El alcalde participó en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal

Por: Redacción

El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, dijo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, que el municipio sumará la capacidad operativa de su Guardia Civil Municipal al trabajo de la Federación y del Gobierno del Estado para mantener a San Luis Potosí entre los tres estados más seguros del país.

Lo expresó durante la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, a la que asistió por convocatoria del Gobierno Federal para fortalecer las estrategias conjuntas.

Navarro Muñiz dijo que Soledad asume su responsabilidad en seguridad pública y que el Ayuntamiento seguirá respaldando con su fuerza policial al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Señaló que el trabajo entre los tres órdenes de gobierno debe traducirse en mayor presencia policial y capacidad de respuesta en las colonias.

“En Soledad hacemos nuestra parte. Hemos fortalecido a la Guardia Civil Municipal con más policías, más patrullas y mejor capacitación”, afirmó. Agregó que esa es la fuerza que el municipio suma para tener más vigilancia en las colonias y responder con rapidez cuando una familia, una mujer o una persona en situación de vulnerabilidad necesite protección.

En la plenaria se presentó la agenda de trabajo 2027, que plantea fortalecer la carrera policial, impulsar la capacitación y certificación de los elementos y mejorar el equipamiento de las corporaciones municipales. También contempla asesoría técnica para que los ayuntamientos planeen y den seguimiento al uso de los recursos federales destinados a seguridad pública.

En Soledad, la Guardia Civil Municipal cuenta con una unidad especializada en atención a víctimas de violencia familiar y de género, que brinda acompañamiento jurídico, atención psicológica y trabajo social a mujeres, niñas, niños y otras personas que requieren protección.

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El coordinador del PVEM respaldó el pacto de civilidad que impulsa el secretario de Gobierno rumbo al proceso electoral

Por: Redacción

El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, calificó de “confiable” el panorama del estado para el proceso electoral de 2027 y dijo que sería “inaceptable” la violencia política de actores políticos contra posibles candidatos.

Serrano afirmó que cualquier movimiento partidista tiene importancia por los preparativos de la contienda, y recordó que el domingo 15 de noviembre se instala el CEEPAC, lo que “prácticamente es la salida al proceso electoral”. Prevé que la efervescencia de los últimos meses aumente y que todos los partidos, el Verde incluido, realicen reuniones y eventos para fortalecer sus estructuras.

Sustentó su valoración en la estabilidad política, que ubicó en dos temas. El primero es la seguridad pública: reconoció que “falta mucho”, pero dijo que el estado no está en las mismas condiciones que otros y que hay seguridad para que los ciudadanos salgan a votar sin implicaciones violentas.

Sobre la violencia, dijo que la que se ha generado está vinculada con grupos relacionados con actividades delictivas y que hay que combatirla. Lo inaceptable, afirmó, sería que la violencia en el ámbito electoral se presente a través de quienes se van a ofrecer ante los ciudadanos como una alternativa política.

El segundo tema es la gobernabilidad, por la que reconoció al secretario de Gobierno. Serrano dijo que el Verde ha propuesto reuniones entre las instancias responsables del proceso electoral y que el secretario impulsa una iniciativa para un pacto de civilidad con las dirigencias de los partidos y los responsables de los procesos electorales. La calificó de “extraordinaria” y dijo que esperan ser convocados en los tiempos que correspondan.

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La ENVE estimó alrededor de 35 mil 366 extorsiones en el estado, aunque el INEGI advierte que este cálculo tiene precisión estadística baja

Por: Ana G. Silva

La extorsión fue el delito más frecuente contra los negocios de San Luis Potosí en 2025: concentró 39 de cada 100 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el país, la proporción fue de 26 por ciento.

La encuesta estimó 35 mil 366 extorsiones contra unidades económicas en el estado. Es una tasa de 3 mil 161 por cada 10 mil, más del doble de la nacional, de mil 467.

El propio INEGI clasifica esas estimaciones estatales con precisión baja, es decir, con un coeficiente de variación de 30 por ciento o más, por lo que su uso requiere cautela.

El dato más firme de la encuesta es otro: cuántos negocios fueron extorsionados. En San Luis Potosí fueron 628 de cada 10 mil, prácticamente igual que los 612 del promedio nacional. Con esa tasa, el estado se ubicó en el lugar 18 del país.

Las mismas víctimas

Esa tasa equivale a alrededor de 7 mil negocios potosinos extorsionados durante el año.

La combinación de ambos datos sugiere que la extorsión no alcanzó a más negocios que en otros estados, sino que se repitió sobre los mismos. Con las cifras de la ENVE, a cada negocio extorsionado en San Luis Potosí le habrían correspondido unas cinco extorsiones en el año,

El peso de la extorsión fue mayor en las microempresas, donde representó 42 por ciento de los delitos, y en el sector servicios, donde llegó a 53 por ciento. Ambas estimaciones también tienen precisión baja.

En el país, la tasa de extorsión pasó de mil 562 a mil 467 por cada 10 mil negocios entre 2023 y 2025, un cambio que el INEGI no consideró estadísticamente significativo.

Cuotas en persona

El 3 de noviembre, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la extorsión había bajado tras la detención de unas 35 personas de células que operaban en la Huasteca y el Altiplano.

El secretario explicó entonces que en San Luis Potosí el modus operandi es “más físico”: los extorsionadores se presentan en persona y piden cuotas con el argumento de que pertenecen a un grupo criminal.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la SSPC anunciaron en octubre una campaña preventiva contra la extorsión en las cuatro regiones del estado.

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