La organización Eco Huellas pidió a las autoridades investigar los hechos, ante versiones de que el problema podría repetirse previo a eventos como de la Feria Nacional de Charcas

Por: Redacción

La organización protectora de animales Eco Huellas denunció públicamente reportes de un presunto envenenamiento masivo de perros en situación de calle en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, y exigió a las autoridades investigar los hechos.

A través de una publicación en redes sociales, la agrupación señaló que habitantes del municipio han reportado la muerte de varios perros; sin embargo, aclaró que hasta el momento no cuentan con pruebas que permitan identificar o responsabilizar directamente a alguna persona o autoridad por los hechos.

“Quienes realizan estos señalamientos reconocen no contar con pruebas que permitan afirmar quién es responsable y, por ello, sería irresponsable señalar directamente a una autoridad como autora de estos hechos sin una investigación que lo determine”, expuso la organización.

Eco Huellas cuestionó, sin embargo, qué acciones está implementando el Ayuntamiento para atender de manera permanente la presencia de perros y gatos en situación de calle.

La agrupación advirtió que la sobrepoblación animal no puede resolverse mediante la desaparición o muerte de los animales y consideró necesario establecer políticas públicas enfocadas en esterilización, rescate, adopción, educación sobre tutela responsable y protección animal

De acuerdo con la publicación, algunos habitantes han señalado que este tipo de situaciones presuntamente no sería la primera vez que ocurre en fechas cercanas a eventos públicos, cuando existe interés por mostrar una imagen de “limpieza” en las calles del municipio.

No obstante, la organización insistió en que estas versiones deben ser investigadas antes de establecer responsabilidades

La denuncia ocurre en el contexto de la realización de la Feria Nacional de Charcas (Fenachar), por lo que Eco Huellas pidió a quienes visiten el municipio observar la situación de los animales en las calles.

Para la organización, la presencia de perros en situación de calle es consecuencia de problemas que se han acumulado durante años, como el abandono, la falta de campañas de esterilización, la ausencia de educación sobre la responsabilidad que implica tener un animal y la falta de políticas públicas para controlar la población animal de manera humanitaria.

“Los perros callejeros no aparecen ni desaparecen de la nada”, señaló la agrupación.

Eco Huellas sostuvo que, en caso de comprobarse que los animales fueron eliminados para retirarlos de las calles, los hechos no podrían considerarse una solución al problema de sobrepoblación.

Finalmente, la organización hizo un llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que las autoridades intervengan ante la denuncia pública y se investigue lo ocurrido.

La agrupación pidió que la problemática de los animales en situación de calle sea atendida mediante estrategias permanentes y no únicamente con acciones temporales relacionadas con la realización de eventos o la imagen urbana del municipio.

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Marco Polo Méndez dijo que ya hay acuerdo reparatorio en siete de los diez casos del Bar Rich

Por: Redacción

El 7 de junio de 2024 colapsó el barandal de una terraza del Bar Rich, en el Alttus Corporate Center & Plaza de San Luis Potosí, durante un concierto de música regional. Cerca de 20 personas cayeron desde más de 12 metros de altura; dos jóvenes, Manuel Alejandro Infante y Rodrigo Espinosa, murieron, y más de una decena resultó herida. El inmueble no contaba con autorización vigente de Protección Civil Municipal ni con el permiso especial requerido para el evento.

A dos años y dos meses de la tragedia, los procesos legales contra las tres personas detenidas por el caso continúan. El asesor jurídico de la defensa, Marco Polo Méndez Alonso, dijo a ese medio que de las diez víctimas reconocidas ya se llegó a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional con siete, lo que equivale a un avance del 70 por ciento.

Méndez Alonso afirmó que el caso se ha enfrentado a “jueces alineados al oficialismo” y sostuvo que se trata de “un hecho culposo, un accidente”, postura que corresponde a la defensa y no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Faltan por resolverse los casos de dos víctimas, entre ellas una persona con lesiones de consideración que continúa en recuperación. Los casos de los dos jóvenes fallecidos son los que, de no llegar a un acuerdo, podrían derivar en juicio. El delito por el que se procesa a los detenidos contempla penas de uno a cinco años de prisión; los tres acusados llevan dos años recluidos.

Hace algunos días, la Fiscalía ingresó a uno de los dos locales asegurados del bar sin notificar a las partes ni a los ofendidos, de acuerdo con la defensa, que dijo desconocer las causas de esa diligencia.

El abogado Antonio Rodríguez Rodríguez, también defensor en el caso, dijo a Plano Informativo que la cobertura mediática ha complicado el proceso: “se va remando contra la corriente” cuando la opinión pública influye en las decisiones judiciales, afirmó.

Hasta ahora no se ha sancionado a las autoridades que otorgaron los permisos para la operación de la plaza donde se ubica el bar, inmueble que, según Plano Informativo, continúa representando un riesgo para sus usuarios.

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El Ayuntamiento publicó un reglamento que impide otorgar licencias y autorizaciones para infraestructura relacionada con la fractura hidráulica

Por: Redacción

Mientras el gobierno federal mantiene abierta la discusión sobre la posibilidad de aplicar la fractura hidráulica bajo criterios de sustentabilidad, Ciudad Valles decidió cerrar la puerta a esta técnica desde el ámbito de sus atribuciones municipales.

El Ayuntamiento vallense publicó el pasado 17 de agosto en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el Reglamento municipal para la protección del suelo y la prohibición de autorizaciones municipales vinculadas con la fractura hidráulica “fracking”, mediante el cual establece la negativa a otorgar licencias, permisos y otras autorizaciones para obras e infraestructura relacionadas con esta práctica.

La disposición aplica dentro del territorio de Ciudad Valles, gobernado por el alcalde David Armando Medina Salazar, y busca impedir que desde la administración municipal se facilite la instalación de infraestructura vinculada con proyectos de fractura hidráulica.

El reglamento reconoce que la exploración y extracción de hidrocarburos son materias de competencia federal y deja claro que el municipio no pretende cancelar asignaciones, contratos o permisos otorgados por otras autoridades.

“El presente Reglamento no tiene por objeto autorizar, prohibir, suspender o cancelar asignaciones, contratos, permisos o autorizaciones federales, ni regular directamente las actividades técnicas de exploración o extracción de hidrocarburos”, establece el documento.

Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que los proyectos asociados con el fracking requieren obras e intervenciones que sí pueden afectar materias bajo competencia municipal, como el uso y aprovechamiento del suelo, las licencias de construcción, los caminos municipales, la protección civil, la gestión de residuos y los servicios públicos.

Por ello, Ciudad Valles determinó que sus dependencias deberán negar cualquier acto administrativo que permita obras incompatibles con el ordenamiento territorial y ecológico del municipio o que facilite infraestructura relacionada con la fractura hidráulica.

El reglamento parte de una distinción: el municipio no puede decidir si el gobierno federal autoriza o no la explotación de hidrocarburos, pero sí puede ejercer sus atribuciones sobre las consecuencias territoriales y administrativas que generaría un proyecto de este tipo.

La fractura hidráulica implica perforaciones profundas y la inyección a presión de agua y otros aditivos para extraer gas o petróleo de formaciones subterráneas. Además, puede requerir caminos de acceso, maquinaria pesada, instalaciones y un uso intensivo de recursos.

El Ayuntamiento argumenta que estas actividades pueden tener consecuencias sobre el suelo, el agua, los ecosistemas y la población, por lo que invoca los principios de prevención y precaución ante posibles riesgos graves o irreversibles.

Incluso, el reglamento establece que la autoridad municipal deberá actuar para prevenir daños aun cuando no exista certeza científica absoluta sobre todas las posibles afectaciones.

La norma también obliga a las dependencias municipales a coordinarse para la inspección y vigilancia de posibles obras relacionadas con esta práctica, además de establecer mecanismos para la presentación de denuncias ciudadanas.

La decisión de Ciudad Valles ocurre en medio de un renovado debate nacional sobre el uso de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

Aunque la regulación energética y las decisiones sobre exploración y extracción corresponden al ámbito federal, la posibilidad de utilizar esta técnica ha generado oposición de comunidades, ejidos y organizaciones ambientalistas por sus posibles efectos sobre el agua, el suelo y las actividades agrícolas.

En San Luis Potosí, la discusión adquiere especial relevancia por la presencia de zonas de la Huasteca dentro de las áreas que han sido señaladas en distintos análisis y mapas relacionados con el potencial de explotación de hidrocarburos.

Para Ciudad Valles, la respuesta fue establecer un límite desde el ámbito municipal: si un proyecto de fracking requiere permisos, obras o infraestructura que dependan del Ayuntamiento, el nuevo reglamento ordena que no sean autorizados.

Con esta medida, el municipio no prohíbe directamente la extracción de hidrocarburos —una facultad que reconoce como federal—, pero sí establece un mecanismo para impedir que su administración otorgue las autorizaciones locales necesarias para facilitar la instalación y transformación territorial asociada con la fractura hidráulica.

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