Ciudad
San Luis, cuarta entidad más corrupta: Rubén Guajardo, presidente de la Comisión de Justicia
Ocho de cada diez potosinos no denuncian haber sido víctimas de algún acto irregular
Por Redacción:
Es una vergüenza que San Luis Potosí sea considerado de los estados de la República Mexicana con mayor porcentaje de corrupción, según las cifras que recientemente presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que reportan que somos el cuarto peor evaluado, después de la Ciudad de México, Quintana Roo y Morelos, indicó Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
Al igual, en el reciente documento se indica que ocho de cada diez potosinos no denuncian haber sido víctimas de algún acto irregular, lo que deja entrever que el ciudadano se siente amenazado, desconfiado y además que no cree en sus instituciones, ante la baja efectividad.
“No hay que olvidar que estos sentimientos de impunidad, generaron la desconfianza que estamos observando hoy, y no nos queda más que recomponer el rumbo con políticas de buenas intenciones y no de simulación, así como reforzar a las instituciones con los mecanismos legales más adecuados para su operatividad”.
Estimó que uno de los grandes enemigos de la democracia, es sin duda la corrupción, por ello debe ser prioridad, acabar con ésta desde distintas trincheras y más cuando se sabe que se sancionó a los servidores públicos en un 82.1 por ciento por faltas no graves y 12 por ciento por faltas graves, tales como negligencia administrativa y omisión de la declaración patrimonial y conflicto de interés.
En 2018, fueron sancionados 40 funcionarios públicos por faltas graves en San Luis Potosí, colocándonos en la entidad numero 15 a nivel nacional con esta modalidad, es decir este problema, tiene el rostro de las instituciones del poder.
“Seguir en esta modalidad, puede ocasionar un fenómeno muy grave y que nos debe preocupar a todos, que es el de la generación de inversiones, pues está demostrado que los primeros en huir de está descomposición social, es el sector de la iniciativa privada, nos están pintando como una entidad altamente corrupta y se alejan quienes realmente quieren apostar por el crecimiento económico; mientras no cambien de mentalidad las instituciones, no se puede esperar un cambio real, lo que queda es apostarle a la prevención, rendición de cuentas y transparencia en todas sus modalidades”.
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Enrique Galindo afirmó que con la derogación los procesados deben quedar exentos de responsabilidad penal
Por: Redacción
Las personas procesadas por la llamada Ley Serrano deben quedar totalmente exentas de responsabilidad penal tras la derogación de la norma, pues el tipo penal dejó de existir, afirmó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí.
El alcalde celebró la derogación firmada el jueves por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí: la calificó como un acierto y consideró que, de cualquier forma, la Suprema Corte se habría pronunciado en ese sentido. Con la eliminación de la norma, dijo, se alinea una sola visión de protección a la libertad de expresión y se corrige un retroceso democrático de muchos años.
Galindo pidió no olvidar a las víctimas de la ley, personas que estuvieron presas y enfrentaron carpetas de investigación: “fue muy costoso debatir sobre inteligencia artificial teniendo a tres gentes en la cárcel”, afirmó. Sostuvo que la derogación les da la razón a los creadores de contenido y comunicadores señalados —unas 10 o 12 personas en la primera lista, recordó—, cuyos juicios deben desaparecer y quienes podrían demandar algún tipo de resarcimiento.
El alcalde consideró que la norma hizo retroceder al estado en materia legislativa y democrática, y que deja una enseñanza clara: estos temas pueden acotarse sin vulnerar derechos humanos desde el derecho civil o el administrativo, pero nunca desde el derecho penal.
Aclaró que la inteligencia artificial sí debe regularse “a como dé lugar”, como ocurrió en su momento con el ADN, aunque con mejor técnica jurídica y con las universidades encabezando el debate, pues el concepto existe desde los años sesenta y tanto el estado como el país van tarde en la discusión.
Galindo adelantó, además, que seguirá llamando a la norma Ley Serrano: apellidar una ley, busca alimentar el ego de su autor, pero él mantendrá el nombre para que no se olvide de dónde vino.
La derogación fue firmada el jueves por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras semanas de críticas de comunicadores, colectivos y del propio alcalde; la nueva ley en la materia se construirá en foros con todos los sectores.
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Enrique Galindo detalló que la obra de entre 120 y 125 mdp conectará toda la red de pozos de la capital
Por: Redacción
El Interapas construye un acueducto hacia el norte de la capital que conectará toda la red de pozos para dar redundancia al suministro de agua, con una inversión de entre 120 y 125 millones de pesos, informó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del organismo.
El alcalde explicó el problema que la obra busca resolver: hoy, cuando un pozo se descompone, no es posible alimentar su zona desde otro pozo. El acueducto funcionará como un gran colector central de distribución al que se conectará toda la red, de modo que las fallas puedan amortiguarse.
La línea llegará, dijo, “al norte, norte” de la ciudad, a zonas donde actualmente no hay desarrollo habitacional, con lo que el agua dará viabilidad al crecimiento de San Luis Potosí en esa dirección.
El financiamiento será tripartita: los desarrolladores de vivienda aportarán entre 30 y 40 millones de pesos mediante un convenio en proceso de firma, el Ayuntamiento de San Luis Potosí pondrá entre 55 y 60 millones, y el resto correrá a cargo del Interapas. Los trabajos ya comenzaron e incluyen la rehabilitación al 100 por ciento de la planta potabilizadora
El anuncio salió de una reunión con la Canadevi, en la que se ratificó el criterio del organismo: sin agua no habrá autorización de nuevos desarrollos habitacionales, a menos que se creen nuevas fuentes. Ante la incertidumbre de los desarrolladores por la posible separación de Soledad del organismo, Galindo respondió que los proyectos deben continuar: “si desaparece el Interapas va a aparecer una nueva institución, no hay vuelta de hoja”, afirmó.
En la misma reunión, el Interapas presentó un nuevo sistema digital para la gestión de nuevos fraccionamientos, que elimina trámites secundarios y permitirá a cada desarrollador dar seguimiento a su expediente en una plataforma ligada al ayuntamiento.
El proyecto se anuncia en plena falla de El Realito —la séptima u octava del año, según el alcalde—, que dejó sin agua a 75 colonias atendidas con un operativo de entre 35 y 40 pipas.
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Enrique Galindo afirmó que en cinco años y 217 obras nunca había enfrentado un requerimiento así
Por: Redacción
La Contraloría del Estado condicionó la revisión de las bases de licitación de la obra del Saucito a que el Ayuntamiento de San Luis Potosí entregue un levantamiento notarial —con fotografías y videos— de todas las fachadas con valor patrimonial por donde pasará el paso a desnivel, reveló Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino, quien consideró que el requerimiento parece una maniobra para aplazar la autorización.
El alcalde explicó que la respuesta de la dependencia llegó apenas hace unos cuatro días, luego de que se le sugiriera sacar cita con el contralor. El documento solicitado, dijo, sale de la esfera de la Contraloría, pero lo entregará aunque le tome días o semanas: “a mí me suena que es un mecanismo para decir: ya te contesté, está en tu cancha; nomás que desde marzo no me habían dicho eso”, afirmó.
Galindo subrayó que al 17 de julio sigue sin poder emitir las bases de licitación de una obra cuyo trámite inició el 21 de marzo, y recordó que en cinco años de administración ha ejecutado 217 obras —el 80 por ciento pasó por la Contraloría Estatal— sin haber tenido que acudir personalmente ante el titular del órgano.
El alcalde señaló además que el oficio de respuesta, de dos hojas, advierte en su último párrafo que la dependencia podrá revisar la obra en el momento que lo decida, lo que a su juicio excede sus facultades, pues la fiscalización del gasto corresponde a la instancia estatal de fiscalización y, en el caso de recursos federales, a la Auditoría Superior de la Federación
Aclaró que los requerimientos del INAH corren por cuerda separada y se han cumplido, incluida la contratación permanente de un antropólogo mientras dure la obra, y que el juicio de amparo mencionado por el contralor no es competencia de este: ya existe diálogo con las cinco personas que lo promovieron.
Cuestionado sobre si ejecutaría la obra sin autorización, como acusa que hace el gobierno estatal, respondió que no es su estilo: es abogado, respeta el marco jurídico y el riesgo sería que la obra fuera cancelada, suspendida o clausurada.
El paso a desnivel del Saucito es la pieza central del reclamo del alcalde por el freno a la obra municipal: más de 30 licitaciones siguen atoradas y, según ha dicho, el plazo práctico es terminar antes de la fiesta del barrio, en febrero.
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