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56% de los trabajadores potosinos trabajan sin prestaciones
Más de 600 mil trabajadores potosinos trabajan en la informalidad; pese a ello, la informalidad no es ilegal y eleva el costo de la nómina a los patrones
Por: El Saxofón
La mayoría de los trabajadores potosinos que laboran en condiciones de informalidad -es decir, sin las debidas prestaciones de ley, como seguridad social, créditos de vivienda, entre otros- emplean sus servicios en Empresas, Gobierno e Instituciones, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Inegi en su edición del primer trimestre de 2019.
De acuerdo con el Inegi, en San Luis Potosí, el 56 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) padece la informalidad laboral y trabajan solo por un salario, muchas veces bastante precario.
Según los resultados de la ENOE, el Gobierno, las Empresas y las Instituciones ocupan al 26.9 por ciento del total de trabajadores en la informalidad, y este porcentaje incluso ya supera ligeramente al Ámbito Agropecuario, donde labora el 26.6 por ciento de los trabajadores sin prestaciones.
El trabajo doméstico remunerado es el otro sector donde se perpetúa la informalidad laboral, y los trabajadores y trabajadoras no reciben más beneficios que el simple salario.
Llama la atención que, según los resultados de la ENOE, la informalidad laboral en el trabajo doméstico remunerado (personas que trabajan en labores del hogar) bajó un punto porcentual en el último año. En el primer trimestre de 2018, el 5.6 por ciento de los trabajadores en condiciones de informalidad laboraban en este sector, cifra que disminuyó al 4.6 por ciento en el primer trimestre de 2019.
Entre los trabajadores del campo -el sector agropecuario-, la informalidad también registró un marginal descenso, al pasar de 26.9 a 26.6 por ciento.
En contraste, la informalidad en Empresas, Gobierno e Instituciones creció de 25.6 al 26.9 por ciento.
“En San Luis Potosí, entre el primer trimestre de 2018 y el de 2019, la Tasa de Informalidad Laboral 1 pasó de 55 a 56.7 por ciento; mientras que la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 aumentó 0.6 de punto porcentual, al pasar de 23.1 a 23.7 por ciento. Al excluir del cálculo a la población ocupada agropecuaria, se obtiene la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2 (TOSI2), la cual pasó de 27.8 a 28.5 por ciento en los primeros trimestres de 2018 y 2019; el valor de la Tasa de Informalidad Laboral 2 (TIL2) es mayor en 1.5 puntos porcentuales, al pasar de 48.4 a 49.9 por ciento en el mismo periodo”, reporta la ENOE.
“La Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), es el cociente de la ocupación informal total con respecto a la población ocupada total, da cuenta del porcentaje de ocupados que carecen de la protección de la seguridad social básica por parte de su trabajo, que es el acceso a los servicios de salud, o bien, por laborar en unidades económicas no registradas, condición que los coloca en una situación de vulnerabilidad para hacer valer las garantías laborales elementales”, menciona la encuesta de Inegi. En el primer trimestre de 2019, la TIL1 de San Luis Potosí es de 56.7 por ciento.
San Luis Potosí tiene una población ocupada -es decir, que tiene empleo- de 1 millón 188 mil 616 personas, si el 56.7 por ciento de ellos laboran en la informalidad, en términos absolutos, esto equivale a 673 mil 945 trabajadores que no cuentan con las prestaciones de ley, y que trabajan solo por el salario.
También cabe destacar que el 23.7 por ciento de la PEA labora propiamente en el sector informal, es decir al no encontrar empleo en una empresa o negocio legalmente constituido, opta por generar sus propios ingresos, ofreciendo productos o servicios por su propia cuenta.
Quizá el ejemplo más evidente del empleo en el sector informal es el comercio ambulante. Los vendedores ambulantes ofrecen desde comida en puestos de tacos, tacos de canasta, gorditas, frutas con chile, dulces y cigarrillos, frutos secos, artesanías, entre otros productos.
También están ahí los vendedores que se suben a los camiones para ofrecer “bolis”, libros de oraciones, las personas que empacan la compra de los clientes en los supermercados.
En México, que es la economía número trece a nivel mundial y la número tres del continente americano, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, 30 millones de personas se ganan la vida en el sector informal.
Eso por un lado, por otro están los trabajadores que cuentan con un empleo en empresas o en el gobierno, pero que estos patrones no los han inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ello les impide el acceso salud, créditos de vivienda, Afores, y otros beneficios laborales que se quedan solo en la Ley. Sin embargo, la informalidad no es ilegal. Así que, aunque los patrones que no inscriben a sus trabajadores en el IMSS, aunque no respetan los derechos que les otorga la Ley Federal del Trabajo, no son sancionados.
La informalidad no es ilegal. Incluso, ser formales cuesta a los patrones y eleva el costo de la nómina.
Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
También lee: Acciones contra la violencia de género seguirán aunque cambie la alerta: Semujeres
La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
También lee: Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP
María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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