Jesús Juárez planteó que el agravante que pesa sobre un policía que delinque aplique también cuando la víctima es un policía

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), propuso al Congreso del Estado elevar las penas por homicidio calificado contra policías. Es la primera de las tres propuestas que dejó sobre la mesa después de comparecer ante el Pleno por la Glosa del Quinto Informe.

Explicó que cuando un policía comete un delito en su trabajo, carga con un agravante por el solo hecho de ser policía. «Entonces, en reciprocidad, por el solo hecho de ser un policía, si es sujeto de este delito, pues que la penalidad sea ejemplar», dijo.

La segunda propuesta es ampliar las instituciones especializadas que atienden a personas con adicciones, conductas violentas o problemas para controlar sus impulsos. Juárez Hernández dijo que se trata de un problema social y de salud, y que no debe verse desde la seguridad pública.

La tercera busca crear soportes jurídicos para obligar a los presidentes municipales y a los directores de policía municipal a fortalecer sus corporaciones. Según el secretario, los análisis de la mesa de coordinación muestran que las policías municipales no participan activamente en el combate a la incidencia criminal. Agregó que en los municipios alejados, el tiempo y la distancia le impiden al Estado mantener una base operativa completa.

Como antecedente, recordó una propuesta que hizo al Congreso cuando encabezaba el área de prevención y reinserción social: que se considerara delito tener un celular en manos de una persona privada de su libertad. La medida terminó incluida en la ley general contra la extorsión.

Con ese mismo criterio presentó ahora las tres propuestas. Dijo que buscan dar más capacidades a la policía preventiva y a la Policía de Investigación, y que espera que los diputados las revisen.

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Juan Antonio Villa dijo que la restricción no es nueva y que se aplican unas siete u ocho sanciones por semana

Por: Haniel Valdés

Las motocicletas menores a 400 centímetros cúbicos no pueden circular por los carriles centrales de Salvador Nava, por la plataforma superior del distribuidor Juárez ni por la carretera 57, recordó Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Villa dijo que esa restricción “ya está aprobada” en el reglamento de tránsito y que “no es nueva”: se aplica desde hace algún tiempo. Explicó que el reglamento, que ya fue aprobado, refuerza el tema de las motocicletas que no alcanzan determinada velocidad y que lo único que se hizo fue adecuarlo a los vehículos eléctricos para incluirlos en el ordenamiento municipal.

El funcionario informó que la policía impone unas siete u ocho sanciones por semana a motociclistas que circulan por carriles de alta velocidad. Dijo que algunos lo hacen para evitar los semáforos laterales de Salvador Nava, lo que pone en riesgo su integridad.

Villa recordó que han muerto motociclistas que subieron a la plataforma del distribuidor Juárez, entre ellos una persona que hace poco chocó contra el muro de contención y cayó al vacío. Por eso, dijo, se refuerza la presencia policial en la zona.

Sobre los scooters, afirmó que su uso ha bajado porque están siendo reglamentados y que la gente lo ha recibido de buena manera.

El secretario señaló que la motocicleta “se ha vuelto el vehículo de la familia” porque cada vez es más accesible, y que es común ver a tres o cuatro personas en una sola moto. Mientras se socializa el nuevo reglamento, la policía detiene a quienes viajan así para que no sigan, y dijo que en un lapso no mayor a seis meses vendrán las sanciones correspondientes.

En julio, tras un choque en el distribuidor Juárez en el que murió una persona, Villa había anunciado que el nuevo reglamento especificaría los lugares donde no podrán circular scooters y patines eléctricos, entre ellos la plataforma del distribuidor.

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Los trabajadores inconformes adelantaron más movilizaciones y no descartaron frenar actividades en los hospitales

Por: Redacción

Los trabajadores inconformes del IMSS en San Luis Potosí rechazaron la nueva propuesta de aumento salarial de 8% que anunció este miércoles el director del Instituto, Zoé Robledo. “Ese 8% para nosotros es una burla”, dijo Rubio Arteaga, trabajador del Hospital General de Zona número 6 de Ciudad Valles.

La dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos, aceptó la propuesta. Olivos dijo que el acuerdo “equilibra las aspiraciones de la base trabajadora con la viabilidad financiera de la institución”. El sindicato no ha informado si someterá el acuerdo a consulta de los trabajadores, como ocurrió con la oferta anterior.

Rubio Arteaga se presentó como uno de los “37 más uno” que organizan el movimiento a nivel nacional y dijo que representa a la sección 18. Aseguró que no pertenece a ningún partido y que no busca ningún cargo.

“4% no sirve absolutamente para nada”

Según su versión, el 8% se divide en 4% al tabulador, que es el sueldo base y el que cuenta para la pensión, y 4% a las prestaciones del llamado Concepto 11. “El 4% no sirve absolutamente para nada, no es significativo, seguimos en lo mismo”, dijo. La base, recordó, exige 10% directo al tabulador como mínimo. El IMSS no ha detallado públicamente cómo se reparte el aumento.

El 14 de octubre, los trabajadores sindicalizados rechazaron en consulta la primera propuesta, de 6.8%: 2.9% al tabulador y 3.9% al Concepto 11.

Congreso Extraordinario y más movilizaciones

Rubio Arteaga dijo que el salario no es la única demanda. Los inconformes exigen que el SNTSS convoque a un Congreso Nacional Extraordinario, su máximo órgano de decisión, para frenar la reforma al artículo 136 bis, que llamaron “ley mordaza”. También piden que la aportación a las Afores se vaya directo al salario y que se retiren los dirigentes “que no nos representan”.

Adelantó más marchas y otras acciones que no quiso detallar “porque el gobierno va a decir”. Sobre si podrían frenar actividades en los hospitales, respondió: “Sí, puede ser también, porque nos están obligando”. Por ahora, dijo, siguen atendiendo a los pacientes porque “privilegiamos la vida”.

Medicamentos: “que hagan auditoría a los jefes”

Ante señalamientos de que personal médico se lleva medicinas, pidió auditar a funcionarios y jefes, que, dijo, manejan los medicamentos “a discreción”. También pidió revisar a los proveedores del Instituto.

Sobre la reciente visita de la delegada a Ciudad Valles, dijo que fue una “avanzada” para preparar una visita de la Presidenta y “maquillar” las supervisiones.

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