Ciudad
Protegido de Rangel Martínez hace un infierno los Servicios de Salud
Desde hace un año, Óliver volvió a la dependencia pese a que fue detenido en 2015 por acoso sexual; aseguran que regresó con documentos apócrifos y ahora violenta a sus trabajadores
Por: Redacción
Un grupo de trabajadoras de los Servicios de Salud en el estado denuncian acoso sexual por parte del jefe de Departamento de Unidades de Primer Nivel de esa dependencia, de nombre Óliver, ante la protección de secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel.
Las trabajadoras, que solicitaron mantenerse en anonimato por temor a represalias, aseguran que, a pesar de que hace semanas se hizo público el acoso por parte de Óliver, la situación ha empeorado.
Las denunciantes aseguran que Óliver reingresó a la Secretaría de Salud con ayuda de una carta de no antecedentes penales apócrifa, pues fue expedida por la Secretaría de Seguridad Pública, por el subdirector de la Unidad Jurídica del Fuero Común de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Rodolfo Peña Velázquez.
Sin embargo, según el Registro Único de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado, la constancia de no antecedentes penales debe ser expedida por la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con las denunciantes, la carta apócrifa fue necesaria porque en 2015, Óliver fue detenido por acoso sexual. Su regreso, pese a estas circunstancias, se debería a que es un protegido de Adrián Lárraga Zamarrón, el esposo de la secretaria Mónica Liliana Rangel.
Una de las personas que denuncia al funcionario de Salud asegura que él “ha provocado ya renuncias de enfermeras, a las que amenaza con mandarlas lejos. Es imposible trabajar con él, se dirige a mí de forma grosera, con gritos, sin importarle que la gente se dé cuenta. En muchas ocasiones ha salido de su oficina, se acerca a donde yo estoy y me dice que soy una inepta, que no se hacer nada, que por eso él prefiere trabajar solo”, dijo una de las denunciantes.
Otra queja, para la que aseguran que hay testigos, es que Óliver hace pasar a su oficina a las enfermeras “y después de un rato salen llorando, diciendo que no van a acceder a las peticiones del doctor Óliver. Hasta donde me he dado cuenta, les pide tener relaciones sexuales con él para que puedan conservar su trabajo, o bien, para darles un código más alto”.
Óliver volvió a los Servicios de Salud, al cargo de jefe de Departamento de Unidades de Primer Nivel el 16 de agosto del año pasado, hace casi un año. Desde entonces, dicen, ha convertido su área de trabajo en un infierno, pues avienta papeles a sus trabajadores, “les dice que son unos pendejos y que él se encuentra en los Servicios de Salud bajo la protección de alguien muy influyente. Ya no se puede trabajar así”.
Según dieron a conocer las personas que denuncian a Óliver, el caso de acoso sexual por el que fue detenido en 2015, data del año 2014. En aquel momento, se aseguró que la violencia y acoso había escalado tanto que fue necesario proceder penalmente. La sentencia respecto a este proceso penal se desconoce hasta el momento.
La SSPC municipal informó que los detenidos descargaban maleza, ramas y muebles de una camioneta en un terreno al norte de la capital
Por: Redacción
Tres personas que manifestaron ser trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) fueron detenidas por policías municipales, luego de que presuntamente arrojaran residuos de manera clandestina en un lote baldío al norte de San Luis Potosí.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este día, cuando los agentes detectaron a los individuos depositando desechos en una zona de terracería.
Las personas portaban chalecos correspondientes a Seduvop y descargaban de una camioneta Ford F-450, modelo 2011, residuos que incluían maleza, ramas y muebles, detalló la corporación municipal.
Los tres individuos fueron detenidos ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente. La SSPC indicó que se realizaban las diligencias correspondientes para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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El servicio de agua comenzará a regularizarse gradualmente conforme se recuperen los niveles y la presión en la red de distribución
Por: Redacción
Interapas reactivó el pozo Villantigua, con lo que se restablece el suministro de agua potable por red en ocho colonias de la zona de influencia, informó el organismo este sábado 10 de octubre.
Las colonias beneficiadas son Garita de Jalisco, Colinas del Parque, Residencial del Parque, Loma Dorada, Loma Verde, Viveros, Villas del Pedregal y Villantigua.
El organismo señaló que el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual, conforme se recuperen los niveles de agua y la presión en la red de distribución
Interapas mantendrá el monitoreo del pozo para verificar su correcto funcionamiento. Para reportes o información, las y los usuarios pueden comunicarse a Acuatel, al 444 123 64 00, o consultar las redes sociales oficiales del organismo.
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Ayuntamiento de SLP
Congreso suspende carrera atlética y acusa al Ayuntamiento de negar autorización
La SSPC capitalina rechazó autorizar el cierre de calles y asignar agentes para la carrera “Un Legado a la Nación”; el oficio oficial recuerda que este tipo de eventos debe tramitarse con 15 días de anticipación.
Por: Redacción
La suspensión de la carrera atlética “Un Legado a la Nación”, organizada por el Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Potosino del Deporte (INPODE), abrió un nuevo frente político entre el Poder Legislativo y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, luego de que el Congreso responsabilizara públicamente al gobierno capitalino de impedir la realización del evento programado para este domingo 11 de octubre.
En un comunicado, el presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, informó que la competencia sería suspendida temporalmente debido a la negativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal para autorizar el operativo vial y el cierre de calles requerido.
El Congreso destacó que más de mil personas se en contraban inscritas para participar en las categorías de 3, 5 y 10 kilómetros, incluyendo niñas, niños, familias y atletas de alto rendimiento, y anunció que la carrera será reprogramada, posiblemente en el Parque Tangamanga I o en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Sin embargo, el propio oficio exhibido por el Congreso ofrece un elemento que no fue incluido en su comunicado.
En el documento SSPC/DGPVM/753/X/2026, fechado el viernes 9 de octubre, la Dirección General de Policía Vial y Movilidad señala que no era posible autorizar el evento ni destinar agentes al operativo debido a que ya existían servicios y dispositivos de seguridad previamente programados, entre ellos otra carrera atlética.
Además, la autoridad municipal cita expresamente el artículo 133 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de San Luis Potosí, que establece que las solicitudes para caravanas, eventos deportivos y actividades que afecten la circulación deben realizarse por escrito y con 15 días de anticipación
De acuerdo con fuentes de la SSPCM consultadas sobre el caso, la solicitud del Congreso habría sido presentada apenas unas a las 18 horas del viernes, una circunstancia que habría hecho materialmente imposible organizar cierres viales, despliegue de agentes y medidas de seguridad para una carrera de esa magnitud.
El oficio municipal no precisa la hora exacta en que fue recibida la solicitud; sin embargo, el documento sí confirma que el trámite no cumplió con el plazo de 15 días previsto en el reglamento.
Pese a ello, en su comunicado el Congreso centró el señalamiento en la “negativa” del Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo Ceballos, sin mencionar el requisito reglamentario de anticipación ni explicar cuándo fue presentada formalmente la petición.
El episodio ocurre en un contexto de creciente confrontación política entre actores del Congreso del Estado y el gobierno de la capital, por lo que la suspensión de la carrera terminó trasladándose rápidamente del terreno deportivo al de la disputa pública.
Mientras el Congreso presenta el caso como una negativa del Ayuntamiento para facilitar la realización del evento, la documentación oficial apunta a que la solicitud habría llegado fuera de los tiempos reglamentarios, cuando la Policía Vial ya tenía comprometido su personal en otros operativos.
Por ahora, el Congreso y el INPODE anunciaron que en los próximos días darán a conocer una nueva fecha y sede para la carrera.
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