Destacadas
56% de los trabajadores potosinos trabajan sin prestaciones
Más de 600 mil trabajadores potosinos trabajan en la informalidad; pese a ello, la informalidad no es ilegal y eleva el costo de la nómina a los patrones
Por: El Saxofón
La mayoría de los trabajadores potosinos que laboran en condiciones de informalidad -es decir, sin las debidas prestaciones de ley, como seguridad social, créditos de vivienda, entre otros- emplean sus servicios en Empresas, Gobierno e Instituciones, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Inegi en su edición del primer trimestre de 2019.
De acuerdo con el Inegi, en San Luis Potosí, el 56 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) padece la informalidad laboral y trabajan solo por un salario, muchas veces bastante precario.
Según los resultados de la ENOE, el Gobierno, las Empresas y las Instituciones ocupan al 26.9 por ciento del total de trabajadores en la informalidad, y este porcentaje incluso ya supera ligeramente al Ámbito Agropecuario, donde labora el 26.6 por ciento de los trabajadores sin prestaciones.
El trabajo doméstico remunerado es el otro sector donde se perpetúa la informalidad laboral, y los trabajadores y trabajadoras no reciben más beneficios que el simple salario.
Llama la atención que, según los resultados de la ENOE, la informalidad laboral en el trabajo doméstico remunerado (personas que trabajan en labores del hogar) bajó un punto porcentual en el último año. En el primer trimestre de 2018, el 5.6 por ciento de los trabajadores en condiciones de informalidad laboraban en este sector, cifra que disminuyó al 4.6 por ciento en el primer trimestre de 2019.
Entre los trabajadores del campo -el sector agropecuario-, la informalidad también registró un marginal descenso, al pasar de 26.9 a 26.6 por ciento.
En contraste, la informalidad en Empresas, Gobierno e Instituciones creció de 25.6 al 26.9 por ciento.
“En San Luis Potosí, entre el primer trimestre de 2018 y el de 2019, la Tasa de Informalidad Laboral 1 pasó de 55 a 56.7 por ciento; mientras que la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 aumentó 0.6 de punto porcentual, al pasar de 23.1 a 23.7 por ciento. Al excluir del cálculo a la población ocupada agropecuaria, se obtiene la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2 (TOSI2), la cual pasó de 27.8 a 28.5 por ciento en los primeros trimestres de 2018 y 2019; el valor de la Tasa de Informalidad Laboral 2 (TIL2) es mayor en 1.5 puntos porcentuales, al pasar de 48.4 a 49.9 por ciento en el mismo periodo”, reporta la ENOE.
“La Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), es el cociente de la ocupación informal total con respecto a la población ocupada total, da cuenta del porcentaje de ocupados que carecen de la protección de la seguridad social básica por parte de su trabajo, que es el acceso a los servicios de salud, o bien, por laborar en unidades económicas no registradas, condición que los coloca en una situación de vulnerabilidad para hacer valer las garantías laborales elementales”, menciona la encuesta de Inegi. En el primer trimestre de 2019, la TIL1 de San Luis Potosí es de 56.7 por ciento.
San Luis Potosí tiene una población ocupada -es decir, que tiene empleo- de 1 millón 188 mil 616 personas, si el 56.7 por ciento de ellos laboran en la informalidad, en términos absolutos, esto equivale a 673 mil 945 trabajadores que no cuentan con las prestaciones de ley, y que trabajan solo por el salario.
También cabe destacar que el 23.7 por ciento de la PEA labora propiamente en el sector informal, es decir al no encontrar empleo en una empresa o negocio legalmente constituido, opta por generar sus propios ingresos, ofreciendo productos o servicios por su propia cuenta.
Quizá el ejemplo más evidente del empleo en el sector informal es el comercio ambulante. Los vendedores ambulantes ofrecen desde comida en puestos de tacos, tacos de canasta, gorditas, frutas con chile, dulces y cigarrillos, frutos secos, artesanías, entre otros productos.
También están ahí los vendedores que se suben a los camiones para ofrecer “bolis”, libros de oraciones, las personas que empacan la compra de los clientes en los supermercados.
En México, que es la economía número trece a nivel mundial y la número tres del continente americano, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, 30 millones de personas se ganan la vida en el sector informal.
Eso por un lado, por otro están los trabajadores que cuentan con un empleo en empresas o en el gobierno, pero que estos patrones no los han inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ello les impide el acceso salud, créditos de vivienda, Afores, y otros beneficios laborales que se quedan solo en la Ley. Sin embargo, la informalidad no es ilegal. Así que, aunque los patrones que no inscriben a sus trabajadores en el IMSS, aunque no respetan los derechos que les otorga la Ley Federal del Trabajo, no son sancionados.
La informalidad no es ilegal. Incluso, ser formales cuesta a los patrones y eleva el costo de la nómina.
Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Destacadas
Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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Destacadas
SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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