La propuesta impulsada por la diputada Frinné Azuara busca: Más recursos para SENASICA, transparencia sobre el gasto ejercido, recuperar el estatus sanitario y reactivar exportaciones de ganado hacia Estados Unidos

Por: Redacción

A propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo para exhorta a diversas autoridades federales a que lleven  a cabo acciones de contención, prevención, vigilancia y control del gusano barrenador.

El Punto de Acuerdo exhorta  a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de sus facultades presupuestales, realice una revisión profunda y, en su caso, una ampliación urgente al presupuesto del SENASICA para el ejercicio fiscal 2026, que permita revertir los recortes aplicados y dotar a la institución de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a esta y futuras contingencias sanitarias.

A la  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ambas del Gobierno Federal para que informen detalladamente a esta Soberanía sobre el presupuesto ejercido en los últimos cinco años para la campaña contra el gusano barrenador, las acciones concretas realizadas en San Luis Potosí, y el plan a corto, mediano y largo plazo para recuperar el estatus sanitario que permita la reapertura del mercado estadounidense.

Y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a gestionar, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), un acuerdo sanitario de emergencia con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que permita restablecer la certificación de zonas libres de gusano barrenador y reactive las exportaciones de ganado mexicano a la brevedad posible.

En su exposición de motivos, se indica que esta situación que ya está dejando huella en el campo mexicano, particularmente en regiones como San Luis Potosí, donde la presencia del gusano barrenador ha dejado de ser un aviso técnico para convertirse en un problema económico y social concreto.

Por otro lado, el acceso al mercado estadounidense no es un lujo para la ganadería nacional; es el eje que sostiene la viabilidad de miles de ranchos, la cadena de insumos, el empleo rural y el dinamismo de municipios enteros. Si no se interviene con coordinación y recursos reales, el costo de la inacción se multiplicará con creces

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La reforma plantea que la elección de magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito se realice conforme a la división territorial de los circuitos judiciales

Por: Redacción

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría la minuta de reforma constitucional federal en materia de Poder Judicial, con la que se aplaza de 2027 a 2028 la elección de magistrados, jueces y demás personas juzgadoras del país.

La propuesta, enviada por el Senado de la República, busca otorgar un mayor periodo para la implementación de la reforma judicial, permitiendo la consolidación de los cambios administrativos, presupuestales y operativos necesarios para la organización de los procesos electorales judiciales.

Además del aplazamiento, la minuta incorpora modificaciones para fortalecer la operación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, homologar criterios de selección de aspirantes, reducir el número de candidaturas y simplificar el diseño de las boletas electorales.

Entre los cambios también se contempla garantizar la paridad de género desde las etapas iniciales del proceso, ordenar la elección por circuitos y especialidades judiciales, así como establecer reglas para cubrir vacantes, licencias y renuncias dentro del Poder Judicial.

La reforma plantea que la elección de magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito se realice conforme a la división territorial de los circuitos judiciales y no únicamente bajo criterios poblacionales

, con el propósito de que la ciudadanía vote por candidaturas vinculadas a las especialidades y jurisdicciones que corresponden a su región.

Asimismo, se propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el encargado de definir los distritos judiciales necesarios para cada circuito y realizar la asignación aleatoria de candidaturas, garantizando criterios de paridad y representación.

Las boletas electorales deberán identificar el Poder que postula a cada aspirante, señalar cuando se trate de personas juzgadoras en funciones y distinguir las especialidades judiciales correspondientes.

Durante la discusión del dictamen participaron las diputadas Frinné Azuara Yarzábal y Sara Rocha Medina, así como los diputados Carlos Artemio Arreola Mallol y Marco Antonio Gama Basarte.

Tras su aprobación por el Congreso potosino, la minuta será remitida al Senado de la República para continuar con el procedimiento constitucional correspondiente.

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José Roberto García explicó que cada una de las solicitudes será revisada de manera puntual para garantizar el cumplimiento de los requisitos

Por: Redacción

La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado dio cuenta de seis solicitudes presentadas por ayuntamientos que buscan obtener la aprobación para acceder a un crédito simple y financiamiento ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el propósito de destinar los recursos a obras de infraestructura básica y fortalecimiento de los servicios públicos.

Los expedientes que actualmente se encuentran bajo análisis corresponden a los municipios de Tampacán, San Ciro de Acosta, Rayón, Tamasopo, Santa Catarina y Vanegas.

El diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, explicó que cada una de las solicitudes será revisada de manera puntual para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar que los recursos económicos obtenidos, se orienten exclusivamente a proyectos que generen un beneficio directo para la población.

El legislador señaló que se deberá cumplir estrictamente el marco jurídico aplicable en materia de disciplina financiera, deuda pública y coordinación fiscal.