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¿Qué tan complicado es hacer el cambio de identidad sexogenérica en SLP?
El estado es el único en el país en el que solo se realiza una enmienda a la CURP y acta de nacimiento para facilitar el trámite
Por: Ana G. Silva y Soledad Alatorre
En 2019, San Luis Potosí reformó el reglamento del Registro Civil para que las personas que no se sintieran identificados con su género y nombre pudieran realizar la corrección de identidad sexogenérica. Aunque desde entonces han pasado casi tres años, muchas personas de la comunidad trans aún dudan si realizar la modificación debido a las dudas que les genera el qué ocurrirá con su información, trámites legales y bancarios. La Orquesta conversó con Lucy Lastras, ex directora de la dependencia y a quien le tocó vivir esa transición, y con Vanessa Esmeralda Hernández, activista de la comunidad trans y una de las primeras en realizar el trámite, para conocer el proceso, qué pasa con los documentos del primer nombre, los procesos financieros, fiscales y la experiencia de realizarlo.
Lucy Lastras afirmó que el procedimiento de la corrección de identidad sexogénerica es un logro hecho por el Registro Civil durante su gestión, pues a diferencia de otros estados no fue una reforma legislativa, sino que se trató de un cambio administrativo firmado por el entonces gobernador Juan Manuel Carreras López:
“Nosotros lo sacamos aprovechando esta laguna en la ley que no habla expresamente nada respecto al tema, no se contraviene a la ley, entonces logramos que progresara en favor de la comunidad LGBT+, porque entendimos que había un gran problema con los chicos y chicas que no se identifican con el sexo que les fue adjudicado en el momento en que nacieron, que si bien biológicamente corresponden a femenino o masculino, en su identidad se identifican con el otro genero”.
La ex titular del Registro Civil indicó que la persona que desee hacer este trámite puede pedir una cita en la ventanilla de la dependencia, la cual procede como una enmienda administrativa donde se permite corregir solo el sexo y nombre, en la que se tiene que firmar una solicitud donde se autoriza la voluntad del cambio, pero solo se permite a las personas mayores de edad en San Luis Potosí: “porque se presume que son quienes tienen la capacidad jurídica para tomar esa decisión”. Además de llevar el acta de nacimiento y hacer un pago de 589 pesos. Agregó que una vez aprobado el trámite se modifica tanto la partida de nacimiento como la CURP.
Lastras comentó que hay otros estados de la República en los que se puede llevar a cabo el cambio de identidad sexogenérica como Coahuila, Jalisco y la Ciudad de México que lograron este derecho por medio de reformas en el Congreso:
“Cuando el Congreso de San Luis Potosí discutió la posibilidad de la reforma exigir que hubiera una intervención quirúrgica o tratamientos hormonales para las personas que quisieran ese cambio y nos opusimos porque es una violación al derecho de la persona, no se debe exigir un tratamiento cuando es solo su voluntad la que debe prevalecer para solicitar el cambio de identidad”.
La ex titular de la dependencia dijo que hay demanda para el trámite, la cual se trata de un sector importante en el estado, que antes tenía que salir de San Luis Potosí para poder hacer posible su cambio de identidad; no obstante, al acudir a esos estados existe una desventaja, pues se crea una nueva acta de nacimiento, lo que implica que “quede viva el acta primigenia y se genera una nueva CURP”, lo que traerá una serie de problemas en otros aspectos.
“Cuando nosotros hacemos el cambio este implica una modificación, la cual se genera en el CURP, no se levanta una nueva acta en San Luis Potosí, se modifica el acta primigenia, que es lo correcto y para mí fue uno de los grandes logros que hicimos en el Registro Civil. Siento orgullo de expresar que logramos ese gran paso para la comunidad LGBT+”.
PROCESOS FINANCIEROS
Otro de los temas importantes en cuanto al cambio de identidad sexogenérica es ¿qué pasará con los datos bancarios de la persona?, por ello, recurrimos a dos instituciones bancarias y esta fue la información proporcionada:
En banco Santander mencionaron que una vez que la autoridad realiza el procedimiento de corrección de identidad, se le pide el acta de nacimiento previa a la modificación y la actual con el reconocimiento, ambas identificaciones y CURP, cuando el banco tiene los documentos completos los verifica para comprobar que el o la titular tiene una cuenta en la institución bancaria y realizó el procedimiento correspondiente.
Finalmente, quien acude a realizar el proceso, firma una carta ratificando que el nombre con el cual se registró inicialmente en el banco es la misma persona que hizo dicho procedimiento.
OTROS TRÁMITES
Vanessa Hernández, una de las primeras mujeres trans en San Luis Potosí que realizó este trámite, narró sobre los procesos que se tienen que llevar a cabo luego de obtener la CURP y el acta de nacimiento son, en primer lugar, la actualización del INE y así poder acudir a otras instancias para hacer los cambios pertinentes de corrección de datos.
Vanessa contó que hacer cualquier trámite es complicado, situación que no solo se ha visto durante la pandemia por el covid-19, sino por el sistema de citas en las dependencias.
La también activista en pro de los derechos LGBT+ dijo que se debe simplificar la corrección procesos fiscales y financieros y así tener acceso a otros derechos como el laboral.
Vanessa describió que una vez que se realizó el cambio en los documentos fiscales no se pierde ningún derecho que se tuvo con el nombre anterior, solo se debe de actualizar los datos ya que se trata de una modificación:
“En Infonavit todos tus puntos se deben transferir, porque es una modificación, hemos tenido dificultades, pero es porque las personas ponen trabas. Por ejemplo, el mismo procedimiento que nos piden para el cambio de identidad en la universidad, antes nos pedían mil cosas corregidas, como certificados anteriores pero con la única situación de armar un protocolo, pues te das cuenta que estás registrado con el nombre de una persona y no el pasado”.
Por otra parte, en el sector educativo tienen que ser renovados los certificados de los niveles a los que se acudió, desde el básico hasta el superior: “Y eso lo tienes que mandar al jurídico de la instancia gubernamental para que ellos validen si eras o no la persona anterior, o sea todavía estamos presentando micro discriminaciones dentro de las instituciones por el hecho de que no nos creen que somos estas personas con esta nueva identidad”.
En el caso de los procesos financieros, Vanessa detalló que para realizar nuevos trámites no debe haber problema, no obstante, en caso de tener algún crédito, préstamo u otro servicio con alguna institución bancaria es necesario que se notifique y actualice sobre los nuevos datos pues en caso contrario se estaría involucrando en un delito federal, por tanto este tipo de actos se puede acceder al acta primigenia en el Registro Civil.
Finalmente, Vanessa contó que una de sus experiencias al hacer un trámite fue registrarse en el SAT donde recibió ayuda para que se agilizara: “A veces cuando ven personas nuevas o que ven que no hacemos este tipo de trámites de cierta forma no tienen el trato o la sensibilidad para ser servidores públicos, eso implica que las personas trans no queramos salir a hacerlo”. Vanessa destacó que para evitar este tipo de situaciones de falta de empatía en los funcionarios, se está realizando una iniciativa a nivel nacional para que exista una cuota laboral de personas trans: “por ahí empezaremos para ir abriendo espacios”.
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#4 Tiempos
Mucho circo, poca humanidad: el caso de Odín | Columna de Ana G Silva
Corredor Humanitario
Hay personas que todavía no entienden que los animales no son mercancía, decoración ni herramientas para sacar dinero. Y luego se molestan cuando alguien se atreve a señalarlo. El caso del Circo Osorio, en Cerritos, es un buen ejemplo de esa resistencia a entender algo tan sencillo como que los animales sienten, se lastiman y tienen derecho a no ser explotados.
Resulta que en este circo tenían un poni llamado Odín, que presentaba deformaciones en sus extremidades y, aun así, era utilizado para tomarse fotografías con las familias que acudían al espectáculo. Según los señalamientos difundidos por activistas, cada fotografía se cobraba entre 50 y 80 pesos. El argumento de los responsables fue que las personas no se subían al animal, sino que posaban a su lado. ¡Ah, bueno! Entonces no había problema, porque solamente lo utilizaban como escenografía viviente.
Qué conveniente resulta esa explicación cuando hay dinero de por medio. Si el poni servía para atraer visitantes, cobrar fotografías y completar la experiencia del espectáculo, ¿por qué no se procuró que estuviera en condiciones adecuadas? Si, como se argumentó, sus problemas eran las pezuñas largas, ¿tan complicado era llevarlo con un especialista para que recibiera atención?
La ironía es todavía mayor si recordamos que, para las fotografías, el animal sí tenía que estar presentable: que si la playerita de la Selección Mexicana, que si acomódense junto al poni, que si sonrían para la cámara. Pero cuando se trataba de su salud, ahí sí parecía que el presupuesto ya no alcanzaba.
Y no, señores, tener un circo no les da derecho a disponer de los animales como si fueran parte del mobiliario. Si tienen un espectáculo, aprendan a ofrecer un espectáculo. Hay malabaristas, acróbatas, payasos, bailarines, ilusionistas y un montón de disciplinas que no necesitan convertir a otro ser vivo en una atracción. Y si el negocio no funciona, también hay otras alternativas: poner un puesto de tacos, trabajar en un restaurante, buscar empleo en el cine o dedicarse a cualquier otra actividad. Las posibilidades son infinitas. Lo que no es una alternativa es seguir viviendo de la explotación animal porque resulta más fácil cobrar por exhibirlos que aprender a hacer algo diferente.
Pero aquí viene otra parte de esta historia que merece mucho más reconocimiento: la intervención de quienes sí hicieron algo por Odín.
En el rescate participaron agrupaciones y personas defensoras de los animales que se movilizaron, denunciaron y exigieron la intervención de las autoridades. Entre ellas estuvieron Salvando Huellitas, Seres Libres-Animal Rescue, Manada de Copito y Fundación Guarida Perruna. Su participación fue fundamental para que, después de varias horas de movilización, Odín pudiera salir del circo.
Odín fue trasladado a un hospital veterinario, donde sería evaluado para conocer las causas de las deformaciones en sus extremidades y determinar su estado de salud. Es decir, ahora sí tendría la oportunidad de recibir atención especializada.
Y mientras estas asociaciones hacían lo que podían para sacar a un animal de una situación que consideraban injusta, comenzaron las amenazas. Elizabeth Soto, integrante de Seres Libres-Animal Rescue, denunció intimidaciones que presuntamente provenían de personas vinculadas al circo. Incluso se difundieron mensajes públicos en redes sociales dirigidos a las activistas, con expresiones como: “eres una mugrosa, también te vamos a chingar a ti por culera”.
¿En serio? ¿Esa es la respuesta cuando alguien cuestiona el trato que reciben los animales? ¿Amenazar a quienes intervinieron para protegerlos? Parece que algunos están más preocupados por defender su negocio que por explicar las condiciones en las que mantenían a los ejemplares.
Y luego viene lo verdaderamente absurdo: ahora resulta que las animalistas quieren lucrar con el poni. Aquí sí vale la pena detenernos un momento. ¿Conocen el trabajo de estas asociaciones? ¿Han visitado sus refugios? ¿Saben lo que cuesta mantener a cientos de animales que fueron abandonados, atropellados, maltratados o que estuvieron a punto de morir?
Muchas de estas organizaciones trabajan sin respaldo económico permanente de los gobiernos. Organizan eventos a beneficio, buscan donaciones, realizan colectas y destinan buena parte de sus propios recursos para mantener a los animales que rescatan. Algunas tienen bajo su cuidado refugios con más de 50 perros y gatos .
Y esos animales no comen aplausos. Necesitan alimento todos los días, atención veterinaria, vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones, medicamentos, correas, espacios seguros y un techo. Algunos nunca consiguen una familia que los adopte y terminan pasando años bajo el cuidado de quienes decidieron no abandonarlos a su suerte.
Quienes están detrás de estas asociaciones también tienen trabajos, familias, responsabilidades y cuentas que pagar. No son millonarios ni viven de recoger animales. Al contrario, muchas veces tienen que trabajar para poder sostener su propia vida y, además, conseguir recursos para los animales que otros dejaron en el abandono.
Por eso resulta particularmente ofensivo que se les acuse de querer hacer negocio con Odín. Pero claro, si alguien está acostumbrado a cobrar por exhibir animales, quizá le cueste entender que también hay personas dispuestas a gastar su tiempo y dinero para ayudarlos sin esperar una fotografía de recuerdo a cambio.
Lucrar con un animal es utilizarlo para obtener dinero a costa de su bienestar. Rescatarlo implica precisamente lo contrario: asumir responsabilidades y gastos para que pueda recuperarse. No confundamos las cosas.
Y para quienes todavía tienen dudas sobre si el circo podía utilizar al poni, les dejamos un pequeño recordatorio jurídico. El artículo 120 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí prohíbe expresamente el establecimiento y operación de espectáculos circenses en los que se utilicen animales vivos. No distingue entre ponis, caballos, perros, leones o cualquier otra especie.
El artículo 41 establece que las autoridades municipales deben garantizar que estos espectáculos no se establezcan ni operen. Y el 129 contempla sanciones económicas, el retiro inmediato del espectáculo y, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública. Por su parte, el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el uso de ejemplares silvestres en circos.
Así que no se trata de que las animalistas estén buscando quitarle el trabajo a alguien, de que tengan algo personal contra el circo o de que quieran perjudicar a una familia. Se trata de cumplir una ley que existe desde hace años y que NO está puesta a consideración de los propietarios de un espectáculo. ¿Cómo es posible que todavía tengamos que discutir si se debe permitir la operación de un circo con animales cuando la prohibición está escrita en la legislación estatal?
A las asociaciones rescatistas, a quienes estuvieron ahí y a quienes no soltaron el caso: gracias por no mirar hacia otro lado. Ojalá que las autoridades también entiendan que su trabajo no termina cuando se retira a un animal, y que proteger a quienes denuncian debería ser parte de la misma responsabilidad.
Y a los señores del circo, con todo respeto: si la de hacer espectáculos sin animales no se la saben, quizá ya sea hora de aprender. Porque para ganarse la vida hay muchas maneras; para justificar la explotación de un animal, ninguna.

También lee: SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva
Ciudad
Galindo ve un ataque coordinado y responde: “Aquí están los documentos”
El alcalde negó tener contratos con Gerardo Sánchez Zumaya y aseguró que las cuatro obras señaladas se asignaron mediante licitación pública
Por: Redacción
El alcalde Enrique Galindo Ceballos negó tener contratos con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya. Un reportaje de TV Azteca señaló cuatro obras como adjudicadas de forma directa a una empresa ligada a él. Galindo afirmó que se asignaron por licitación pública y que ya están concluidas.
“No tengo ningún contrato con Gerardo Sánchez, no tengo absolutamente ningún contrato”, dijo el alcalde. Sostuvo que no hay “una evidencia documental jurídica” que vincule al empresario con las obras.
El reportaje señaló que esas obras tienen observaciones del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). Galindo respondió que las cuatro fueron auditadas por el IFSE y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que ninguna tiene observaciones.
Según el alcalde, una de ellas pasó además por una auditoría forense, “la auditoría más fuerte que hay a nivel nacional”, y quedó “totalmente libre de observación”.
Galindo dijo que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya hizo la aclaración ante la televisora. A su juicio, el documento en que se basa el reportaje “simplemente alguien lo filtró para allá, no se verificó”. Se comprometió a entregar este mismo viernes a los medios los números de las licitaciones, sus montos y las obras.
“Invítame, pero en el Congreso”
Para Galindo, el reportaje forma parte de un golpeteo. Dijo que llegó “despuesito” de que aclaró las licitaciones del puente Jacobo Payán. Después, según él, vinieron el IFSE, el diputado Luis Fernando Gámez Macías
, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde.“No me siento perseguido, más bien siento que se alinean y dicen, ahora vas tú, organizan sistemáticamente el ataque del alcalde”, afirmó.
El 10 de noviembre, Serrano lo describió como alguien que “se ha declarado antigallardista”. Galindo lo invitó a debatir: “Lo considero todavía mi amigo (…) Invítame, pero en el Congreso”.
Gámez pidió que se entreguen los contratos. Galindo le respondió que el IFSE ya los tiene y que él mismo puede llevarlos al Pleno. También pidió a las demás bancadas, incluida la del PAN, que lo inviten a hablar de obras, licitaciones y auditorías. “Yo no tengo nada que ocultar”, dijo.
Galindo sostuvo que su respuesta no ha sido de ataque, sino de defensa con documentos: “Aquí está el contrato, aquí está el número, aquí está el monto, aquí está la observación, aquí no hay nada”.
TV Azteca le otorgó al Ayuntamiento el derecho de audiencia. Galindo prevé ejercerlo el lunes o el martes de la próxima semana.
También lee: Galindo reta al Congreso: “que me citen urgentemente”
Destacadas
Chalita propuso eliminar impuesto sobre nómina para subir sueldos
Pidió que el impuesto sobre la nómina pase a manos de los trabajadores y dijo que “vengan los aumentos que se requieran”
Por: Haniel Valdés
Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, afirmó que “vengan los aumentos que se requieran” al salario y propuso eliminar el impuesto sobre la nómina para que ese dinero llegue a los trabajadores.
Recordó que la iniciativa privada propuso romper la inercia del salario mínimo en diciembre de 2016, junto con su desindexación y algunas multas. Dijo que después, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzaron los aumentos “necesarísimos”. Sin ellos, afirmó, México estaría “fuera de competencia internacional” en salarios y San Luis Potosí seguiría generando pobreza salarial.
Señaló que los aumentos deben cumplir el deber constitucional de un salario que permita no solo vivir y vestir, sino también el esparcimiento.
Sobre el récord de empleos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, de alrededor de 23 millones, dijo que le parece bien, pero que esas fuentes de empleo están a cargo de “quienes las producimos” y quienes las pagan. Cuestionó dónde está “el impuesto que nos castiga por generar fuentes de empleo”.
Afirmó que, si se quiere que los trabajadores ganen más, el impuesto sobre la nómina “tendría que estar exactamente en el bolsillo de los trabajadores”. Planteó que se elimine para que no quede en manos del gobierno, sino en las de los trabajadores, en su sueldo integrado, y pidió que los legisladores lo escuchen.
Dijo que ese impuesto es “dinámico”: cada inversión anunciada, ya sea de crecimiento o de empresas nuevas, genera empleos que pagan impuesto sobre la nómina. Hizo la invitación a “entrarle a todos, en favor de la gente que trabaja”, para que se traslade a “las personas que le dan vida a la empresa, que son los trabajadores”.
Agregó que la economía “es para quien trabaja” y para quien hace las cosas mejor que los demás, sin límite de horas de trabajo para quienes quieren sacar adelante un emprendimiento.
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