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¿Quién era “El Mijis”?
Un accidente automovilístico puso fin a la vida de Pedro Carrizales, quien pasó de las pandillas al activismo y de ahí a ser uno de los políticos mexicanos más conocidos
Por: Ana G Silva
Ayer por la noche, autoridades de seguridad confirmaron, gracias a un análisis de ADN, el fallecimiento del ex diputado local Pedro Cesar Carrizales Becerra “El Mijis” en un accidente automovilístico, ocurrido el pasado 3 de febrero en el estado de Tamaulipas.
Carrizales Becerra tenía 43 años de edad; llegó a la política en 2018, cuando se convirtió en el primer diputado que abiertamente reconocía haber pertenecido a pandillas y purgado penas en centros de reclusión, lo que le valió ser un hito en la historia de la vida pública nacional. Aunque también se distinguió por ser un personaje muy polémico, es por eso que La Orquesta realizó un breve seguimiento a sus años de actor público dentro del Congreso de San Luis Potosí.
“El Mijis” nació el 22 de febrero de 1979 en San Luis Potosí. En una entrevista para El Universal, Pedro Carrizales contó que vivió durante su infancia y adolescencia en barrios bajos, donde tuvo acceso a drogas y se convirtió en pandillero; sin embargo, luego de estar a punto de perder la vida por una puñalada en una riña decidió rehabilitarse y comenzó su activismo para salvar a “chavos banda”, acción que desempeñó por al menos 15 años.
El ex diputado trabajó como limpiaparabrisas y albañil, estuvo en la cárcel en varias ocasiones y tenía estudios de preparatoria, aún así fundó en 2002, la organización Movimiento Popular Juvenil donde trabajaba con jóvenes integrantes de pandillas para rehabilitarlos y ayudarlos a buscar trabajo. Mientras que en 2015 inició el proyecto Un Grito de Existencia, que iba en contra de la discriminación y la brutalidad policiaca que sufren las pandillas.
Su acercamiento a la política fue luego de intercambiar gestiones por trabajo para el PRD y el PRI, quienes aprovecharon su capacidad de movilización y organización en manifestaciones para pedir el voto.
En 2018 contendió por la diputación local del distrito VIII del Congreso de San Luis Potosí, por el Partido del Trabajo, la cual ganó. Llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Fue a partir de que ocupó una curul que comenzó a convertirse en un personaje polémico. Pues su forma de vestir y hablar era distinta a la del resto de los legisladores, lo que llamó la atención de medios nacionales e internacionales.
El 4 de febrero del 2019 el ex diputado fue presuntamente agredido a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta, cuando Carrizales Becerra se trasladaba en su coche a un evento en Ciudad Satélite, donde resultó ileso.
Por participar en una riña, el 2 de junio del 2019, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM) reportó la detención del diputado potosino y de su hijo. Los hechos ocurrieron al exterior de la caseta oriente del Complejo de Seguridad Pública del Municipio. Además de ellos, en el altercado se aseguraron a otras ocho personas, quienes fueron puestas a disposición de un Juez. Sin embargo, por gozar de fuero constitucional, el legislador fue puesto en libertad y “se le brindaron las atenciones y auxilio” necesarios.
El 30 de octubre de 2019 fue revelado que Carrizales Becerra tenía una demanda civil en su contra por la adquisición ilegal de un predio en Granjas de la Florida 
El 16 de octubre de ese año se registró un accidente en la carretera México-San Luis en el kilómetro 80, donde un tráiler embistió a seis automóviles originando una carambola, dentro de dicho percance se vio involucrado el diputado.
Luego de los hechos ocurridos el 5 de junio de 2020 donde un grupo de manifestantes destruyeron las instalaciones del Congreso del Estado, “El Mijis” anunció, a través de sus redes sociales, que se encontraba bajo investigación por ese incidente. Algunas versiones afirmaron que varios de los jóvenes arrestados, tendrían relación personal con los diputados Pedro César Carrizales y Marite Hernández.
El 19 de julio de ese año Pedro Carrizales presuntamente fue detenido junto con otras cinco personas en Mazatlán, Sinaloa. Trascendió que su aseguramiento se debió a que el diputado y sus acompañantes se encontraban escondidos en las cajuelas de tres vehículos para evitar pagar el abordaje del ferry en el puerto mazatleco, por lo que personal del área de transbordadores, al percatarse de lo ocurrido, dieron aviso al personal de la Marina Armada de México, donde minutos después fueron entregados a los preventivos y fueron trasladados a tribunal de barandilla.
El 22 de septiembre del 2020 “El Mijis” anunció que padecía cáncer y ese mismo día ingresó a cirugía; confesó que durante un año ocultó su enfermedad, mientras ejercía sus actividades como legislador.
Para el 16 de diciembre, “El Mijis” dio a conocer, a través de su cuenta de Twitter, que había sido detenido de forma arbitraria por policías de Querétaro y posteriormente procedió a denunciar a los agentes penalmente.
En 2021 fue denunciado por falsificación de documentos para contender por una diputación plurinominal de Morena con la adscripción de indígena la cual no pudo acreditar, por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le negó la participación.
El 31 de octubre pasado “El Mijis” fue reportado como desaparecido y encontrado al día siguiente, supuestamente para liberarlo tuvo que cantar una canción de Lalo Mora.
“El Mijis” estuvo 31 días reportado como desaparecido. Carrizales fue visto por última vez en Saltillo, Coahuila, saliendo del Hotel “Las Fuentes”, el 31 de enero de 2022. Fue el 8 de febrero las comisiones estatales de Búsqueda de Personas de Coahuila y de San Luis Potosí emitieron una ficha de alerta para dar con su paradero y ayer que se dio a conocer que el ex diputado falleció en un accidente de auto el pasado 3 de febrero.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
También lee: Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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