La dependencia federal asegura que la nueva jornada laboral incluirá un esquema de implementación escalonada sin afectar el salario de los empleados

Por: Roberto Mendoza

​Marat Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó ante la Cámara de Diputados los detalles operativos para aplicar la reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas por semana. Durante una sesión de trabajo con los legisladores de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo, el funcionario desglosó el dictamen enviado por el Ejecutivo Federal, el cual ya cuenta con la aprobación del Senado de la República y aguarda su votación en el recinto de San Lázaro.

​La medida proyecta abarcar al 65 por ciento de los trabajadores formales del país que actualmente cumplen turnos de 41 horas o más. De acuerdo con el diseño técnico de la iniciativa, la nueva jornada resultará en cinco días de labor por semana en esquemas de ocho horas diarias. Bolaños especificó que este cambio se ejecutará mediante un mecanismo de gradualidad diseñado para proteger los ingresos de los empleados, mantener intactas sus prestaciones laborales y evitar impactos negativos en los índic es de inflación nacional.

​El proyecto es el resultado de un periodo de cinco meses de foros de diálogo que involucró a representaciones sindicales y del sector empleador. Durante la comparecencia, ante las preguntas de la prensa sobre la viabilidad de la medida frente a una tasa de informalidad del 52 por ciento

​La administración federal fundamenta esta transición en las normas internacionales de bienestar para equilibrar el tiempo personal de los ciudadanos, argumentando que el incremento en las horas de descanso funciona como un estímulo para la productividad interna de las empresas. Para que la iniciativa entre en vigor, el documento debe alcanzar la mayoría calificada en el pleno de la Cámara de Diputados, obtener el aval de al menos 17 congresos locales y concretar los ajustes reglamentarios en la Ley Federal del Trabajo.

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Las carreteras federales operan sin bloqueos y se mantiene el despliegue de 9 mil 500 militares en Jalisco tras el deceso de Oseguera Cervantes

Por: Roberto Mendoza

​La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México se encuentra en condiciones de normalidad y paz tras el operativo de ayer en el que falleció Rubén Oseguera Cervantes. Durante la conferencia matutina de este lunes, el gabinete de seguridad presentó los detalles técnicos sobre el restablecimiento del orden vial en las 12 entidades que registraron incidentes tras el operativo en Tapalpa, Jalisco. La mandataria precisó que todas las vías de comunicación se encuentran libres y que la gobernabilidad en el territorio nacional se mantiene sin afectaciones operativas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República concluyó los protocolos de identificación del cuerpo y reportó un saldo total de 85 bloqueos carreteros en 12 entidades del país, de los cuales 18 ocurrieron en Jalisco. García Harfuch precisó que se registraron 27 agresiones directas contra la autoridad, resultando en la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un agente de la Fiscalía estatal. El funcionario subrayó que, tras la activación de los protocolos de atención inmediata y la coordinación con los gobernadores de los estados afectados, la movilidad se ha restablecido al 100% en las carreteras federales y 70 personas relacionadas con los hechos violentos han sido detenidas.

​Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo

​Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la gobernabilidad en el país se mantiene intacta y que las instituciones del Estado actuaron con determinación bajo un esquema de responsabilidad compartida, pero sin subordinación a agencias extranjeras. La jefa del Ejecutivo aclaró que, aunque existió intercambio de información de inteligencia con el gobierno de Estados Unidos, la planeación y ejecución del operativo fue estrictamente responsabilidad de las fuerzas federales mexicanas. Como medida administrativa de cierre, la mandataria informó que el centro de mando nacional permanecerá activo durante las próximas 24 horas para monitorear cualquier reacomodo en la estructura delictiva y garantizar que las actividades educativas y comerciales, particularmente los vuelos hacia el occidente del país, se normalicen totalmente este martes.

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Los ataques abarcan unidades de servicio en las regiones de Occidente y el Bajío

​Por: Roberto Mendoza

El Banco del Bienestar suspendió las operaciones de 48 sucursales en las regiones de Occidente y el Bajío tras registrarse agresiones contra su infraestructura física este domingo. La determinación institucional afecta a unidades de servicio localizadas en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.

Los incidentes se reportaron de manera simultánea al despliegue de las fuerzas federales en el municipio de Tapalpa y a la serie de bloqueos viales registrados en las arterias de comunicación de las entidades mencionadas.

​El reporte de afectaciones técnicas incluye el incendio de cinco sedes en Zacatecas, específicamente en las demarcaciones de Juchipila, Apozol y Tabasco, donde se registraron daños en las fachadas y áreas de atención. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, las autoridades intervinieron en tres sucursales de Zapopan y Tonalá ante el uso de artefactos incendiarios caseros contra los inmuebles.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato documentó daños estructurales y pintas en edificios federales de León, Celaya e Irapuato, sin que los registros oficiales indiquen la sustracción de activos monetarios de las áreas de resguardo de valores.

​La dirección del Banco del Bienestar fundamentó la interrupción del servicio en la necesidad de salvaguardar la integridad de los usuarios y empleados frente a la situación de seguridad en el territorio nacional. La custodia de los inmuebles quedó bajo la responsabilidad de elementos de la Guardia Nacional y corporaciones locales, quienes mantienen operativos de vigilancia en los perímetros afectados.

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