La legisladora llamó a autoridades a proteger a las mujeres durante la movilización

Por: Redacción

Jessica Gabriela López Torres, diputada local, expresó su respaldo a la movilización del 8M y llamó a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad para las mujeres que participen en la marcha, la cual se prevé tenga una fuerte presencia de contingentes vinculados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

La legisladora señaló que este movimiento representa un espacio legítimo de expresión y subrayó que las participantes cuentan con su solidaridad. En ese sentido, consideró importante que instituciones y corporaciones de seguridad acompañen la jornada para proteger a quienes salgan a manifestarse.

López Torres mencionó que, más allá de los debates sobre la forma en que se desarrollan estas protestas, respeta que las mujeres se expresen como consideren necesario para visibilizar su causas y exigencias. Reiteró que el enfoque principal debe estar en salvaguardar su integridad y en fomentar el cuidado colectivo durante la movilización.

Añadió que, aunque en ocasiones surgen grupos que intentan desvirtuar el sentido del movimiento, confía en que con apoyo institucional y organización entre las propias asistentes la jornada se pueda desarrollar de manera positiva.

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Verificaciones oficiales dejan fuera a personas que ya tenían vivienda o terrenos a su nombre

Por: Redacción

En la primera fase del programa de vivienda “Tu casa, tu apoyo”, autoridades estatales detectaron inconsistencias en parte de las solicitudes presentadas. De acuerdo con el Instituto Registral y Catastral (IRC), alrededor del seis por ciento de los aspirantes contaba ya con alguna propiedad, pese a que el beneficio está destinado únicamente a personas sin patrimonio inmobiliario.

La directora general del organismo, Yajaira Martínez Martínez, explicó que durante este proceso se realizaron cerca de 5 mil 800 consultas en los registros oficiales para verificar la situación legal de quienes pidieron integrarse al esquema. Como resultado de estas revisiones se identificó a 384 solicitantes que tenían un inmueble registrado

Se precisó que algunas de estas propiedades no se encontraban en el municipio donde las personas hicieron el trámite, sino en otros puntos del estado. Sin embargo, el requisito de no poseer casa o terreno aplica en todo el territorio potosino, por lo que quienes ya cuentan con bienes registrados no pueden acceder al apoyo.

La funcionaria añadió que el procedimiento de validación contempla una revisión detallada del estatus registral y catastral de cada solicitante, con el objetivo de asegurar que los apoyos lleguen únicamente a quienes cumplen con los criterios y no tienen patrimonio propio.

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Solo siete casos han sido judicializados y todos se resolvieron con acuerdos económicos

Por: Redacción

En San Luis Potosí, a pesar de la actualización de la Ley de Protección a los Animales en julio de 2025, ningún caso de maltrato animal ha derivado en una sentencia de prisión.

El diputado local Luis Felipe Castro Barrón reconoció que en los últimos años solo siete casos han sido judicializados y todos concluyeron mediante acuerdos económicos, sin que se impusiera cárcel efectiva a los responsables.

El legislador explicó que la legislación actual mantiene vacíos que permiten a los agresores obtener su libertad a través de fianzas, reparación del daño o el perdón legal, lo que impide que se apliquen sanciones más severas.

Ante este escenario, anunció que sostendrá reuniones con organizaciones civiles y con la Fiscalía General del Estado para impulsar reformas al Código Penal que eliminen las salidas alternas y contemplen penas corporales y económicas más estrictas en casos de crueldad, sadismo o muerte intencional de animales.

Detalló que el tema ya fue revisado en la Comisión de Ecología y actualmente se encuentra en análisis en comisiones para su eventual dictaminación.

Como antecedente, recordó que el 23 de junio del año pasado asociaciones protectoras presentaron la iniciativa ciudadana denominada “Ley Hope”, que plantea modificar los artículos 110 y 317 del Código Penal estatal, así como eliminar las salidas alternas previstas en el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La propuesta busca que el delito de maltrato animal no pueda resolverse únicamente con compensaciones económicas y contempla sanciones de hasta 16 años de prisión en casos agravados, como sadismo, zoofilia o muerte intencional. Además, plantea la imprescriptibilidad del delito, programas de concientización y mayor participación ciudadana en la denuncia.

Con estas modificaciones, se pretende que las sanciones tengan un efecto inhibitorio real y que la crueldad contra los animales deje de resolverse exclusivamente mediante acuerdos económicos.

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