Familiares o terceros que actúen como titulares aparentes de bienes también podrían ser sancionados

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez  presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las medidas contra quienes evadan deliberadamente sus obligaciones alimentarias y sancionar la participación de terceras personas que colaboren para impedir su cumplimiento.

La reforma busca cerrar espacios de impunidad mediante la incorporación de disposiciones que permitan identificar y sancionar conductas encaminadas a colocar de manera intencional al deudor alimentario en una situación de insolvencia, así como aquellas acciones realizadas con apoyo de terceros para ocultar o transferir bienes.

Explicó que la propuesta se desarrolla en dos vertientes principales: establecer de manera objetiva determinadas conductas evasivas del deudor alimentario y penalizar la coparticipación de terceras personas que, con conocimiento de la obligación existente, contribuyan a impedir su cumplimiento.

La diputada María Dolores Robles Chairez destacó que la modificación busca brindar mayores herramientas jurídicas para proteger el derecho de niñas, niños y demás personas acreedoras alimentarias, evitando que maniobras de carácter patrimonial sean utilizadas para obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad judicial.

Señaló que existen casos en los que los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos o materiales que aparentemente pueden ser lícitos, pero que tienen como finalidad eludir sus responsabilidades. Entre estas prácticas se encuentran la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo durante periodos relacionados con procesos familiares y la transferencia de bienes a familiares o personas de confianza que actúan como titulares aparentes.

Con esta iniciativa se busca establecer que comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar quien se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el propósito de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la ley.

La legislación establecerá que, salvo prueba en contrario, se presumirá dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, cuando este constituya su único o principal medio para obtener ingresos.

Asimismo, se establecen sanciones para quienes, durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, enajenen intencionalmente de manera parcial o total sus bienes con la finalidad de eludir obligaciones alimentarias.

De igual manera, se sancionará a quienes, teniendo conocimiento de la existencia de una obligación alimentaria o de un proceso judicial en curso, ayuden al deudor a ocultar bienes, acepten figurar como titulares aparentes de estos o realicen actos jurídicos simulados con el propósito de evitar que se cumplan las obligaciones alimentarias.

Para estas conductas se contempla una sanción de seis meses a tres años de prisión, además de una sanción pecuniaria de 60 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

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Durante la feria habrá modificaciones en avenida de las Torres, Simón Díaz y Francisco Martínez de la Vega, con rutas específicas para entrar y salir del recinto

Por: Redacción

Con el objetivo de agilizar la movilidad y facilitar el acceso de las familias a la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, implementa un operativo especial de circulación vehicular durante el desarrollo del evento.

Para el acceso de vehículos, se realiza cambio a un solo sentido de circulación en  la avenida de las Torres, de norponiente a suroriente, por lo que los vehículos que ingresen a la zona de la FENAPO deberán hacerlo desde Calzada de Guadalupe, utilizando esta vialidad como acceso principal. Como alternativa, se contará con un acceso secundario por avenida Simón Díaz, proveniente de avenida de la Constitución.

Para la salida del recinto, el flujo vehicular se distribuirá principalmente hacia Circuito Potosí, mediante la incorporación desde avenida de las Torres. Como salida secundaria, los automovilistas podrán continuar por esta misma vialidad para incorporarse a avenida Simón Díaz, con dirección a avenida de la Constitución y el fraccionamiento Simón Díaz.

Como parte de la estrategia de movilidad, la avenida Francisco Martínez de la Vega, en el tramo comprendido entre avenida de las Torres y avenida Simón Díaz, permanecerá cerrada al tránsito vehicular. El primer tramo, de avenida de las Torres al callejón peatonal América del Sur,

será habilitado como callejón peatonal, mientras que el segundo tramo funcionará como zona exclusiva para ascenso y descenso de taxis.

La SSPC de la Capital exhorta a las y los asistentes a la FENAPO a planificar sus traslados, respetar la señalización y las indicaciones del personal de Policía Vial, así como considerar el uso de transporte público para facilitar la movilidad en los alrededores del recinto.

Estas medidas buscan mantener un flujo vehicular ordenado y seguro durante la feria, privilegiando tanto la movilidad de quienes acuden al recinto como la seguridad de peatones, usuarios del transporte público y habitantes de las zonas aledañas.

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Ángel “N” buscó prisión domiciliaria por tener mas de 70 años; el juzgado federal rechazó la petición

Por: Roberto Mendoza

El exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, recibió el dictado de prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, imputado por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó la acusación señalando la instrucción directa para desaparecer los videos del Palacio de Justicia de Iguala.

Durante la audiencia inicial, el imputado ingresó a la segunda sala del Centro de Justicia Penal Federal en una silla de ruedas tras presentar alteraciones en su presión arterial que retrasaron la diligencia. La defensa legal solicitó al juez de control la medida cautelar de prisión domiciliaria, argumentando la edad de 70 años del exfuncionario y un cuadro clínico conformado por diabetes, hipertensión y una infección reciente

. El juzgador federal rechazó la petición al determinar que no se acreditaron los requisitos legales probatorios para otorgar el arraigo domiciliario, ratificando la reclusión.

El equipo legal del exgobernador se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su vinculación a proceso se definirá la próxima semana. En su intervención frente a la autoridad judicial, el exmandatario estatal manifestó su postura ante los señalamientos del Ministerio Público de la Federación: “Ayer fui detenido a las 10 de la mañana después de 12 años de la desaparición de los normalistas… Nunca me he escondido“.

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