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Regidor de Rioverde demanda que tiene restricción, pero no está inhabilitado
Nicolás Juárez, magistrado del Tribunal Electoral de SLP, explicó que ya absorbieron el caso y analizarán si se violan los derechos políticos de López Aguilar
Por: Daniel Rocha
Víctor Nicolás Juárez Aguilar, presidente del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), informó que el Tribunal comenzó a procesar el caso de Salvador López Aguilar, regidor electo de Ríoverde, quien ha impugnado al Ayuntamiento por no haberle tomado protesta en su cargo.
El presidente del TEESLP reveló que el martes pasado, el Tribunal recibió formalmente el medio de impugnación del regidor, y al día siguiente, envió un oficio al Ayuntamiento de Ríoverde solicitando un informe circunstanciado sobre la situación.
Juárez Aguilar explicó que el informe debe detallar si el Ayuntamiento confirma la denuncia del regidor y, en caso afirmativo, explicar las razones por las cuales no se le ha tomado protesta; además enfatizó que, de ser necesario, el Tribunal podrá ordenar que se tome la protesta en el momento en que se emita la sentencia.
Lo anterior se debe a que Rosa María Huerta, regidora en Rioverde, presentó una denuncia en el Juzgado Primero de lo Familiar en Ríoverde en contra de López Aguilar por ejercer violencia política en razón de género, por lo cual López Aguilar no ha podido tomar protesta como integrante del cabildo rioverdense, a causa de que la integrante del cabildo también solicitó medidas cautelares en las cuales está el no acercarse a su trabajo, que es en la misma presidencia municipal.
La impugnación del regidor se basa en que, a pesar de haber sido electo, no se le ha permitido asumir su puesto oficialmente, lo que implica una violación a sus derechos político-electorales, razón por la cual el Tribunal analizará si la actuación del Ayuntamiento está justificada o si ha afectado de manera ilegal los derechos del regidor.
Respecto a las acusaciones previas de violencia política en razón de género que podrían influir en la toma de protesta del regidor, el Tribunal explicó que no hay inhabilitación oficial que le impida asumir su cargo y lo que se demanda es que a pesar de tener una medida cautelar que le prohíbe acercarse a la regidora afectada, esto no es suficiente para impedirle legalmente tomar protesta:
“No tiene ninguna prohibición a la distancia, es lo que yo aprecio, lo único que él tiene, es una medida de restricción, de no acercarse a la regidora, pero no tiene ninguna inhabilitación, lo único que nosotros tenemos que ver es sí no se le ha tomado protesta y sí es justificado o no ese actuar del Ayuntamiento”.
El Tribunal también informó que ha solicitado al Ayuntamiento que publique la demanda del regidor en sus estrados por un periodo de 72 horas, para que cualquier tercero interesado pueda comparecer y presentar información adicional si así lo desea. Una vez cumplido este plazo, el Tribunal tendrá acceso a la documentación necesaria para proceder con la resolución del caso.
Juárez Aguilar aclaró que después de la información solicitada al Ayuntamiento de Rioverde, el Tribunal tiene un plazo de 12 días hábiles para emitir un fallo una vez que se cierre la instrucción del caso, es decir la sentencia podría llegar a finales de este mes. Sin embargo, enfatizó que la prioridad es resolver el asunto lo antes posible.
El presidente del Tribunal Electoral indicó que el regidor ha señalado que no ha recibido sueldo, pues no ha podido asumir oficialmente sus funciones. De acuerdo con la demanda presentada, el suplente es quien está desempeñando el papel de regidor en su lugar, lo cual ha sido una de las principales causas de su impugnación.
Finalmente, el Tribunal señaló que el proceso está en curso, y que la sentencia dependerá de la información y argumentos presentados por ambas partes.
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La consejera presidenta Paloma Blanco confirmó que ambos expedientes ya se encuentran en revisión jurídica; uno corresponde a la Huasteca Potosina
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) mantiene en análisis dos denuncias formales por presuntos actos anticipados de campaña e infracciones a la legislación electoral, informó su consejera presidenta, Paloma Blanco López.
La funcionaria explicó que ambos asuntos ya fueron turnados al área jurídica para su revisión, aunque evitó adelantar posibles resoluciones debido a que los expedientes aún se encuentran en etapa de análisis.
Uno de los procedimientos corresponde a un caso registrado en la Huasteca Potosina, mientras que el segundo se refiere a un asunto de carácter local, detalló la presidenta del organismo electoral.
Blanco López precisó que las eventuales sanciones dependerán de los resultados de la investigación y de si se acredita alguna infracción a la normatividad vigente.
La consejera recordó que actualmente San Luis Potosí no se encuentra en periodo electoral formal,
Explicó que la legislación contempla desde sanciones administrativas hasta restricciones para participar en futuros procesos electorales, particularmente en casos relacionados con violencia política en razón de género, además de posibles conductas que pudieran constituir delitos electorales y ser investigadas por la fiscalía especializada.
Las declaraciones fueron realizadas al término de una reunión entre autoridades electorales, legislativas y representantes del Poder Ejecutivo para analizar propuestas de reforma electoral, encuentro en el que, según Blanco López, no se abordaron temas presupuestales ni de financiamiento para futuros procesos comiciales.
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El DIF Municipal reportó una alta demanda de servicios psicológicos, neuropsicológicos y psiquiátricos en el Centro Histórico
Por: Redacción
El Centro de Salud Mental del DIF Municipal de San Luis Potosí atiende diariamente entre 25 y 35 personas en sus turnos matutino y vespertino, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.
La funcionaria explicó que la creación del centro respondió a la necesidad detectada por el área de Psicología y Prevención del DIF, que identificó una creciente demanda de atención especializada no solo psicológica, sino también psiquiátrica.
Arriaga reconoció que existe una fuerte demanda de estos servicios en la capital potosina y consideró que sería positivo ampliar la cobertura con más espacios de atención en salud mental.
Actualmente, el centro brinda consultas psicológicas, neuropsicológicas y psiquiátricas a usuarios que acuden en busca de atención especializada.
Además del Centro de Salud Mental, el DIF Municipal mantiene servicios médicos a través de cinco centros de salud ubicados en distintos centros comunitarios y mediante la Ruta de la Salud, programa itinerante que visita colonias de la ciudad para acercar consultas y estudios médicos a la población.
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La presidenta del TEESLP, Dennise Porras, recordó que solo 15 de los 59 municipios del estado son gobernados por mujeres
Por: Redacción
Dennise Adriana Porras Guerrero, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), consideró que uno de los principales desafíos rumbo al proceso electoral de 2027 será garantizar el cumplimiento efectivo del principio de paridad de género, especialmente en los gobiernos municipales.
Al realizar un balance de las enseñanzas que dejó la reciente elección judicial y los retos que enfrentará el sistema electoral en los próximos años, la magistrada señaló que aún existe una deuda importante en materia de representación política de las mujeres.
Porras Guerrero recordó que actualmente solo 15 de los 59 municipios de San Luis Potosí son gobernados por mujeres, por lo que consideró necesario fortalecer no solo las reglas de paridad en las postulaciones, sino también los mecanismos que permitan que las mujeres accedan y permanezcan en estos cargos.
“Todavía tenemos una deuda pendiente sobre todo en lo que tiene que ver con municipios”, expresó.
La presidenta del Tribunal Electoral también destacó el avance registrado a nivel nacional, donde actualmente 14 entidades federativas son gobernadas por mujeres, una cifra que calificó como inédita. En ese sentido, consideró que para el próximo proceso electoral debe mantenerse, al menos, el nivel de representación femenina que actualmente existe en las gubernaturas del país.
Además de la paridad, señaló que otros temas prioritarios serán la inclusión y representación de grupos históricamente vulnerables, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y los casos relacionados con usurpación de identidad de género en candidaturas.
La magistrada indicó que algunas de estas cuestiones podrían incorporarse dentro de las reformas político-electorales que actualmente se analizan, aunque advirtió que, de no concretarse por la vía legislativa, podrían ser abordadas mediante criterios administrativos o resoluciones jurisdiccionales.
Finalmente, Porras Guerrero destacó la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral y reforzar la información dirigida a la ciudadanía ante la complejidad que representarán las próximas elecciones, donde coexistirán distintos cargos locales y federales.
“Tenemos una corresponsabilidad institucional para que la ciudadanía llegue informada a votar”, concluyó.
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