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Solo 10% de los presos en SLP podrían beneficiarse de la Ley de Amnistía: JMG
El presidente de Renace en San Luis Potosí afirmó que la Ley de Amnistía tiene muchos candados, por lo que el Congreso del Estado debería proponer una “amnistía estatal”
Por: Abelardo Medellín
José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la fundación Renace Capítulo San Luis, afirmó que la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca perdonar a personas que estén recluidas en centro penitenciarios por delitos del fuero federal, no beneficiaría a una población significativa en el estado: “Es menos del 15 por ciento. Quienes están en los penales por delitos federales suelen estar en los centros penitenciarios de alta seguridad, además de que el narcomenudeo es muy local, es un delito del fuero común. Debe ser menos del 15 por ciento, se beneficia a pocos, entonces el anuncio del presidente se cuelga las medallas políticas, pero en la práctica no beneficia a nadie”.
Ante la duda de cómo podría aplicarse esta ley a nivel estatal para que se pueda aprovechar de mejor manera para la población penitenciaria de San Luis Potosí, de la Garza Marroquín comentó que: “Un diputado, o el gobernador deberían presentar una iniciativa para que haya una amnistía local, al final hay un transitorio en la propuesta del presidente, para que los estados copien la ley de amnistía, pero solo es una invitación, él no los puede obligar […] yo creo que los del partido Morena podrían adecuar esta iniciativa y plantearla en el Congreso del Estado, quizá deberían ponerse las pilas para presentar una parecida”.
En San Luis Potosí, de acuerdo con el estudio “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 90 por ciento de las personas recluidas en centros penitenciarios están ahí por delitos del fuero común, y el otro 10 por ciento por delitos federales, por lo que solo este diez por ciento podría ser beneficiado por la Ley de Amnistía, si es que se aprueba en lo local y solo si cumplen con las condicionantes de ley que se les apliquen.
De la Garza Marroquín explicó que liberar a una persona no asegura que se acabe el problema, puesto que la Ley de Amnistía no soluciona problemáticas como la reintegración de la persona liberada a la sociedad, que debería ser una propuesta cooperativa para asegurar que no sean vulnerados sus derechos. Comentó que harían falta tres cosas más: un sistema de reinserción para asegurar que quien sea liberado encuentre un lugar donde trabajar o desarrollarse; otra sería un sistema para fortalecer las defensorías del estado.
Además, sugirió que se debe reforzar el trabajo con las víctimas de robo u otro delitos, puesto que esta ley solo voltea a ver a las personas en prisión, pero se deja de lado a las víctimas: “Pareciera que el enfoque está sobre los que están en prisión (…) una iniciativa así no tiene ningún chiste, necesitamos un sistema integral, si no es así, pues perdón, pero es una tomada de pelo”, puntualizó José Mario de la Garza.
Mientras tanto, a nivel nacional, el presidente de Renace apuntó que: “De entrada, al 85 por ciento de los internos no les sirve para nada esta ley, no les aplica”; y comentó que las especulaciones que se han hecho en la materia suelen ser erróneas, pues solo se toman en cuenta los delitos federales y mucho de lo que se ha comentado en medios no tiene que ver con estos delitos. “Por ejemplo, en materia de aborto, no hay ninguna persona procesada por algo como el aborto, pero en materia federal. Entonces ahí no hay ningún beneficio para ninguna mujer, más bien habría que buscar la amnistía por el estado”, comentó.
El abogado declaró que en el país solo hay 72 personas juzgadas por robo de tipo federal, por lo que también son un número tan reducido que la amnistía para estos delitos beneficiaría apenas a un par de ellas, dadas las circunstancias de sus casos.
Sobre el tema de los delitos contra la salud o portación de sustancias prohibidas, De la Garza Marroquín comentó que: “La ley tiene muchos candados, debes comprobar muy distintas cosas, como que no haya violencia, que estés en pobreza, que no hayas cargado armas, que no tenga que ver con narcotráfico, entonces vemos que estas amnistías tendrían que ver más bien con delitos relacionados con el consumo, pero pues digamos que estas cuestiones que debes de probar, no sabemos cómo lo harán en la práctica”.
Por último, el presidente de Renace aseguró que en la ley no se especifica cómo se deben comprobar los requisitos para acceder a la amnistía, por lo que “esta ley parece estar hecha con muy buena intención, pero a la hora de aterrizar esto en la práctica no se ve cómo sería (…) es mucho ruido y pocas nueces, deberían aplicarse más bien en los estados, donde está la problemática más grave, ahí tendría incidencia. Esto me parece más un discurso de tipo político, porque en términos prácticos, serán muy pocas las personas beneficiadas; ni siquiera se explica cómo los jueces atenderán a quienes lo busquen”, dijo José Mario de la Garza.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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