Destacadas
37 mil jóvenes potosinos trabajan en actividades peligrosas: STPS
San Luis Potosí supera a la media nacional en cuanto a la proporción de niñas, niños y adolescentes que laboran en actividades no permitidas, con un 9.36 por ciento
Por: El Saxofón
En el estado de San Luis Potosí existen 65,557 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas, que corresponde al 3.0 por ciento del total de menores de edad trabajadores a nivel nacional, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Del total de quienes se encuentran en ocupaciones no permitidas, son 37,554 adolescentes, es decir, un 57.3 por ciento quienes están en ocupaciones peligrosas.
La proporción de niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas en el estado de San Luis Potosí es de 9.36 por ciento, superior a la nacional que es de 7.5 por ciento. El estado ocupa la posición número 22 entre las 32 entidades del país con menor proporción de ocupación infantil no permitida. De las personas menores de edad que trabajan, 73.46 por ciento son niños y 26.54 por ciento son niñas.
En el estado hay 58 municipios, de los cuales 19 presentan riesgo bajo, 30 riesgo medio y 9 riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan principalmente en la zona centro-norte y sur-oeste del estado. Se trata de las localidades de Guadalcázar, Villa de Arriaga, Moctezuma, Villa de Guadalupe, Armadillo de los Infante, San Nicolás Tolentino, San Martín Chalchicuautla, Aquismón y Santa Catarina.
Según la STPS “Los principales factores asociados a la ocupación infantil no permitida en el estado de San Luis Potosí, de acuerdo con su grado de incidencia, se generan en hogares donde: i) los niños y adolescentes son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado en el sector comercio. Por otro lado, los factores de protección están asociados a: i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y ii) el jefe de hogar está ocupado en el sector formal.
“Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta y un elevado porcentaje de población que gana hasta dos salarios mínimos. En este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de Inclusión Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.
“Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado”.
En los municipios con alto riesgo de trabajo infantil el 61.36 por ciento de la población de 15 años y más no ha completado su educación básica y el 4.27 por ciento de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela.
Se trata de lugares donde el 68.58 por ciento de la población, es decir, prácticamente 7 de cada diez, ganan apenas hasta 2 salarios mínimos. Un gran porcentaje de los habitantes, el 47.07 por ciento, se desempeña en actividades agrícolas.
Cabe mencionar también que el 37.16 por ciento de la población total es indígena y el 6.48 por ciento no tienen acceso a servicios de salud.
Panorama nacional
En México existen 2 millones 217 mil 648 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas.
La proporción de niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas en México es de 7.5 por ciento.
Del total de quienes se encuentran en ocupaciones no permitidas, 60 por ciento son adolescentes que están en ocupaciones peligrosas: 1 millón 330 mil 607 adolescentes.
Al menos 887 mil 041 niñas y niños que realizan ocupaciones no permitidas no han cumplido la edad mínima para trabajar.
De las personas menores de edad en ocupaciones no permitidas, 72.5 por ciento son niños y 27.5 por ciento son niñas.
En el ámbito nacional, el grupo de municipios con alto riesgo de ocupación no permitida se caracteriza por presentar tanto una alta proporción de población infantil que se dedica a actividades agrícolas, como un elevado porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. En el territorio nacional, las becas escolares del programa Prospera están distribuidas congruentemente en los municipios que presentan mayor riesgo.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, “Los resultados para los 2 mil 246 municipios analizados (que cuentan con la información necesaria) arrojan que el promedio de riesgo a nivel municipal es 10.7 por ciento y el valor máximo alcanza 51.5 por ciento El número de municipios que cuenta con una probabilidad mayor a 25 por ciento de riesgo son 31, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 12 en Chiapas, 6 en Oaxaca, 4 en Puebla, 4 en Jalisco, 3 en Durango, 1 en Campeche y 1 en Chihuahua”.
En México hay 32 entidades federativas, de las cuales 12 presentan riesgo bajo, 11 riesgo medio y 9 riesgo alto de incidencia de trabajo infantil. Los dos últimos grupos se localizan principalmente en el centro y sur del país. San Luis Potosí se encuentra entre los de riesgo medio.
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Ayuntamiento de SLP
Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026
Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución
Por: Redacción
El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.
Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.
El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.
Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.
Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.
Destacadas
Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia
Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos
Por: Redacción
En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.
“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.
La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.— abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.
“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.
Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.
El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.
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Ciudad
Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares
El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.
Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”
El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.
Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.
El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.
Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”
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