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Solo 10% de los presos en SLP podrían beneficiarse de la Ley de Amnistía: JMG
El presidente de Renace en San Luis Potosí afirmó que la Ley de Amnistía tiene muchos candados, por lo que el Congreso del Estado debería proponer una “amnistía estatal”
Por: Abelardo Medellín
José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la fundación Renace Capítulo San Luis, afirmó que la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca perdonar a personas que estén recluidas en centro penitenciarios por delitos del fuero federal, no beneficiaría a una población significativa en el estado: “Es menos del 15 por ciento. Quienes están en los penales por delitos federales suelen estar en los centros penitenciarios de alta seguridad, además de que el narcomenudeo es muy local, es un delito del fuero común. Debe ser menos del 15 por ciento, se beneficia a pocos, entonces el anuncio del presidente se cuelga las medallas políticas, pero en la práctica no beneficia a nadie”.
Ante la duda de cómo podría aplicarse esta ley a nivel estatal para que se pueda aprovechar de mejor manera para la población penitenciaria de San Luis Potosí, de la Garza Marroquín comentó que: “Un diputado, o el gobernador deberían presentar una iniciativa para que haya una amnistía local, al final hay un transitorio en la propuesta del presidente, para que los estados copien la ley de amnistía, pero solo es una invitación, él no los puede obligar […] yo creo que los del partido Morena podrían adecuar esta iniciativa y plantearla en el Congreso del Estado, quizá deberían ponerse las pilas para presentar una parecida”.
En San Luis Potosí, de acuerdo con el estudio “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 90 por ciento de las personas recluidas en centros penitenciarios están ahí por delitos del fuero común, y el otro 10 por ciento por delitos federales, por lo que solo este diez por ciento podría ser beneficiado por la Ley de Amnistía, si es que se aprueba en lo local y solo si cumplen con las condicionantes de ley que se les apliquen.
De la Garza Marroquín explicó que liberar a una persona no asegura que se acabe el problema, puesto que la Ley de Amnistía no soluciona problemáticas como la reintegración de la persona liberada a la sociedad, que debería ser una propuesta cooperativa para asegurar que no sean vulnerados sus derechos. Comentó que harían falta tres cosas más: un sistema de reinserción para asegurar que quien sea liberado encuentre un lugar donde trabajar o desarrollarse; otra sería un sistema para fortalecer las defensorías del estado.
Además, sugirió que se debe reforzar el trabajo con las víctimas de robo u otro delitos, puesto que esta ley solo voltea a ver a las personas en prisión, pero se deja de lado a las víctimas: “Pareciera que el enfoque está sobre los que están en prisión (…) una iniciativa así no tiene ningún chiste, necesitamos un sistema integral, si no es así, pues perdón, pero es una tomada de pelo”, puntualizó José Mario de la Garza.
Mientras tanto, a nivel nacional, el presidente de Renace apuntó que: “De entrada, al 85 por ciento de los internos no les sirve para nada esta ley, no les aplica”; y comentó que las especulaciones que se han hecho en la materia suelen ser erróneas, pues solo se toman en cuenta los delitos federales y mucho de lo que se ha comentado en medios no tiene que ver con estos delitos. “Por ejemplo, en materia de aborto, no hay ninguna persona procesada por algo como el aborto, pero en materia federal. Entonces ahí no hay ningún beneficio para ninguna mujer, más bien habría que buscar la amnistía por el estado”, comentó.
El abogado declaró que en el país solo hay 72 personas juzgadas por robo de tipo federal, por lo que también son un número tan reducido que la amnistía para estos delitos beneficiaría apenas a un par de ellas, dadas las circunstancias de sus casos.
Sobre el tema de los delitos contra la salud o portación de sustancias prohibidas, De la Garza Marroquín comentó que: “La ley tiene muchos candados, debes comprobar muy distintas cosas, como que no haya violencia, que estés en pobreza, que no hayas cargado armas, que no tenga que ver con narcotráfico, entonces vemos que estas amnistías tendrían que ver más bien con delitos relacionados con el consumo, pero pues digamos que estas cuestiones que debes de probar, no sabemos cómo lo harán en la práctica”.
Por último, el presidente de Renace aseguró que en la ley no se especifica cómo se deben comprobar los requisitos para acceder a la amnistía, por lo que “esta ley parece estar hecha con muy buena intención, pero a la hora de aterrizar esto en la práctica no se ve cómo sería (…) es mucho ruido y pocas nueces, deberían aplicarse más bien en los estados, donde está la problemática más grave, ahí tendría incidencia. Esto me parece más un discurso de tipo político, porque en términos prácticos, serán muy pocas las personas beneficiadas; ni siquiera se explica cómo los jueces atenderán a quienes lo busquen”, dijo José Mario de la Garza.
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En redes sociales también surgieron denuncias de presuntas represalias laborales
Por: Redacción
Trabajadores de la Subdelegación Oriente del IMSS en San Luis Potosí denunciaron en redes sociales que desde el pasado lunes permanecen sin servicio de agua potable en las oficinas administrativas ubicadas sobre avenida Universidad, en la colonia El Paseo, situación que ha provocado afectaciones en las condiciones laborales y el funcionamiento básico del inmueble.
De acuerdo con testimonios enviados por empleados, la falta de agua dejó fuera de servicio los sanitarios y obligó al personal a continuar sus actividades en condiciones complicadas mientras la administración buscaba resolver el problema.
“Hola buen día, se les informa que no se cuenta con agua en la subdelegación, los baños estarán fuera de servicio, estamos checando para que se restablezca el servicio pronto”, señala uno de los mensajes internos difundidos entre trabajadores.
Según las denuncias, inicialmente se habló de un posible problema administrativo relacionado con el pago del servicio, aunque posteriormente comenzó a circular entre el personal la versión de que existiría una falla en las bombas del sistema hidráulico.
Trabajadores señalaron que, pese a la falta de agua, personal sindicalizado y de confianza continuó laborando dentro de las instalaciones.
Los empleados indicaron además que durante la mañana del martes se gestionó el envío de una pipa para abastecer temporalmente la cisterna y restablecer parcialmente las operaciones del inmueble.
La subdelegación estaría bajo la responsabilidad de Nereyda Covarrubias Rubio, según mencionaron los denunciantes. Paralelamente, en redes sociales comenzaron a difundirse mensajes de inconformidad por presuntas represalias contra trabajadores que denuncian situaciones internas dentro del IMSS.
Uno de los testimonios publicados corresponde a la enfermera especialista Leticia Ávila González, quien aseguró haber sido rescindida laboralmente tras denunciar públicamente presuntos actos de violencia, acoso y hostigamiento dentro de la institución.
“Es lamentable que el sindicato no defienda a sus trabajadores… no sigan permitiendo que se vulneren sus derechos”, escribió la trabajadora en una publicación difundida en redes sociales.
En otro mensaje compartido entre empleados del instituto, se acusa que mientras a nivel nacional pueden cuestionarse públicamente las deficiencias del IMSS, dentro de la delegación estatal existirían sanciones para quienes señalan directamente a funcionarios locales o personal de confianza.
Los testimonios también cuestionan el actuar del sindicato y denuncian un ambiente de miedo entre la base trabajadora.
Hasta el momento, el IMSS no ha emitido una postura oficial sobre la falta de agua en la Subdelegación Oriente ni sobre las acusaciones difundidas por trabajadores en redes sociales.
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Fueron asegurados equipos de cómputo, aires acondicionados y cuentas bancarias
Por: Redacción
La ejecución de un laudo laboral derivó este martes en el embargo de bienes dentro de la escuela primaria Antero G. González, en Ciudad Valles, luego de que una maestra de inglés obtuviera una sentencia favorable por despido injustificado y falta de pago de prestaciones laborales.
De acuerdo con el abogado de la docente, Matilde Hernández, el tribunal laboral ya había emitido una resolución definitiva desde febrero de 2026, en la que se ordenó cubrir salarios caídos, prestaciones, cuotas ante el Seguro Social y además reinstalar a la trabajadora en su puesto.
Sin embargo, al no cumplirse la sentencia, personal judicial acudió al plantel educativo para ejecutar el embargo de diversos bienes propiedad de la institución y de la sociedad de padres de familia.
Entre los bienes asegurados se encuentran equipos de cómputo, aires acondicionados y cuentas bancarias, los cuales podrían ser rematados o intervenidos legalmente si continúa el incumplimiento.
El litigante explicó que la maestra fue separada de su cargo en 2024 y señaló que la decisión habría sido tomada por el director del plantel, Xenón Hernández Hernández, a quien calificó como el “autor intelectual” del despido.
Asimismo, indicó que el adeudo continúa creciendo debido a salarios caídos y otras prestaciones acumuladas, por lo que actualmente la cantidad reclamada supera los 507 mil pesos.
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El proyecto busca apoyar a pacientes renales que actualmente enfrentan altos costos y largos traslados
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que ya iniciaron los estudios para la construcción de los primeros dos centros de hemodiálisis gratuitos en la entidad, los cuales estarán ubicados en Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale, aunque adelantó que el proyecto contempla expandirse a todas las regiones del estado.
El mandatario estatal explicó que la intención es crear una red de atención para pacientes renales que permita acercar tratamientos especializados a personas que actualmente enfrentan altos costos médicos y largos traslados para recibir atención.
“La idea es contar con al menos un centro de hemodiálisis en cada región del estado”, adelantó.
Gallardo recordó que la semana pasada ya había anunciado la instalación de una clínica especializada dentro de una Clínica Rosa en Soledad de Graciano Sánchez; sin embargo, ahora confirmó que el proyecto no se limitará a la zona metropolitana y comenzará también en la Huasteca potosina
En el caso de Soledad, el nuevo centro de hemodiálisis se instalaría en el inmueble que anteriormente funcionaba como Unidad Administrativa Municipal, luego de que el ayuntamiento trasladara sus oficinas a un nuevo complejo sobre avenida San Pedro.
El gobernador detalló que el espacio será reacondicionado para funcionar como unidad médica especializada y contará inicialmente con al menos cuatro máquinas de hemodiálisis, con capacidad para atender a pacientes del municipio y zonas cercanas.
Además, señaló que el Ayuntamiento de Soledad apoyará con la adquisición de medicamentos necesarios para los tratamientos.
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