Se establecerán protocolos claros y obligatorios para proteger a la víctima en el primer momento

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer expresamente la obligación de denuncia inmediata por parte de todo el personal educativo, directivo y administrativo, en casos de cualquier hecho de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, la LXIV Legislatura aprobó la reforma a los artículos, 83, y 85 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, propuesta por el diputado Luis Fernando Gámez Macías y la C. Irlanda Susana del Río Contreras, en representación de la Fundación Internacional Granito de Arena A.C.

Se establece que la omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal aplicable y a las disposiciones administrativas correspondientes, garantizando en todo momento el interés superior de la niñez.

Se indica que los protocolos de actuación serán elaborados de manera conjunta por la Autoridad Educativa Estatal, Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detención oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel educativo, A su vez, determinará, los mecanismos para la medición y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.

En su exposición de motivos, se señala que el establecimiento de protocolos claros y obligatorios permitirá proteger a la víctima desde el primer momento; brindar certeza jurídica al personal escolar, evitando que su actuación quede sujeta a interpretaciones discrecionales; y articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estatal y municipales. 

Además, se deberá de capacitar de manera periódica a todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos. Con estas reformas, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia en la protección integral de la infancia.

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En menos de 48 horas, el anuncio del diputado Cuauhtli Badillo sobre una inversión federal para sanear el embalse derivó en un choque de versiones entre funcionarios de tres niveles de gobierno —ninguno con documentos— y terminó en una acción legal que podría paralizar la obra antes de que arranque

Por: Redacción

Este 13 de mayo, la asociación civil Cambio de Ruta presentó un escrito dentro del amparo indirecto 729/2018-VI ante el Juzgado Octavo de Distrito para obligar al diputado local Cuauhtli Fernando Badillo Moreno a acreditar una inversión federal de entre 16 y 18 millones de pesos para el saneamiento de la Presa San José.

La acción tiene precedente: la misma organización ya paralizó con amparos la rehabilitación del Parque de Morales, cuestionó la operación del parque acuático Dinoasis y se ha opuesto sistemáticamente a varias obras tanto del estado como de la capital.

En esta ocasión el amparo exige que Badillo, el Congreso del Estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entreguen los documentos que avalen el proyecto: gestiones realizadas, nombres de los servidores públicos involucrados, origen de los fondos, calendario de ejecución y constancia de que la inversión está formalmente autorizada mediante anexos técnicos y dictámenes. Si el juzgado emite el requerimiento y los documentos no existen o no se presentan, el proyecto quedaría suspendido.

El conflicto estalló el 11 de mayo, cuando Badillo, diputado de Morena, anunció públicamente que la Conagua ya aprobó una intervención al embalse que contempla la limpieza de lirio acuático, mantenimiento del cárcamo y rehabilitación de la planta tratadora. Ese mismo día, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos informó que desconocía la iniciativa y que la Conagua tampoco le supo dar detalles. El 13 de mayo, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, confirmó que su dependencia tampoco cuenta con información oficial sobre los recursos.

Badillo justificó que el municipio no fue notificado porque el proyecto se ejecutará exclusivamente entre el gobierno estatal y la federación. Galindo Ceballos dijo estar dispuesto a colaborar una vez que la Conagua oficialice la información, y advirtió que el retiro del lirio acuático no es una decisión menor: estudios del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) indican que esa planta retiene actualmente metales pesados en el agua del embalse.

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Jesús Juárez Hernández, sostuvo una reunión para dar seguimiento a las acciones derivadas de la Estrategia Nacional contra la Extorsión

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reforzó la coordinación con el Centro de Atención de Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE), a fin de mejorar la atención y seguimiento de reportes relacionados con este delito.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, sostuvo una reunión de trabajo con el enlace del Centro para dar seguimiento a las acciones derivadas de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, además de fortalecer la orientación ciudadana y los mecanismos de respuesta institucional, con un apoyo sin límites para acercar herramientas de prevención y protección a las familias de las cuatro regiones.
Durante el encuentro también se revisaron los alcances de la Campaña Nacional contra la Extorsión