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Tekmol, el político de las mil polémicas: ¿ahora es panista?
El ex candidato a gobernador por Redes Sociales Progresistas, acusado de robo de combustible y ex diputado priista, intenta negociar con Marko Cortés la candidatura a la alcaldía de Valles para el 2024
Por: Ana G Silva
José Luis Romero Calzada “Tekmol”, ex candidato a gobernador por Redes Sociales Progresistas (RSP), y Gabriela Martínez Lárraga, actual diputada potosina por el mismo partido y su esposa, aparecieron el fin de semana pasada en una fotografía junto a Marko Cortés, líder nacional del PAN, y Verónica Rodríguez, dirigente estatal del partido. De acuerdo con versiones, ambos intentan negociar con Cortés su incorporación al partido a cambio de la candidatura panista al Senado durante la elección del 2024 para Martínez Lárraga y la de alcalde de Ciudad Valles para Romero Calzada. De concretarse, esto marcaría el enésimo cambio de Tekmol, que ha pasado por partidos políticos de todos los colores e ideologías.
“Hoy tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el Dirigente Nacional del PAN Marko Cortés para enfrentar el reto que tenemos en el 2024 y en el 2027 como un bloque Opositor, las Alianzas son importantes cuando hay formas similares de pensar hacia el progresismo Social”, fue el mensaje con el que Romero Calzada acompañó su foto en redes sociales, pero además, de acuerdo con fuentes, tanto él como Martínez Lárraga, también confirmaron que tienen interés por incorporarse la institución derechista.
Tekmol se ha dicho “progresista” y muchas de sus actitudes contravienen los principios panistas; solo por poner un ejemplo, en días pasados, Romero Calzada mostró su apoyo público a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y quien es una de las precandidatas de Morena a la presidencia de la República.
Esta actitud de incongruencia ideológica no es rara en Romero Calzada, pues durante su campaña a gobernador en el 2021 agredió verbalmente a miembros de la prensa; lanzó comentarios homofóbicos a la comunidad LGBTTTIQA+; practicó el nepotismo al obligar a RSP a darles candidaturas a su esposa y a su hijo; también, su partido recibió una multa por 18 millones de pesos por irregularidades en el reporte del uso de un helicóptero durante su campaña.
El ex candidato de Redes Sociales Progresistas había hecho su vida política en el PRI; pues estuvo en ese instituto político desde 1997 hasta su renuncia en 2021. Con el tricolor ocupó cargos como consejero político , diputado local del IV Distrito, segundo regidor del Ayuntamiento de Salinas, entre otros. 
José Luis Romero ha sido reconocido a nivel nacional por diversos escándalos, como el del 24 de mayo de 2018, cuando publicó un video en su cuenta de Facebook bailando con un burro; no obstante, los verdaderos problemas en su carrera surgieron luego de que en enero de 2019 fue señalado por robo de combustible a través de sus empresas: La Morena, Grupo Gasolinero RomCal y Tekmol de México, por lo que autoridades federales realizaron constantes operativos en su hotel y otras instalaciones.
El 18 de septiembre de 2019, Romero Calzada fue formalmente denunciado, junto con varios diputados, por el delito de peculado en agravio del Congreso del Estado, en la que se había citado al exlegislador el 30 de septiembre de ese año a comparecer en el Centro de Justicia Penal, sin embargo, nunca apareció. El 14 de octubre del mismo año “Tekmol” fue captado en la plaza principal de Salinas. No fue hasta el 25 de marzo que finalmente fue vinculado a proceso.
Romero Calzada tuvo varios momentos que se le recuerda de su época como diputado, como cuando bailó al son de un grupo de cumbia en el Pleno del Congreso. También se fotografió semidesnudo en un crucero por Alaska en un día que tenía sesión en el Legislativo.
Meses antes de ser anunciarse como el candidato por RSP, Romero Calzada informó para La Orquesta que Conciencia Popular le había ofrecido la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí, pero él dijo que no dejaría al PRI y que no se convertiría en su candidato si no iban en coalición.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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