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En SLP se evade la realidad respecto a la elevada producción de droga
El estado ocupa el primer lugar nacional de dicho crimen, pero secretarios y funcionarios se niegan a asumirlo
Por El Saxofón
La semana pasada una noticia publicada a nivel nacional causó revuelo. San Luis Potosí fue el estado de la República en el que se abrieron más carpetas de investigación por el delito de producción de drogas. La nota, destacada en el diario Reforma, no podía pasar desapercibida.
Tampoco debería ser noticia nueva. Esta tendencia ya había sido advertida desde mayo del año pasado por La Orquesta. La misma cifra se dio a conocer a nivel local días antes de que la publicara el diario Reforma.
Sin embargo, tuvo que ser publicada por el diario nacional para que las autoridades locales reaccionaran.
El gobierno del estado se apresuró a decir sin más argumentos. Sobre las 232 carpetas de investigación abiertas por este delito en la Fiscalía General de la República, Alejandro Leal Tovías, Secretario General del Gobierno, solo dijo: “lo vamos a revisar“.
No obstante, las declaraciones de Leal Tovías no pueden ocultar una realidad comprobable y por tanto, innegable: en 2018 la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en San Luis Potosí abrió 232 carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de Producción, el mayor número de indagatorias por este delito en todo el país y en la historia de la entidad. También es el mayor número de investigaciones abiertas en una entidad federativa por producción de droga, desde que se llevan las estadísticas (2012).
La cifra está contenida en el apartado de Delitos del Fuero Federal, en las estadísticas de incidencia delictiva que cada mes publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La producción de drogas es un delito cuyo combate corresponde al gobierno federal. Por lo que toca a la Delegación de la FGR en San Luis Potosí, según datos que constan en el portal web de la dependencia, a lo largo de 2018, se abrieron 290 carpetas de investigación por Delitos Contra la Salud (delitos relacionados con drogas). De estos 232 fueron por Delitos contra la Salud en su modalidad de Producción; 40 en la modalidad de Posesión; 15 en la modalidad de Transporte, y 1 en la Modalidad de Comercio. Aunado a ello, la FGR atrajo 9 casos de narcomenudeo, aunque este es un delito que corresponde atender a la fiscalía local.
En el caso de la modalidad de Producción de Droga, el desglose por mes, revela que en enero de 2018, la Delegación de la PGR en San Luis Potosí no abrió ninguna carpeta de investigación, sin embargo en febrero abrió 11, -la mayor cifra desde el 2012- , en marzo 24; en abril 17; en mayo 23; en junio 17; en julio 22; en agosto 25; en septiembre 31; en octubre 14; en noviembre 26; y en diciembre 22.
UN CASO
Si las cifras no bastan, hay que recordar que en el pasado reciente, San Luis Potosí no ha estado exento de la producción de drogas. En septiembre de 2016 fue asegurado un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Zaragoza.
En el lugar fueron encontrados 145 contenedores de mil litros; 222 tambos de 200 litros; garrafas de 100 litros; cubetas de 50 litros; 5 tinacos de 5 mil litros cada uno; 62 bultos de sodio; 30 máquinas centrífugas y calderas; 3 tanques de gas para 5 mil litros; 5 tanques de gas para 40 kilogramos y una camioneta. No hubo detenidos. 
Apenas el año pasado, dos años después de su aseguramiento, el narcolaboratorio fue desmantelado.
La finca permaneció resguardada durante dos años, y no fue sino hasta mayo de 2018, un miércoles por la tarde, en presencia del MP, que personal expertos en uso de sustancias químicas desalojaron los materiales.
HISTÓRICO
Los delitos Contra la Salud están tipificados en el Título Séptimo, Capítulo I del Código Penal Federal. En el artículo 194 se establece que por “producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico”. Este delito merece de diez a 25 años de prisión.
En 2012, las entidades con mayor número de carpetas de investigación abiertas por producción de droga eran Sinaloa (133), Sonora (195) Michoacán (186), Jalisco (134). Si se mira, son entidades habitualmente relacionadas con las actividades del crimen organizado.
En 2013 el número de investigaciones abiertas bajó, pero siguieron siendo las mismas entidades. Sonora 86, Sinaloa 77, Michoacán 68, Jalisco descendió hasta 21, subieron a 32 en Baja California y a 34 en Coahuila.
Ese año, en total fueron 470 carpetas de investigación a nivel nacional.
En 2012 y 2013, San Luis Potosí, registró cero indagatorias. Sin embargo, en 2014, apareció por primera vez en la estadística con 3. Ese año siguieron a la cabeza los mismos estados, Sinaloa con 73 averiguaciones, Sonora con 54, Michoacán con 52, Baja California subió a 37, Jalisco Bajó a 11.
A nivel nacional las investigaciones abiertas en ese periodo anual bajaron a 434.
En 2015 las carpetas de investigación en todo el país aumentaron a 488. Subieron las cifras en Sinaloa 102, Sonora registró 64, se sumó el vecino estado de Guanajuato con 49, y apareció Coahuila con 39. San Luis volvió a registrar 3.
En 2016, las cifras volvieron a moverse, Chiapas subió al primer lugar con 110 indagatorias, por encima de Sinaloa y Jalisco que registraron 96 cada uno, Sonora con 68. Apareció el Estado de México con 71 carpetas de investigación. Michoacán se mantuvo con 46 y Nuevo León subió a 48.
A nivel nacional se duplicaron las carpetas de investigación a 505. San Luis registró 8.
En 2017 las indagatorias bajaron considerablemente en Sinaloa y Sonora 37 y 27 respectivamente. En primer lugar se ubicó Jalisco con 57. Chihuahua en segundo con 47. San Luis Potosí se ubicó en cuarto lugar al nivel de Michoacán con 33 carpetas de investigación abiertas.
El número de indagatorias subió a 780.
En 2018, como ya se sabe, San Luis Potosí subió al primer lugar con 232 denuncias, por encima de Baja California que sumó 213, Sonora con 109, Jalisco con 103, Sinaloa con 73 y Estado de México con 96.
El número total de indagatorias abiertas en el país fue de 1 mil 258.
***
Entre 2012 y 2018, años que abarca la estadística, ningún estado ha quedado exento de investigaciones por el delito de producción de drogas, las entidades que un año registraron cero indagatorias al siguiente observan al menos una.
Entonces, ¿qué quieren decir estas fluctuaciones en las cifras de investigaciones abiertas?
Un dato interesante es que si bien las investigaciones por producción de droga en San Luis Potosí se dispararon, las indagatorias por transporte cayeron significativamente: de 139 en 2017 a solo 15 en 2018.
¿Esto significa que disminuyó el trasiego de droga en San Luis Potosí?
No necesariamente.
También lea: SLP, principal productor de drogas del país
APUNTES
La tensión entre la autoridad estatal y municipal está alcanzando límites peligrosos. Es una tensión diaria, inocultable, palpable y al rojo vivo.
A pesar de expresiones esporádicas como esa de “no es tiempo de enfrentarse con nadie”, las mismas duran lo que dos parpadeos, se disuelven a la velocidad de las redes y se transforman nuevamente en señalamientos de ida y vuelta.
Sin necesidad, los umbrales de tolerancia de Ricardo Gallardo y Enrique Galindo se desvanecen y el asunto ya traspasó lo institucional.
El núcleo del enojo —porque así lo comunican— radica en una suerte de competencia de colocación de mensajes y acciones que Gallardo los atribuye a Galindo y viceversa.
El riesgo es que esta guerra absurda se les salga de las manos y sean otros quienes, por “quedar bien”, escalen las hostilidades.
Se les llama “acomedidos”.
Gente que, asumiendo bandos y buscando una especie de “comprobación de lealtades”, toman “iniciativas” por su cuenta y alimentan el encono entre sus respectivos jefes.
Que eso ocurra es tanto como para un general no controlar el uso de su armamento ni a su tropa.
Como ejemplo, hace apenas un rato, el gobernador se quejó, notoriamente alterado y molesto, de que el municipio paga y pauta para que se difundan mentiras, como la del supuesto “búnker” del fraccionamiento Club de Golf, cuando se trató de un asunto doméstico (de alcances mucho más grotescos… pero finalmente un asunto íntimo con mucha violencia de género).
Por su parte, ayer domingo, el alcalde dejó ver en una entrevista (porque no acusó) que la manifestación en su contra… tenía todas las características de ser un acto de provocación.
Las mujeres inconformes se defendieron, como manada en peligro, insistiendo en que eran vecinas de la Garita de Jalisco, sin embargo, llamó la atención que no tuvieron intención de dialogar ni antes, durante ni después del evento.
Su consigna era muy vaga, poco clara, y el objetivo manifiesto, visto por muchos asistentes, era claramente arruinar el evento municipal. ¿Las mandaron? ¿Se mandaron solas? ¿Fue manifestación genuina? ¿Alguien ve Moros con tranchetes o tormentas en vasos con hielo?
El alcalde, en una frase, dejó ver lo que interpretó del asunto: “Lamento que se hayan cruzado esos límites.”
En ambos casos, estoy seguro (o por lo menos así me gusta pensar)
La responsabilidad de ambos es haber generado este ambiente de presión política a punto de erupción, produciendo sin control actos que ejecutan, con o sin consigna imaginaria, en el mejor de los casos, sus subalternos.
En el camino, el desgaste se lo llevan ellos, los corajes los padecen ellos, y mientras tanto, el ambiente político se enrarece y se polariza.
De acuerdo a lo que este aprendiz de reportero sabe, la comunicación institucional… es nula, lo que es un pésimo indicador.
Esta no es una guerra fría, es una guerra declarada y activa.
Habrá daños colaterales y al final pierde el Estado.
¿Cómo va a terminar esto?
Ambos gobiernos continúan con sus agendas de trabajo, y los dos tienen bastante qué presumir en obras y acciones: infraestructura, programas sociales, bacheo, iluminación, recuperación de espacios, grandes proyectos de movilidad, etc.
¿Para qué desviar la agenda pública de sus acciones desperdiciando su tiempo en efímeros golpeteos discursivos?
Finalmente, si están en guerra, ¿están seguros de controlar sus ejércitos?
Para nadie en los medios es un secreto que, con o sin conocimiento de sus jefes, perfiles y páginas son manejadas por funcionarios de Palacio (no me hagan dar nombres).
En una ruta hacia una tregua estratégica, ¿no sería sano para todos que cesaran la operación de sus portales “dejatemadreo”?
Es una idea.
Por lo menos dejarían de ser víctimas del algoritmo y de lo que ven en sus redes, que los está alterando y la ciudadanía lo nota.
Para cambiar la percepción, empiecen por cambiar la narrativa.
Yo soy Jorge Saldaña
Hasta mañana
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Leticia Vargas detalló que el hurto ha impedido que se concluya las obras de alumbrado
Por: Redacción
Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), denunció que la instalación del alumbrado público en la Vía Alterna y Avenida Salk ha sido severamente obstaculizada por el robo constante de infraestructura, incluyendo postes completos.
“Van a plena luz del día, los cortan, los cargan en camionetas y se los llevan, incluso los postes enteros. En Salk, tengo reportados más de 20 robos”, declaró Vargas Tinajero, al subrayar que ya se han interpuesto denuncias ante las autoridades correspondientes.
Aunque en algunos casos los responsables han sido detenidos, el problema persiste. Vargas no descarta que los responsables sean vecinos o personas que los venden por kilo
La funcionaria advirtió que estas acciones no solo afectan el desarrollo urbano, sino que ponen en riesgo la vida de quienes manipulan los cables, al hacerlo sin conocimientos técnicos ni medidas de seguridad. “Sí hay riesgo de electrocución, y es muy alto”, advirtió.
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La titular de los Servicios de Salud indicó que las embarazadas adolescentes tienen entre 13 y 17 años, aunque no hay un incremento inusual
Por: Redacción
Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, aseguró que no se ha registrado un incremento inusual en embarazos adolescentes durante el 2025, aunque reconoció que este fenómeno sigue presente y representa un desafío en salud pública pues uno de cada 5 embarazos son de menores de edad.
Dávila explicó que el porcentaje de embarazos en menores de edad se mantiene estable, dentro de los parámetros de años anteriores: “No se ha salido de la curva. Existen embarazos en adolescentes, pero no van a la alza.”
Según estimaciones de la dependencia, alrededor del 20% de los embarazos registrados anualmente en el estado corresponden a menores de edad, principalmente en rangos de 13 a 17 años. La funcionaria subrayó la gravedad del problema:
“Una madre de 13, 14 o 15 años es todavía una niña. Por eso estamos trabajando fuertemente para evitarlo.”
Para ello, destacó que se ejecutan programas dirigidos a la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la educación sexual, la prevención del embarazo no planificado y el acceso a servicios de salud. Estos esfuerzos se realizan en coordinación con los municipios, los DIFs y las instituciones educativas.
Dávila Chávez reiteró que, aunque la situación está contenida, no puede relajarse la estrategia, pues los embarazos adolescentes no solo implican riesgos para la salud de la madre y del bebé, sino también consecuencias sociales, educativas y económicas a largo plazo.
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