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Tekmol, el político de las mil polémicas: ¿ahora es panista?
El ex candidato a gobernador por Redes Sociales Progresistas, acusado de robo de combustible y ex diputado priista, intenta negociar con Marko Cortés la candidatura a la alcaldía de Valles para el 2024
Por: Ana G Silva
José Luis Romero Calzada “Tekmol”, ex candidato a gobernador por Redes Sociales Progresistas (RSP), y Gabriela Martínez Lárraga, actual diputada potosina por el mismo partido y su esposa, aparecieron el fin de semana pasada en una fotografía junto a Marko Cortés, líder nacional del PAN, y Verónica Rodríguez, dirigente estatal del partido. De acuerdo con versiones, ambos intentan negociar con Cortés su incorporación al partido a cambio de la candidatura panista al Senado durante la elección del 2024 para Martínez Lárraga y la de alcalde de Ciudad Valles para Romero Calzada. De concretarse, esto marcaría el enésimo cambio de Tekmol, que ha pasado por partidos políticos de todos los colores e ideologías.
“Hoy tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el Dirigente Nacional del PAN Marko Cortés para enfrentar el reto que tenemos en el 2024 y en el 2027 como un bloque Opositor, las Alianzas son importantes cuando hay formas similares de pensar hacia el progresismo Social”, fue el mensaje con el que Romero Calzada acompañó su foto en redes sociales, pero además, de acuerdo con fuentes, tanto él como Martínez Lárraga, también confirmaron que tienen interés por incorporarse la institución derechista.
Tekmol se ha dicho “progresista” y muchas de sus actitudes contravienen los principios panistas; solo por poner un ejemplo, en días pasados, Romero Calzada mostró su apoyo público a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y quien es una de las precandidatas de Morena a la presidencia de la República.
Esta actitud de incongruencia ideológica no es rara en Romero Calzada, pues durante su campaña a gobernador en el 2021 agredió verbalmente a miembros de la prensa; lanzó comentarios homofóbicos a la comunidad LGBTTTIQA+; practicó el nepotismo al obligar a RSP a darles candidaturas a su esposa y a su hijo; también, su partido recibió una multa por 18 millones de pesos por irregularidades en el reporte del uso de un helicóptero durante su campaña.
El ex candidato de Redes Sociales Progresistas había hecho su vida política en el PRI; pues estuvo en ese instituto político desde 1997 hasta su renuncia en 2021. Con el tricolor ocupó cargos como consejero político , diputado local del IV Distrito, segundo regidor del Ayuntamiento de Salinas, entre otros. 
José Luis Romero ha sido reconocido a nivel nacional por diversos escándalos, como el del 24 de mayo de 2018, cuando publicó un video en su cuenta de Facebook bailando con un burro; no obstante, los verdaderos problemas en su carrera surgieron luego de que en enero de 2019 fue señalado por robo de combustible a través de sus empresas: La Morena, Grupo Gasolinero RomCal y Tekmol de México, por lo que autoridades federales realizaron constantes operativos en su hotel y otras instalaciones.
El 18 de septiembre de 2019, Romero Calzada fue formalmente denunciado, junto con varios diputados, por el delito de peculado en agravio del Congreso del Estado, en la que se había citado al exlegislador el 30 de septiembre de ese año a comparecer en el Centro de Justicia Penal, sin embargo, nunca apareció. El 14 de octubre del mismo año “Tekmol” fue captado en la plaza principal de Salinas. No fue hasta el 25 de marzo que finalmente fue vinculado a proceso.
Romero Calzada tuvo varios momentos que se le recuerda de su época como diputado, como cuando bailó al son de un grupo de cumbia en el Pleno del Congreso. También se fotografió semidesnudo en un crucero por Alaska en un día que tenía sesión en el Legislativo.
Meses antes de ser anunciarse como el candidato por RSP, Romero Calzada informó para La Orquesta que Conciencia Popular le había ofrecido la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí, pero él dijo que no dejaría al PRI y que no se convertiría en su candidato si no iban en coalición.
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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
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Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
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La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
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