México
SCJN elimina sentencias explicativas y vota a mano alzada casos de atracción
El máximo tribunal, en su nueva integración, elimina la obligación de emitir sentencias escritas con fundamentos
Por: Roberto Mendoza
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha modificado radicalmente su método de trabajo al implementar un sistema sumario de votaciones a mano alzada para resolver sobre su facultad de atracción, eliminando la obligación de emitir una sentencia escrita que explique los motivos de su decisión.
Durante la sesión plenaria de este miércoles, el tribunal despachó una docena de solicitudes en aproximadamente 10 minutos, un acto que sepulta una tradición deliberativa de tres décadas. De los 12 asuntos resueltos, solo cuatro fueron aceptados para su estudio, redefiniendo no solo el ritmo de la justicia constitucional, sino también su transparencia argumentativa, en un esquema similar al de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El presidente Hugo Aguilar justificó la medida argumentando la necesidad de agilizar los trámites para evitar que los expedientes queden “congelados seis o siete meses”. Según datos de la propia Corte, esta celeridad busca abatir un rezago considerable: de dos mil 224 solicitudes de atracción recibidas en 2024, aún quedan 929 pendientes, a las que se suman 686 de este año. Con el nuevo mecanismo de “votación económica”, ya no se publicarán proyectos de resolución ni sentencias que detallen los elementos de “interés y trascendencia” de un caso, por lo que los ministros no tendrán que dar explicaciones públicas sobre por qué deciden intervenir en un asunto.
Este paradigma contrasta dramáticamente con el método anterior, vigente desde 1994, que exigía un análisis exhaustivo en la ponencia de un ministro, un debate colegiado sobre un proyecto escrito y una sentencia final que, incluso al rechazar un caso, generaba una valiosa “jurisprudencia de umbral” 
El fundamento de esta transformación es el Acuerdo General 4/2025, que articula los nuevos criterios de atracción, enfocados en temas de justicia social. Los casos atraídos este miércoles, todos por votación dividida, ilustran este enfoque: la revisión de una condena por trata de personas, un asunto de delitos contra la salud y un amparo para definir las reglas de nulidad en transferencias bancarias electrónicas. Aunque la “atracción sumaria” ya era utilizada en privado por la extinta Segunda Sala, su implementación como el método estándar y público del Pleno marca el cambio operativo más profundo en el máximo tribunal en treinta años.
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Es el primero de nueve que fue acusado en EEUU de ayudar a grupos criminales en el estado
Por Roberto Mendoza
Gerardo Mérida Sánchez, ex-secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció ante la Corte Federal de Distrito en Tucson tras su arresto en el estado de Arizona. Segun reportes periodísticos el general en retiro se encuentra bajo custodia federal.
La detención de Mérida Sánchez representa la primera acción judicial contra el grupo de nueve exfuncionarios sinaloenses señalados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el encausamiento de abril de 2026.
Según la acusación en Estados Unidos, Mérida recibió sobornos de los hijos del cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de avisarles con antelación de las redadas policiales en laboratorios de drogas. Por el momento no hay información sobre los detalles de la captura en Arizona.
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Fuentes periodísticas aseguran que se congelaron también las cuentas del senador Inzunza
Por Roberto Mendoza
Información difundida en las últimas horas señalan que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), habría emitido una orden para el bloqueo de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de un grupo de colaboradores cercanos y familiares.
De acuerdo con fuentes periodísticas que citan el “Acuerdo 156/2026”, la instrucción fue transmitida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a todas las instituciones del sistema financiero mexicano. El objetivo de la medida es la inmovilización de activos financieros de los implicados.
La restricción no se limita al ex-mandatario estatal; los reportes indican que la medida alcanza al senador Enrique Inzunza Cázarez, así como a otros funcionarios y ex-funcionarios de la administración de Sinaloa.
Según la narrativa de las investigaciones referidas por la prensa, el congelamiento de cuentas se deriva de indagatorias vinculadas a procesos abiertos en una corte federal de Nueva York, Estados Unidos, relacionados con presuntas redes de protección criminal.
Hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo la existencia del Acuerdo 156/2026, amparándose en el secreto fiscal y la reserva de las investigaciones en curso.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre este tema durante su conferencia matutina declaró no tener información confirmada al respecto.
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México
Emplaza la presidenta de la Cámara de Diputados a políticos sinaloenses a responder por nexos criminales
Kenia López Rabadán requirió una definición legislativa ante el desmantelamiento de infraestructura delictiva
Por: Roberto Mendoza
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, emitió un requerimiento público en su cuenta oficial de x dirigido a los representantes gubernamentales de Sinaloa señalados por operaciones ilícitas: “Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México. Que no se escondan ni guarden un silencio cómplice”.
La diputada interpeló a los grupos parlamentarios sobre su rechazo a los operativos de seguridad ejecutados por administraciones estatales: “¿Por qué defienden tanto a los cárteles? ¿Por qué se enojan tanto que una gobernadora haga su trabajo y desmantele un narco laboratorio? ¿En dónde ustedes se ponen a pensar en las y los mexicanos? ¿Cuándo?
La legisladora exigió establecer una postura institucional respecto a los funcionarios investigados, contrastando el ejercicio del servicio público con la protección de intereses de grupos armados: “¿Saben por qué ya no piensan en los mexicanos? Porque piensan como narcolegisladores, como narcopolíticos, como narcoprivilegiados. Si ustedes quieren defender a los corruptos de Sinaloa, adelante, síganlo haciendo porque, claramente, hoy la gente está del lado de los buenos”.
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