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56% de los trabajadores potosinos trabajan sin prestaciones
Más de 600 mil trabajadores potosinos trabajan en la informalidad; pese a ello, la informalidad no es ilegal y eleva el costo de la nómina a los patrones
Por: El Saxofón
La mayoría de los trabajadores potosinos que laboran en condiciones de informalidad -es decir, sin las debidas prestaciones de ley, como seguridad social, créditos de vivienda, entre otros- emplean sus servicios en Empresas, Gobierno e Instituciones, reveló la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Inegi en su edición del primer trimestre de 2019.
De acuerdo con el Inegi, en San Luis Potosí, el 56 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) padece la informalidad laboral y trabajan solo por un salario, muchas veces bastante precario.
Según los resultados de la ENOE, el Gobierno, las Empresas y las Instituciones ocupan al 26.9 por ciento del total de trabajadores en la informalidad, y este porcentaje incluso ya supera ligeramente al Ámbito Agropecuario, donde labora el 26.6 por ciento de los trabajadores sin prestaciones.
El trabajo doméstico remunerado es el otro sector donde se perpetúa la informalidad laboral, y los trabajadores y trabajadoras no reciben más beneficios que el simple salario.
Llama la atención que, según los resultados de la ENOE, la informalidad laboral en el trabajo doméstico remunerado (personas que trabajan en labores del hogar) bajó un punto porcentual en el último año. En el primer trimestre de 2018, el 5.6 por ciento de los trabajadores en condiciones de informalidad laboraban en este sector, cifra que disminuyó al 4.6 por ciento en el primer trimestre de 2019.
Entre los trabajadores del campo -el sector agropecuario-, la informalidad también registró un marginal descenso, al pasar de 26.9 a 26.6 por ciento.
En contraste, la informalidad en Empresas, Gobierno e Instituciones creció de 25.6 al 26.9 por ciento.
“En San Luis Potosí, entre el primer trimestre de 2018 y el de 2019, la Tasa de Informalidad Laboral 1 pasó de 55 a 56.7 por ciento; mientras que la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 aumentó 0.6 de punto porcentual, al pasar de 23.1 a 23.7 por ciento. Al excluir del cálculo a la población ocupada agropecuaria, se obtiene la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 2 (TOSI2), la cual pasó de 27.8 a 28.5 por ciento en los primeros trimestres de 2018 y 2019; el valor de la Tasa de Informalidad Laboral 2 (TIL2) es mayor en 1.5 puntos porcentuales, al pasar de 48.4 a 49.9 por ciento en el mismo periodo”, reporta la ENOE.
“La Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), es el cociente de la ocupación informal total con respecto a la población ocupada total, da cuenta del porcentaje de ocupados que carecen de la protección de la seguridad social básica por parte de su trabajo, que es el acceso a los servicios de salud, o bien, por laborar en unidades económicas no registradas, condición que los coloca en una situación de vulnerabilidad para hacer valer las garantías laborales elementales”, menciona la encuesta de Inegi. En el primer trimestre de 2019, la TIL1 de San Luis Potosí es de 56.7 por ciento.
San Luis Potosí tiene una población ocupada -es decir, que tiene empleo- de 1 millón 188 mil 616 personas, si el 56.7 por ciento de ellos laboran en la informalidad, en términos absolutos, esto equivale a 673 mil 945 trabajadores que no cuentan con las prestaciones de ley, y que trabajan solo por el salario.
También cabe destacar que el 23.7 por ciento de la PEA labora propiamente en el sector informal, es decir al no encontrar empleo en una empresa o negocio legalmente constituido, opta por generar sus propios ingresos, ofreciendo productos o servicios por su propia cuenta.
Quizá el ejemplo más evidente del empleo en el sector informal es el comercio ambulante. Los vendedores ambulantes ofrecen desde comida en puestos de tacos, tacos de canasta, gorditas, frutas con chile, dulces y cigarrillos, frutos secos, artesanías, entre otros productos.
También están ahí los vendedores que se suben a los camiones para ofrecer “bolis”, libros de oraciones, las personas que empacan la compra de los clientes en los supermercados.
En México, que es la economía número trece a nivel mundial y la número tres del continente americano, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil, 30 millones de personas se ganan la vida en el sector informal.
Eso por un lado, por otro están los trabajadores que cuentan con un empleo en empresas o en el gobierno, pero que estos patrones no los han inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ello les impide el acceso salud, créditos de vivienda, Afores, y otros beneficios laborales que se quedan solo en la Ley. Sin embargo, la informalidad no es ilegal. Así que, aunque los patrones que no inscriben a sus trabajadores en el IMSS, aunque no respetan los derechos que les otorga la Ley Federal del Trabajo, no son sancionados.
La informalidad no es ilegal. Incluso, ser formales cuesta a los patrones y eleva el costo de la nómina.
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Sheinbaum instruye investigación por falsa subsecretaría de la SEP
La presidenta de México dijo que se investigará el caso ante las instancias correspondientes; exhortó a los afectados a denunciar ante la FGR
Por: Redacción
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, consideró oportuna la apertura de una carpeta de investigación por el caso de un presunto fraude cometido a nombre del Gobierno de México, en el que alrededor de 500 potosinas y potosinos han sido afectados al prometerles una plaza laboral en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en la que les piden hasta 22 mil pesos para incorporarse a una “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
A pregunta expresa de Ana G Silva, reportera de este medio de comunicación, la presidenta de México indicó que se debe investigar el caso de presunto fraude, por lo que exhortó a las víctimas a presentarse a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Potosí para emprender las acciones correspondientes.
Sheinbaum Pardo hizo un llamado a toda la población a no dejarse engañar por estas ofertas de trabajo engañosas, que en este caso, usan el nombre de la SEP, una dependencia de carácter federal.
Este caso se ha documentado en la entidad potosina y existen registros de su operación en estados como Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro, Tamaulipas , entre otras. Para ello, se exigen pagos que van de 6 mil hasta 22 mil pesos, supuestamente por trámites, materiales o exámenes para su ingreso a la subsecretaría.
Algunas personas identificadas en esta estafa son Norma Judith Loredo Hernández, quien se presenta como directora general en la entidad; Juan Manuel Pérez, jefe de Operaciones: Daniel Guzmán, supuesto director nacional de Recursos Humanos; Eduardo Rodríguez López, quien se hace llamar director nacional; Y Arquímedes Vázquez, la persona que recibe los depósitos, en Michoacán.
Todas ellos, presentándose como empleados al servicio del gobierno federal, pero que en realidad no guardan relación laboral con ninguna dependencia de gobierno, de acuerdo a lo manifestado por la oficina de Enlace de la SEP en San Luis Potosí.
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Detectan cuencas profundas en Villa Hidalgo; evalúan proyecto de agua para SLP
El gobernador Ricardo Gallardo plantea que una batería de pozos podría sustituir a la presa Las Escobas y garantizar suministro para 50 años
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se encuentra evaluando un hallazgo relevante en Villa Hidalgo: la existencia de cuencas profundas que podrían servir para abastecer de manera definitiva a la capital potosina, mediante un sistema de pozos y acueducto.
“Encontraron cuencas de agua profundas en Villa Hidalgo y se habla de poder hacer una batería de pozos como un acueducto a la capital, y acabar definitivamente con todo el desabasto de agua en la capital. Lo estamos consolidando. No queremos dar mayor información porque estamos a expensas de un estudio, pero si sale positivo, habría agua para los próximos 50 años”, afirmó el mandatario en entrevista.
De acuerdo con Gallardo Cardona, el nuevo esquema tendría un costo similar al del proyecto de la presa Las Escobas, estimado en más de 600 millones de pesos. Ante esta situación, señaló que aún se analiza cuál alternativa será más viable técnica y financieramente.
“Es una cosa buena, tienen el mismo costo más o menos. Entonces, si el estudio sale favorable, podríamos cambiar de ruta”, agregó.
Por ahora, el gobierno del estado y Conagua esperan los resultados técnicos que confirmen la viabilidad del acuífero y la factibilidad de construcción del acueducto. En caso positivo, se trataría de uno de los proyectos hídricos más importantes en las últimas décadas para San Luis Potosí.
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