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4 de cada 10 mujeres asesinadas en SLP fueron ahorcadas o quemadas
De acuerdo con datos del Inegi, los feminicidios y asesinatos de mujeres se realizan con más violencia, pues se utilizan medios que prolongan el dolor y el sufrimiento a las víctimas
Por: Redacción
En San Luis Potosí, los feminicidios y asesinatos de mujeres son realizados con más saña que la que se utiliza en los homicidios de hombres, de acuerdo con datos del Inegi, a propósito del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora hoy.
“Los datos muestran que los homicidios de mujeres se llevan a cabo con mayor violencia y saña, en eventos donde se utilizan medios que producen mayor dolor, prolongan su sufrimiento antes de morir y sobre todo conllevan la aplicación de la fuerza corporal para someterlas”, dice el artículo de Inegi.
De acuerdo con la información disponible sobre el medio o arma utilizada para causar la muerte de la persona, se aprecia que el medio más utilizado son las armas de fuego. Sin embargo, existe una diferencia relevante por sexo, en San Luis Potosí 69 de cada 100 homicidios registrados durante 2018 contra los hombres, fueron perpetrados con arma de fuego; mi entras que entre las mujeres esta proporción fue de 50 de cada 100.
En cambio, 40 de cada 100 mujeres víctimas de homicidios en San Luis en 2018, fueron estranguladas, ahorcadas o sofocadas, ahogadas, quemadas o agredidas con algún objeto punzocortante 
En el estado, entre 2010 y 2018, los homicidios por agresiones con arma de fuego contra hombres han fluctuado entre 53.8 y 68.9 por ciento para hombres; mientras que para mujeres van de 26.3 a 50.9 por ciento.
En hombres, los homicidios por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación han rondado entre 1.3 y 10.6 por ciento de los casos; en cambio, las mujeres víctimas de estos crímenes han sido entre 9.4 y 34.2 por ciento del total.
Entre 2010 y 2018, los ahogamientos en agua o agresiones con humo, fuego o llamas han causado la muerte de entre el 0.3 y 1 por ciento del total de los hombres víctimas de homicidio; en cambio, para las mujeres el porcentaje ha fluctuado de 0 a 9.4 por ciento entre esos años.
En hombres, las agresiones con objetos cortantes representaron esta década entre 17.7 y 20.9 por ciento del total de los homicidios; en mujeres, han sido entre el 10.5 y el 29.7 por ciento en distintos años.
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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
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El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.
Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.
Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.
Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.
El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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