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¿Por qué la Jucopo destituyó a la Oficial Mayor del Congreso de SLP?
Oscar Carlos Vera Fabregat y Candido Ochoa Rojas, reconocieron el acuerdo tomado para destituir a la Oficial Mayor; sin embargo, los motivos que externaron difieren uno con el otro.
Por: José Luis Vázquez
En entrevista, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Óscar Carlos Vera Fabregat y Candido Ochoa Rojas, reconocieron el acuerdo tomado para destituir a la Oficial Mayor, Marcelina Oviedo Oviedo; sin embargo, los motivos que externaron difieren uno con el otro.
De acuerdo con las declaraciones del legislador de Conciencia Popular, Óscar Vera Fábregat, la decisión de destituir a Oviedo fue tomada por los diputados Rolando Hervert Lara (PAN), Héctor Mauricio Rodríguez Konishi (PRI) y Edson Quintar Sánchez, este último a pesar de que a Morena le correspondió proponer dicho perfil.
“Básicamente los que se pusieron de acuerdo fueron Rolando, Konishi y Edson para destituirla. No presentaron argumentos, ellos tomaron decisiones para meter nueva gente, es que controlar la Oficialía Mayor es controlar el dinero, parece ser que también tenía problemas con varios diputados”.
El congresista también comentó que hasta el momento no se ha indicado un nuevo perfil para ocupar el puesto, pero aclaró; “entre los tres la nombran porque la necesitan controlar para poder sacar los cheques, se supone que le toca a Morena, pero entre los tres se ponen de acuerdo”.
También dijo que algunas diputadas presionaron para que se cesara a la funcionaria: “traía pleito con varias diputadas, entre ellas Betty, (…) para controlar las finanzas necesitan a la Oficial Mayor, se unieron varias mujeres, no puedes dialogar con ellas por la violencia de género. Sonia también estaba presionando y la debilidad de no examinar argumentos por parte de la Jucopo, además ellos ya querían cambiar porque no soltaba los cheques, era muy estricta, al final era bueno para el Congreso tener gente honesta que se preocupa por los fondos”.
Por su parte, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Cándido Ochoa Roja señaló que existen dos motivos por los que planteó la separación de Oviedo Oviedo de su cargo: “las causas esenciales fueron dos: una, el usurpar funciones, representar al Congreso sin tener facultades para ello ante una autoridad administrativa, y dos: que hay una observación por parte de la Fiscalía en el sentido del perfil, hay una investigación, si superamos estos temas ya será otra realidad”.
Finamente, el diputado del Verde afirmó que, con excepción del PAN, el resto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) votó a favor de esta decisión: “los que estuvieron presentes, ahí nada más faltó el PAN, el resto votó a favor”.
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Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado
Por: Redacción
En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.
El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.
Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.
Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.
Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.
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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.
El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,
“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.
G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina
“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.
El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.
Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.
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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.
“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.
Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.
“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.
“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.
Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.
Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.
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