La FGESLP dio a conocer que el docente es investigado por los delitos de violencia familiar y lesiones

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que un maestro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue vinculado a proceso tras la denuncia presentada por una exalumna.

La fiscal explicó que la resolución judicial se emitió recientemente, luego de que la semana pasada se realizara la audiencia inicial del caso.

“El día de antier se resolvió la situación jurídica del maestro y se le vinculó a proceso”, señaló.

Precisó que esta determinación no significa que exista una sentencia condenatoria, sino que el juez consideró que existen elementos suficientes para que el caso continúe su curso en el proceso penal.

“Hay indicios”, indicó la funcionaria al explicar que la vinculación se basa en los datos de prueba presentados durante la audiencia.

De acuerdo con la Fiscalía, el docente es investigado por los delitos de violencia familiar y lesiones, derivados de la denuncia presentada por la exalumna.

García Cázares añadió que también existe una denuncia del maestro contra la joven, sin embargo, ese caso aún no ha sido resuelto y se encuentra pendiente de determinar si será judicializado.

En ese sentido, explicó que corresponderá al Ministerio Público evaluar los elementos de la carpeta de investigación para decidir si el proceso también procede en ese sentido.

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El gobernador afirmó que no han recibido información oficial de la Federación sobre un nuevo mecanismo que sustituya la alerta de violencia de género

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que en el estado se mantienen los protocolos actuales para atender la violencia contra las mujeres y afirmó que existen “garantías totales” para su protección, pese a las versiones sobre la posible eliminación de la alerta de violencia de género a nivel nacional.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la Federación implemente un nuevo mecanismo que sustituya a la Alerta de Género, el mandatario estatal señaló que hasta el momento no han recibido información oficial al respecto.

“No, no, no todavía, no nos ha pasado la Federación ningún mecanismo nuevo. Seguimos con los mismos protocolos”, indicó.

Gallardo Cardona añadió que actualmente la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí trabaja con los protocolos vigentes y que incluso se analizan posibles ajustes a nivel local, lo cual consideró positivo para fortalecer las acciones de protección.

“Creo que es muy benéfico siempre todo lo que nos ayude al cuidado de la mujer en San Luis Potosí; para nosotros es bien recibido y bienvenido”, expresó.

Al preguntarle si en la entidad existen condiciones suficientes para garantizar la protección de las mujeres, el gobernador respondió: “Totalmente”.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, advirtiera que desde la Secretaría de las Mujeres federal se analiza retirar la Alerta de Violencia de Género en todo el país.

De acuerdo con la legisladora, esta decisión no significa que el problema de la violencia contra las mujeres haya desaparecido, sino que el mecanismo actual es considerado obsoleto, por lo que se trabaja en una nueva estrategia que lo sustituya.

López Torres señaló que el objetivo del nuevo esquema sería establecer acciones más puntuales por parte de los gobiernos locales, así como el uso de estadísticas para evaluar su funcionamiento.

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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano

Por: Jorge Saldaña

El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.

En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.

El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.

“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.

Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.

De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.

Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.

En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.

“La fiscalización no es opcional”, señaló.

El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.

La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.

Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.

Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.

Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.

De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.

En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.

Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.

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