Activistas evalúan los logros que la medida ha tenido en más de tres años de ser implementadas

Por: Itzel Márquez

El 25 de noviembre cada año se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en memoria de Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Domincana. Desde 1993, la Asamblea General de la ONU instauró este día y emitió la primera declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

En San Luis Potosí, desde enero a octubre de este año se tiene registro de que se cometieron 777 feminicidios, lo que pone al estado en el quinto lugar nacional de mayor incidencia de estos crímenes.

Por ello la conmemoración es un momento ideal para evaluar la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro territorio. La Orquesta conversó con mujeres que son pieza clave para entender lo que ocurre y sobre todo para evaluar la Alerta de Género, que es un mecanismo que consiste en acciones destinadas a enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres con medidas preventivas, implementado en 2017 en seis municipios del estado: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.

Urenda Queletzú Navarro, actualmente está al frente de la Defensoría de los Derechos Universitarios y a lo largo de su trayectoria dentro de la UASLP ha sido defensora de los derechos de las mujeres. Ella apuntó: “la alerta de género ha sido deficiente, porque los mecanismos se han burocratizado y desde el inicio, las medidas que plantea no son emergentes, busca generar medidas que puedan detener la violencia y construir otras estrategias para prevenir los casos generados”.

Queletzú Navarro agregó que la mayor parte del diseño de la alerta se pensaba para crear una colaboración entre instancias institucionales y, a pesar de que esto se ha cumplido, no ha impactado en la prevención de la violencia y la mejora de la calidad de vida de las mujeres, por lo tanto, es necesario evaluarla para hacer un rediseño.

Además, sobre la violencia contra las mujeres en el contexto universitario, Navarro mencionó que, con la llegada de Alejandro Zermeño a la rectoría se ha trabajado de forma conjunta con colectivas feministas universitarias creando un canal de diálogo abierto entre la institución y los estudiantes, para que las demandas puedan ser escuchadas y la construcción de un nuevo Protocolo para combatir el acoso al interior de la institución, con el cual se busca generar parámetros de reparación y acceso a la justicia clara, así como la creación de las primeras jornadas Memoria y Verdad, las cuales se dieron a raíz del trabajo conjunto de mujeres académicas, estudiantes y funcionarias.

Por su parte, la abogada y activista feminista Fátima Alvizo mencionó que la alerta es un mecanismo que lleva en San Luis Potosí poco más de tres años, pero durante este periodo no siempre se ha contado con recursos para ejercerse y existe un desconocimiento social sobre las acciones que se han emprendido en este tema.

Además, Alvizo apuntó que el Colegio de San Luis y la UASLP realizaron un diagnóstico acerca de la violencia contra las mujeres; sin embargo, en el tema de políticas públicas existe un rezago y no hay una fiscalía especializada en feminicidio.

También apuntó que “todas las acciones de acceso a la justicia, atención e investigación no han significado una disminución de violencia o feminicidos, a partir de la contingencia por covid-19 ha habido un crecimiento de muertes violentas de mujeres tipificadas como feminicidios, ante ello y la limitación por la alerta, la mayoría de los servicios como el centro justicia, puerta violeta, reportan que el numero de mujeres atendidas siguen aumentando”.

Por último, la abogada y activista dijo que, como sociedad civil, podemos vigilar el uso de recursos, exigir la transparencia y mantenernos en las calles para hacer n

Arely Torres Miranda, activista e integrante de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género, expresó que desde esa institución sostienen que la Alerta no ha resuelto la problemática de violencia; además, las recomendaciones fueron las mismas para todos los estados sin centrarse en la problemática específica de cada municipio y agregó que parece que las declaratorias se han dejado sin efecto, esto lo han resaltado desde la Red Nacional de Alertistas y, entre las deudas del estado con las mujeres, Torres Miranda mencionó: “hay presupuesto y suele haber una carencia de cómo aplicarlo, falta estrategia integral, en SLP parece que el avance más claro en los municipios con declaratoria lo ha tenido la capital, pero es algo que debería suceder en todos los municipios”.

Agregó que el programa Puerta Violeta ha resultado eficiente, pero no accesible y debería replicarse en otros municipios y que hace falta entender la dimensión de la emergencia en el país, porque “el Covid-19 vino a desplazar varios problemas y creo que también se ha ignorado que la violencia continúa, ojalá todos los gobiernos dieran informes diarios sobre las víctimas de feminincidio, una sociedad preocupada y ocupada, tal como ocurre con el Covid”.

Además, Arely Torres recalcó que las nuevas generaciones de mujeres cada vez se involucran y preocupan más por la violencia que se vive y menos personas culpan a las mujeres por sufrir violencia, la conciencia aumenta, “las personas de 40 años para arriba no teníamos las cosas muy claras y no se tenían las herramientas que hay ahora, como sociedad señalamos las violencias” y recordó la reciente develación del “Memorial por las mujeres universitarias”, el cual fue un paso impresionante de las mujeres universitarias, “les dijeron histéricas, pero se convirtieron en históricas”.

Desde una perspectiva legislativa, la diputada Martha Barajas, integrante de la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, mencionó sobre el tema de la Alerta de Género que como mecanismo interinstitucional ha avanzado gracias al esfuerzo de las instituciones por conjuntar acciones, pero por sí misma no resuelve los problemas y es necesario analizar si las políticas públicas realmente están resolviendo los problemas y los recursos se usan de manera adecuada.

“Hay una deuda histórica con las mujeres, las instituciones no han logrado atender a fondo este problema y no es un tema local o nacional, es mundial, hasta que no podamos declarar erradicada la violencia de género, no podemos decir que no existe deuda del estado con todas las mujeres, es un momento en que se ha logrado visibilizar el problema, estamos combatiendo la normalización, pero el problema ahí sigue en el núcleo social”.

Finalmente, Martha Barajas dijo que en el Congreso del Estado fue aprobada una legislación integral sobre violencia de género, en la cual se incluyeron sanciones administrativas y penales, así y la atribución de que la fiscalía pueda diseñar protocolos en este tema; pero recordó que no solo es un tema de crear normas, también es importante fijarse en la ejecución de la norma y la sanción y erradicación de impunidad.

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