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56% de los trabajadores potosinos trabajan sin prestaciones
Más de 600 mil trabajadores potosinos trabajan en la informalidad; pese a ello, la informalidad no es ilegal y eleva el costo de la nómina a los patrones
Por: El Saxofón
La mayoría de los trabajadores potosinos que laboran en condiciones de informalidad -es decir, sin las debidas prestaciones de ley, como seguridad social, créditos de vivienda, entre otros- emplean sus servicios en Empresas, Gobierno e Instituciones, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Inegi en su edición del primer trimestre de 2019.
De acuerdo con el Inegi, en San Luis Potosí, el 56 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) padece la informalidad laboral y trabajan solo por un salario, muchas veces bastante precario.
Según los resultados de la ENOE, el Gobierno, las Empresas y las Instituciones ocupan al 26.9 por ciento del total de trabajadores en la informalidad, y este porcentaje incluso ya supera ligeramente al Ámbito Agropecuario, donde labora el 26.6 por ciento de los trabajadores sin prestaciones.
El trabajo doméstico remunerado es el otro sector donde se perpetúa la informalidad laboral, y los trabajadores y trabajadoras no reciben más beneficios que el simple salario.
Llama la atención que, según los resultados de la ENOE, la informalidad laboral en el trabajo doméstico remunerado (personas que trabajan en labores del hogar) bajó un punto porcentual en el último año. En el primer trimestre de 2018, el 5.6 por ciento de los trabajadores en condiciones de informalidad laboraban en este sector, cifra que disminuyó al 4.6 por ciento en el primer trimestre de 2019.
Entre los trabajadores del campo -el sector agropecuario-, la informalidad también registró un marginal descenso, al pasar de 26.9 a 26.6 por ciento.
En contraste, la informalidad en Empresas, Gobierno e Instituciones creció de 25.6 al 26.9 por ciento.
“En San Luis Potosí, entre el primer trimestre de 2018 y el de 2019, la Tasa de Informalidad Laboral 1 pasó de 55 a 56.7 por ciento; mientras que la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 aumentó 0.6 de punto porcentual, al pasar de 23.1 a 23.7 por ciento. Al excluir del cálculo a la población ocupada agropecuaria, se obtiene la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2 (TOSI2), la cual pasó de 27.8 a 28.5 por ciento en los primeros trimestres de 2018 y 2019; el valor de la Tasa de Informalidad Laboral 2 (TIL2) es mayor en 1.5 puntos porcentuales, al pasar de 48.4 a 49.9 por ciento en el mismo periodo”, reporta la ENOE.
“La Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), es el cociente de la ocupación informal total con respecto a la población ocupada total, da cuenta del porcentaje de ocupados que carecen de la protección de la seguridad social básica por parte de su trabajo, que es el acceso a los servicios de salud, o bien, por laborar en unidades económicas no registradas, condición que los coloca en una situación de vulnerabilidad para hacer valer las garantías laborales elementales”, menciona la encuesta de Inegi. En el primer trimestre de 2019, la TIL1 de San Luis Potosí es de 56.7 por ciento.
San Luis Potosí tiene una población ocupada -es decir, que tiene empleo- de 1 millón 188 mil 616 personas, si el 56.7 por ciento de ellos laboran en la informalidad, en términos absolutos, esto equivale a 673 mil 945 trabajadores que no cuentan con las prestaciones de ley, y que trabajan solo por el salario.
También cabe destacar que el 23.7 por ciento de la PEA labora propiamente en el sector informal, es decir al no encontrar empleo en una empresa o negocio legalmente constituido, opta por generar sus propios ingresos, ofreciendo productos o servicios por su propia cuenta.
Quizá el ejemplo más evidente del empleo en el sector informal es el comercio ambulante. Los vendedores ambulantes ofrecen desde comida en puestos de tacos, tacos de canasta, gorditas, frutas con chile, dulces y cigarrillos, frutos secos, artesanías, entre otros productos.
También están ahí los vendedores que se suben a los camiones para ofrecer “bolis”, libros de oraciones, las personas que empacan la compra de los clientes en los supermercados.
En México, que es la economía número trece a nivel mundial y la número tres del continente americano, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, 30 millones de personas se ganan la vida en el sector informal.
Eso por un lado, por otro están los trabajadores que cuentan con un empleo en empresas o en el gobierno, pero que estos patrones no los han inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ello les impide el acceso salud, créditos de vivienda, Afores, y otros beneficios laborales que se quedan solo en la Ley. Sin embargo, la informalidad no es ilegal. Así que, aunque los patrones que no inscriben a sus trabajadores en el IMSS, aunque no respetan los derechos que les otorga la Ley Federal del Trabajo, no son sancionados.
La informalidad no es ilegal. Incluso, ser formales cuesta a los patrones y eleva el costo de la nómina.
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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