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37 mil jóvenes potosinos trabajan en actividades peligrosas: STPS
San Luis Potosí supera a la media nacional en cuanto a la proporción de niñas, niños y adolescentes que laboran en actividades no permitidas, con un 9.36 por ciento
Por: El Saxofón
En el estado de San Luis Potosí existen 65,557 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas, que corresponde al 3.0 por ciento del total de menores de edad trabajadores a nivel nacional, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Del total de quienes se encuentran en ocupaciones no permitidas, son 37,554 adolescentes, es decir, un 57.3 por ciento quienes están en ocupaciones peligrosas.
La proporción de niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas en el estado de San Luis Potosí es de 9.36 por ciento, superior a la nacional que es de 7.5 por ciento. El estado ocupa la posición número 22 entre las 32 entidades del país con menor proporción de ocupación infantil no permitida. De las personas menores de edad que trabajan, 73.46 por ciento son niños y 26.54 por ciento son niñas.
En el estado hay 58 municipios, de los cuales 19 presentan riesgo bajo, 30 riesgo medio y 9 riesgo alto. Estos dos últimos grupos se localizan principalmente en la zona centro-norte y sur-oeste del estado. Se trata de las localidades de Guadalcázar, Villa de Arriaga, Moctezuma, Villa de Guadalupe, Armadillo de los Infante, San Nicolás Tolentino, San Martín Chalchicuautla, Aquismón y Santa Catarina.
Según la STPS “Los principales factores asociados a la ocupación infantil no permitida en el estado de San Luis Potosí, de acuerdo con su grado de incidencia, se generan en hogares donde: i) los niños y adolescentes son de sexo masculino y ii) el jefe de hogar está ocupado en el sector comercio. Por otro lado, los factores de protección están asociados a: i) la escolaridad del jefe de hogar y del cónyuge y ii) el jefe de hogar está ocupado en el sector formal.
“Los municipios con medio y alto riesgo de ocupación infantil no permitida se caracterizan por presentar una alta proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta y un elevado porcentaje de población que gana hasta dos salarios mínimos. En este estado, las becas para educación otorgadas por el Programa de Inclusión Social Prospera están distribuidas congruentemente entre los municipios que presentan mayor riesgo.
“Al analizar la escala municipal se identifica una relación entre el riesgo de trabajo infantil y la proporción de población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por lo tanto, intervenciones dirigidas a mejorar la retención escolar podrían disminuir la probabilidad de que niñas, niños y adolescentes en el mediano plazo ingresen precozmente al mercado de trabajo en este estado”.
En los municipios con alto riesgo de trabajo infantil el 61.36 por ciento de la población de 15 años y más no ha completado su educación básica y el 4.27 por ciento de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela.
Se trata de lugares donde el 68.58 por ciento de la población, es decir, prácticamente 7 de cada diez, ganan apenas hasta 2 salarios mínimos. Un gran porcentaje de los habitantes, el 47.07 por ciento, se desempeña en actividades agrícolas.
Cabe mencionar también que el 37.16 por ciento de la población total es indígena y el 6.48 por ciento no tienen acceso a servicios de salud.
Panorama nacional
En México existen 2 millones 217 mil 648 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas.
La proporción de niñas, niños y adolescentes en ocupaciones no permitidas en México es de 7.5 por ciento.
Del total de quienes se encuentran en ocupaciones no permitidas, 60 por ciento son adolescentes que están en ocupaciones peligrosas: 1 millón 330 mil 607 adolescentes.
Al menos 887 mil 041 niñas y niños que realizan ocupaciones no permitidas no han cumplido la edad mínima para trabajar.
De las personas menores de edad en ocupaciones no permitidas, 72.5 por ciento son niños y 27.5 por ciento son niñas.
En el ámbito nacional, el grupo de municipios con alto riesgo de ocupación no permitida se caracteriza por presentar tanto una alta proporción de población infantil que se dedica a actividades agrícolas, como un elevado porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. En el territorio nacional, las becas escolares del programa Prospera están distribuidas congruentemente en los municipios que presentan mayor riesgo.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, “Los resultados para los 2 mil 246 municipios analizados (que cuentan con la información necesaria) arrojan que el promedio de riesgo a nivel municipal es 10.7 por ciento y el valor máximo alcanza 51.5 por ciento El número de municipios que cuenta con una probabilidad mayor a 25 por ciento de riesgo son 31, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 12 en Chiapas, 6 en Oaxaca, 4 en Puebla, 4 en Jalisco, 3 en Durango, 1 en Campeche y 1 en Chihuahua”.
En México hay 32 entidades federativas, de las cuales 12 presentan riesgo bajo, 11 riesgo medio y 9 riesgo alto de incidencia de trabajo infantil. Los dos últimos grupos se localizan principalmente en el centro y sur del país. San Luis Potosí se encuentra entre los de riesgo medio.
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Unicornio trasquilado | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público: los animales mitológicos tienen algo en común: todos fueron creados para explicar un castigo. El dragón que arrasa pueblos por orgullo, la sirena que encanta para hundir barcos, el unicornio que se pierde por no saber dónde pisa
La UASLP, ese unicornio institucional que se cree intocable, y creyó invencible, acaba de descubrir que la política no cree en seres fantásticos. El Congreso, en lugar de domarlo y admirarlo con sabiduría, decidió arrancarle el rin colorido a tijeretazos.
Porque la UASLP cruzó por todo en este año: una crisis interna por una violación en una facultad, edificios tomados, manos externas metiendo ruido, paros, la ciudad paralizada y, por si algo faltaba, un adeudo estatal que se prolongó lo suficiente como para poner en terapia intensiva su estabilidad financiera.
Aun así, el unicornio resistió. Lo que no resistió —o no quiso resistir— fue la tentación de la soberbia.
La institución respondió al conflicto de los 206 millones adeudados con entereza (iba a poner con “gallardía” pero podría confundirse el apellido con el sustantivo) y ganó la batalla a costa del relato.
En todo el camino, no sumó aliados, sino enemigos: altivez frente al Congreso y constantes insinuaciones de pureza moral frente a la corrupción ajena, y un aislamiento que yo he descrito —con toda intención poética y política— como la isla de Cuba académica: orgullosa, autosuficiente en el discurso, y convencida de que todo aquel que no viva dentro de sus fronteras es un tonto, un corrupto o un vendido.
Hasta que llegó hoy la votación del Presupuesto 2026.
El Ejecutivo había propuesto 506 millones para la Máxima Casa de Estudios, con lo que podría comprometerse a firmar, la primera semana del año que viene, el convenio federal–estatal que permite a la Universidad respirar sin sobresaltos, sin embargo, la Comisión de Hacienda decidió otra cosa: ¿Cuáles 506 millones? 320 millones y un casi, casi “y di que te fue bien”.
Hace unas horas el Pleno del Congreso lo aprobó junto a todo el paquete económico enviado por el ejecutivo sin oposición (una abstención aislada no pinta).
En el caso UASLP, el recorte de 186 millones de pesos representa una estocada política que no requiere demasiada hermenéutica.
El unicornio sintió el golpe aunque se resistan a aceptarlo (nunca lo harán, acudirán al rol de víctimas del imperio…y puede que tengan razón).
Pero ojo, no es que nuestra Máxima Casa de Estudios no tenga argumentos —la autonomía universitaria merece respeto y la ciencia pública debería ser una prioridad del Estado— pero ¿Quién defendió a la Uni ante el tijeretazo presupuestal?
Hay que recordar que después de plantones cruzados, mensajes altaneros y una narrativa de “nosotros sí sabemos, ustedes solo firman”, la Universidad descubrió que las instituciones también pagan facturas… y que los diputados cobran sin contemplaciones los agravios.
Pero aquí es donde el análisis debe elevarse por encima del enojo y de los egos heridos: los diputados pueden sentirse agraviados, y con razón; pero legislar desde la víscera siempre dejará daños colaterales.
Y esos daños no los paga ni el rector, ni los legisladores, ni los pleitos entre poderes: los paga la comunidad estudiantil, docentes, investigadores, trabajadores… 30 mil personas que no tienen culpa de la coreografía de soberbias entre Rectoría y Congreso.
Lo del recorte oficializado a 25 votos a favor, no debería celebrarse por nadie. Ni por quienes sienten que “ya pusieron en su lugar” al unicornio. Ni por quienes creen que el recorte les permitirá instalar una narrativa de victimización heroica.
Porque a estas alturas, lo único claro es que todos se equivocaron.
La Universidad se equivocó al suponer que la autonomía es un blindaje moral absoluto, cuando en realidad es una responsabilidad que exige diálogo, transparencia y mesura política.
El Congreso se equivocó al responder con tijera en mano a un conflicto personal (ah esa bella y caprichosa condición humana) que debió resolverse con inteligencia institucional, diplomacia, dialogo y apertura, no con revancha presupuestal.
Y el Gobierno del Estado —quizá sin querer— empieza a asomarse a un precipicio propio: el de tropezar con la misma piedra del año pasado. Porque hoy tiene aprobados 320 millones, pero en enero la Federación enviará —como es regla— un convenio para firmar por más de 506 millones.
Si gobierno lo firma, vuelve a quedar descuadrado su propio presupuesto. Si no lo firma, abre un frente innecesario con la presidenta Claudia Sheinbaum, justo en un 2026 donde Morena y el Verde necesitan parecer aliados… aunque localmente anden del chongo.
Decirle que no a la presidenta, lo mismo en un convenio que en una reunión (como a la que convocó éste día al gobernador Gallardo) no es un tema simple.
Total que entre unos y otros olvidaron lo esencial: La educación pública es un asunto de Estado, no un concurso de a ver quién parpadea más rápido.
Y aquí es donde conviene recordar y aplicar esa cartulina que apareció en la Facultad de Medicina durante el intento de tumbar al rector, pero adecuada al legislativo “Los diputados pueden ser pendejos… pero son nuestros pendejos (y los únicos que tenemos)”. Tienen la facultad y la usaron.
La frase, además de brutal, encierra una pedagogía política: uno puede criticar con severidad a sus instituciones, pero defenderlas cuando están bajo ataque, y los diputados pues… también se defendieron.
Entre tanto, el gobernador podrá decir, con razón y facultades, que él envió la propuesta para la UASLP por los 506 millones necesarios.
Los diputados podrán decir, con razón y facultades, que al no recibir información financiera suficiente (y haberse sentido “ninguneados”-esa es la verdad-) los 320 millones son la cantidad correcta para la institución.
La Universidad podrá decir, con razón y facultades, que el convenio con la Federación requiere otra cifra y que los 320 millones significa cometer un mismo error dos veces. (Les dirá tontos e irresponsables nuevamente).
Y sin embargo, al menos para quien esto escribe, todas esas razones juntas no construyen un camino, sino un pantano.
Porque si este año la crisis por 206 millones puso a la UASLP al borde del colapso, ¿qué ocurrirá con un déficit similar el próximo año, cuando ya no haya un adeudo por corregir? ¿Quién pondrá la diferencia? ¿El Estado? ¿El Congreso? ¿La Federación? ¿Santa Clausula de las emergencias?
¿O la comunidad universitaria tendrá que aprender a vivir al filo del impago como si fuera parte del plan de estudios?
El unicornio, siendo mitológico, se está desdibujando por la realidad: la autonomía no sirve de nada si no hay presupuesto para pagar, otra vez, la nómina de tarde o temprano.
Para deshacer el nudo se necesita menos soberbia y más alianzas lo mismo que menos revancha y más perspectiva histórica.
El Gobierno por su parte necesita mirar dos veces el camino, no vaya a ser que tropiece con la misma piedra… y esta vez las implicaciones alcancen otras pistas.
Ni modo, por el momento no hay marcha atrás. El presupuesto está aprobado y no hay milagro navideño que pueda modificarlo.
La UASLP sobrevivirá. No hay duda. La pregunta es ¿Cómo? ¿Alcanzará la magia del Unicornio para que la federación ponga la diferencia localmente recortada?
Para rematar, Culto Público, en este pleito de instituciones agraviadas, realidades humanas y tableros confusos, el único que no ha dicho palabra es también el único que importa: el estudiante que solo quiere estudiar y no entender por qué la política mueve el piso bajo sus pies cada diciembre.
Pero no crean que por no hablar, no entienden, y por experiencia sabemos que cuando ellos hablan…hablan fuerte.
Hasta la próxima. Yo soy Jorge Saldaña.
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Sí se busca remover a todos los concejales de Villa de Pozos: Serrano
El legislador explicó que la remoción sería un procedimiento natural del Congreso, la presidenta Patricia Aradillas permanecería en el cargo
Por: Cristian Betancourt
El diputado local Héctor Serrano confirmó que existe la intención de remover a los concejales de Villa de Pozos, también precisó que este proceso se realizaría de la misma forma en que fueron designados, como la establece el marco legal y los transitorios aprobados.
En entrevista, Serrano explicó que la facultad de retirar a los integrantes del concejo municipal recae en el Congreso, el cual debe seguir el procedimiento formal a tráves de un acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
y después someter la decisión a votación del Pleno.Serrano fue enfático al señalar que la presidenta Patricia Aradillas no está contemplada dentro de los cambios, pues la revisión se centra en 14 concejales.
Finalmente, el legislador reconoció que la agenda se encuentra “apretada”, pero reiteró su compromiso de informar con claridad la información.
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El IMSS SLP dejó expirar millones de pesos en medicamentos
Vacunas reetiquetadas. Tratamientos para cáncer, diálisis e hipertensión abandonados en un almacén del IMSS en la capital
Por: Redacción
En el almacén delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí —ubicado en Avenida de los Conventos 107— quedaron abandonados cientos de medicamentos y vacunas que nunca llegaron a los pacientes, pese a que muchos de ellos dependen de estos insumos para sobrevivir.
De acuerdo con Fuerza Informativa Azteca, documentos muestran que más de 30 millones de pesos en fármacos caducaron en este espacio sin haber sido distribuidos.
El caso más grave corresponde al medicamento Ribociclib, utilizado en el tratamiento de cáncer de mama: 196 piezas, valuadas en casi 5 millones de pesos, fueron dejadas vencer. A ello se suman 8 mil 400 piezas de Sevelamero, empleado para pacientes en diálisis, con un valor cercano a 9 millones de pesos, y 371 mil piezas de Irbesartán, recetado para la hipertensión arterial, cuyo costo asciende a 17 millones de pesos. Ninguno fue entregado a tiempo.
Personal del IMSS denunció que la problemática también afecta a las vacunas. Las cajas vacías regresan a los almacenes, donde —según los testimonios— se reetiquetan y rellenan con dosis caducadas o próximas a vencer , que luego se redistribuyen a unidades médicas sin una revisión minuciosa.
A esta situación se suma la polémica contratación, por adjudicación directa, de la empresa Medam, encargada de recolectar insumos caducos. Esta compañía fue clausurada previamente en Yucatán y Baja California Sur por el mal manejo de residuos biológicos y peligrosos. La Semarnat documentó que Medam vertía materiales contaminantes —incluidos medicamentos— que terminaron afectando ríos y mantos acuíferos.
El almacén, que debería ser el punto de distribución para todas las unidades del IMSS e IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, se convirtió en un depósito donde tratamientos esenciales jamás llegaron a quienes los necesitaban, dejando a pacientes con cáncer, insuficiencia renal e hipertensión sin alternativas y evidencia de un grave desorden administrativo.
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