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En prisión, recibió nueva orden de aprehensión por secuestro en Villa de la Paz
El sujeto ya se encontraba en el centro de reinserción social de Matehuala por otro ilícito, ahí las autoridades le informaron sobre la nueva orden de aprehensión en su contra
Por: Redacción
Agentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informaron que cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de secuestro, en contra de un hombre de 27 años de edad que ya se encuentra recluido en el penal de Matehuala por otro delito.
Los hechos ocurrieron el 16 de febrero del 2017 en el municipio de Villa de la Paz, cuando varios sujetos armados entraron a un corral propiedad del afectado, exigiéndole una fuerte suma de dinero para no hacerle daño y trasladándolo en contra de su voluntad a un terreno cercano, donde lo mantuvieron por varias horas.
Los presuntos secuestradores lo obligaron a contactar a su esposa para exigirle que entregara el dinero, obteniendo de esta forma un monto económico, además de 30 monedas de plata. Sin embargo, los hombres pidieron un segundo pago, los cuales tendría que entregar después de ser liberado.
Fue el 19 de marzo del 2018, cuando el ahora imputado regresó a la vivienda de la víctima, a bordo de una motocicleta tipo cross, en color verde con negro, mostrándole un arma de fuego y exigiéndole la cantidad pactada un año atrás, amenazándolo con hacerle daño a su esposa e hija.
El afectado decidió denunciar los hechos en la Fiscalía y los elementos de la Policía Investigadora comenzaron de inmediato con los trabajos pertinentes, dando como resultado establecer la identidad de uno de ellos, por lo que se solicitó la orden de aprehensión al juez.
Con el mandamiento judicial en contra de José de Jesús, por el delito de secuestro, los policías tuvieron conocimiento de que este se encontraba recluido en el centro de reinserción social de Matehuala por otro ilícito y en ese lugar, el afectado logró identificarlo plenamente como una de las personas que lo privaron de la libertad.
El detenido se encuentra presuntamente relacionado a una célula delictiva que operaba en los municipios de Matehuala, Cedral y Villa de la Paz, en la zona Altiplano de San Luis potosí, la cual se dedica a los delitos de extorsión, secuestro y homicidios; por lo que los agentes continuaran con las investigaciones correspondientes.
Las autoridades dieron a conocer que ya se encuentran detenidas otras dos personas relacionadas con este secuestro.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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