y a 34 en Coahuila.

Ese año, en total fueron 470 carpetas de investigación a nivel nacional.

En 2012 y 2013, San Luis Potosí, registró cero indagatorias. Sin embargo, en 2014, apareció por primera vez en la estadística con 3. Ese año siguieron a la cabeza los mismos estados, Sinaloa con 73 averiguaciones, Sonora con 54, Michoacán con 52, Baja California subió a 37, Jalisco Bajó a 11.

A nivel nacional las investigaciones abiertas en ese periodo anual bajaron a 434.

En 2015 las carpetas de investigación en todo el país aumentaron a 488. Subieron las cifras en Sinaloa 102, Sonora registró 64, se sumó el vecino estado de Guanajuato con 49, y apareció  Coahuila con 39. San Luis volvió a registrar 3.

En 2016, las cifras volvieron a moverse, Chiapas subió al primer lugar con 110 indagatorias, por encima de Sinaloa y Jalisco que registraron 96 cada uno, Sonora con 68. Apareció el Estado de México con 71 carpetas de investigación. Michoacán se mantuvo con 46 y  Nuevo León subió a 48.

A nivel nacional se duplicaron las carpetas de investigación a 505. San Luis registró 8.

En 2017 las indagatorias bajaron considerablemente en Sinaloa y Sonora 37 y 27 respectivamente. En primer lugar se ubicó Jalisco con 57. Chihuahua en segundo con 47. San Luis Potosí se ubicó en cuarto lugar al nivel de Michoacán con 33 carpetas de investigación abiertas.

El número de indagatorias subió a 780.

En 2018, como ya se sabe, San Luis Potosí subió al primer lugar con 232 denuncias, por encima de Baja California que sumó 213, Sonora con 109, Jalisco con 103, Sinaloa con 73 y Estado de México con 96.

El número total de indagatorias abiertas en el país fue de 1 mil 258.

***

Entre 2012 y 2018, años que abarca la estadística, ningún estado ha quedado exento de investigaciones por el delito de producción de drogas, las entidades que un año registraron cero indagatorias al siguiente observan al menos una.

Entonces, ¿qué quieren decir estas fluctuaciones en las cifras de investigaciones abiertas?

Un dato interesante es que si bien las investigaciones por producción de droga en San Luis Potosí se dispararon, las indagatorias por transporte cayeron significativamente: de 139 en 2017 a solo 15 en 2018.

¿Esto significa que disminuyó el trasiego de droga en San Luis Potosí?

No necesariamente.

También lea: SLP, principal productor de drogas del país

#4 Tiempos

SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.

Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.

Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.

En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.

Aquí no.

En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.

Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.

En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.

Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.

Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?

Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.

Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)

.

Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.

Han sido omisos profesionales.

Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.

¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?

Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.

Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.

Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.

Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.

Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.

Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.

Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.

Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.

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Ciudad

¿Será removido el lirio de la presa San José en 2026?

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Mientras el Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio en El Realito, la CEA insiste en removerlo totalmente del embalse

Por: Redacción

Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que se continúa trabajando en el saneamiento del río que va desde la cortina de la presa El Peaje hasta San José y en el retiro definitivo del lirio de esta última.

Según Martínez Sánchez la primera parte del proyecto, de conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consiste en el entubamiento de un porcentaje del agua de El Peaje para que sea utilizada en el área metropolitana, la siguiente fase incluiría un saneamiento integral de la zona y los drenajes que pudieran estar obstruidos o dañados.

La segunda parte de este proyecto planea la remoción completa del lirio de agua de la presa San José, a pesar del llamado del alcalde municipal, Enrique Galindo, al cultivo controlado

de estas plantas.

Un estudio realizado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) encontró metales pesados en las raíces de los lirios, si bien dichos metales contribuyen a la limpieza del agua, no deberían ser tratados como un desecho simple.

La propuesta del Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio también en El Realito como controlador natural de la limpieza de la misma, mientras que la CEA insiste en removerlo totalmente.

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SLP apunta a erradicar el analfabetismo en 2026: SEGE

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El titular de la dependencia dijo que la entidad ocupa el primer lugar en alfabetización a nivel nacional

Por: Redacción

El 2026 podría ser un año histórico para San Luis Potosí, pues Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que este año el Estado podría erradicar el analfabetismo entre la población.

El secretario apuntó que San Luis Potosí actualmente ocupa el primer lugar nacional en alfabetización, y se están redob lando esfuerzos en la educación para adultos, en donde además de la primaria y la secundaria, se está buscando que también puedan completar la preparatoria

.

Torres Cedillo comentó que ya se encuentran en conversaciones con Armando Contreras Castillo, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de firmar un convenio que certifique a San Luis como uno de los estados que elimina el analfabetismo.

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