Martín Charqueño denuncia presunto abuso de poder por parte del gobierno municipal; vincula clausura con crítica al alcalde Arnulfo Urbiola

Por: Redacción

El empresario Martín Charqueño Rodríguez, propietario de una fábrica de productos lácteos en Rioverde, denunció públicamente que el cierre de su negocio fue una medida de represalia política, presuntamente orquestada desde la administración del alcalde Arnulfo Urbiola Román.

Según relató, inspectores de Protección Civil municipal acudieron a su empresa el lunes por la mañana y, tras una revisión que calificó como arbitraria y sin sustento legal, procedieron a colocar sellos de clausura, dejando adentro maquinaria, mercancía perecedera y vehículos de reparto.

Charqueño atribuye la acción a una publicación crítica que hizo en sus redes sociales, en la que cuestionó el supuesto uso de un grupo de anexados como “grupo de choque” durante una reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. En su mensaje, también pidió a la ciudadanía dejar de apoyar económicamente a dichos anexos.

Tras ese comentario, afirma que comenzó una serie de acciones en su contra. “Llegaron sin orden, revisaron todo buscando errores, y aunque presenté todos los permisos, como los de COFEPRIS y los planes de operación, simplemente dijeron: ‘Ciérralo’”, declaró. Además, señaló que durante la inspección recibió una amenaza directa

El empresario asegura que el cierre ha generado afectaciones económicas tanto para su empresa como para los trabajadores que dependen de ella, y calificó lo ocurrido como un acto de autoritarismo y revancha política.

Finalmente, cuestionó la falta de preparación del personal que llevó a cabo la inspección, al considerar que no cuentan con la formación técnica necesaria para justificar un cierre de este tipo. Charqueño advirtió que esta situación refleja una tendencia preocupante en la gestión del alcalde Urbiola: “gobernar desde la intolerancia y el uso del poder para callar disidencias”.

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El gobernador advierte que quienes se nieguen a aplicar los controles antidopaje “están en la lona” en temas de seguridad

Por: Redacción

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que los operativos sorpresa de antidoping continuarán en todas las comandancias municipales del estado, y criticó a los alcaldes que intentan desestimar estos ejercicios de control a sus cuerpos policiacos.

“Vamos a continuar con estos exámenes sorpresa, sobre todo los antidoping”, declaró Gallardo, al considerar que la negativa o desdén de algunos ediles evidencia complicidad con prácticas corruptas dentro de sus corporaciones.

“Imagínate un presidente municipal que te diga ‘agarramos a un policía con cristal, pero es que toma pastillas para dormir’… eso es una falta de respeto para la ciudadanía”, sentenció.

El mandatario recordó que, cuando él asumió el gobierno estatal, la narrativa de las autoridades ante los hechos violentos era de evasión: “La policía estatal decía ‘es delincuencia organizada, es federal’. O los gobiernos anteriores decían ‘son hechos aislados’”.

A diferencia de esa postura, Gallardo aseguró que su administración asumió el problema de frente con la creación de la Guardia Civil Estatal, que —según dijo— ha contribuido a que San Luis Potosí se ubique entre los siete estados con menor número de homicidios ligados al crimen organizado.

“Ya se nos ha olvidado, pero antes eran tres o cuatro muertos diarios. Mucha gente se acostumbró a eso. Hoy ya se le dio la vuelta, hoy son más distantes, y vamos a lograr que no existan ya esos temas”, afirmó.

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El diputado federal destaca la aprobación de esta herramienta tecnológica en el Congreso como parte de una estrategia para combatir la inseguridad 

Por: Redacción

El diputado federal José Luis Fernández “Chiquis” habló sobre las propuestas aprobadas por la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión en materia de seguridad, enfocadas en el uso de nuevas tecnologías. En particular, destacó la reciente aprobación de la CURP biométrica, como una herramienta clave para fortalecer el orden y la coordinación institucional.

“Creemos que todas estas medidas tienen que ver con una mayor organización, mayor orden y, por supuesto, deberán reflejarse en los trabajos relacionados con la seguridad pública, que es uno de los temas más importantes y sensibles”, declaró el legislador.

Agregó que la CURP biométrica podrá aplicarse en casos de personas desaparecidas, al facilitar la creación de una base de datos nacional en colaboración con los ayuntamientos, gobiernos estatales y el gobierno federal. Esta base, precisó, podrá ser consultada por los tres niveles de gobierno, fortaleciendo así la capacidad de respuesta institucional ante emergencias.

Fernández reconoció que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de resguardar adecuadamente esta información, que estará bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta dependencia, afirmó, deberá implementar medidas estrictas de protección contra ciberataques, garantizando la integridad y confidencialidad de los datos ciudadanos.

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