Cuauhtli Badillo dijo que el Congreso continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades de los distintos niveles de gobierno

 Por: Redacción

De cara al año 2026, San Luis Potosí requiere de seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad, con énfasis en la capacitación, certificación y profesionalización de los cuerpos policiacos, así como en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, afirmó el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

El legislador informó que recientemente sostuvo una reunión con la Presidenta de la República,  Claudia Sheinbaum, en la que se informaron los avances en materia de seguridad, destacando que San Luis Potosí se ubica actualmente en el sexto lugar a nivel nacional, resultado de la coordinación entre las corporaciones federales, estatales y municipales.

Badillo Moreno señaló que el objetivo central es seguir avanzando en las acciones de seguridad pública en el estado, a través de una estrategia basada en organización, planeación y resultados medibles.

Manifestó que, “son temas que siguen en la agenda y que se estarán atendiendo de manera permanente, siempre alineados a la estrategia nacional de seguridad y participando en las mesas de coordinación para la construcción de la paz”, expresó.

El diputado subrayó la importancia de que el Poder Legislativo tenga presencia en dichas mesas de coordinación, con el objetivo de conocer  de primera mano la problemática en cada región del estado y revisar los marcos normativos que deban actualizarse para fortalecer las acciones de seguridad.

Asimismo, destacó que la incorporación de nuevos cadetes y elementos a la Guardia Civil Estatal, así como su constante capacitación, representan factores clave para consolidar los avances logrados. En este sentido, enfatizó que los policías municipales son los primeros respondientes ante cualquier hecho delictivo, por lo que consideró indispensable que los ayuntamientos destinen recursos suficientes para su capacitación, certificación y mejora de condiciones laborales.

Finalmente, el diputado Cuauhtli Badillo reiteró que desde la Comisión de Seguridad Pública se continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades de los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y tranquilidad a las y los potosinos.

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La diputada Nancy Jeanine García dijo que el Estado deberá contar con atlas de riesgo que considere los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático

Por: Redacción 

Para establecer que el estado deberá contar con Atlas de Riesgo que considere los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Decreto que reforma, las fracciones I y ll del artículo 14 y adiciona la fracción I BIS al artículo 14, de la Ley de Cambio Climático para el Estado, iniciativa presentada por la diputada Nancy Jeanine García Martínez.

Con ello se armoniza la legislación estatal con la federal, a fin de que la información contenida tanto en el Atlas de Riesgo local como en el nacional, sea utilizada para la elaboración de los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y los de construcción.

Se señala que al armonizar política climática estatal con los instrumentos federales vigentes, equivale a mejorar la gestión del territorio ante escenarios de cambio climático y atender de manera integral, fenómenos emergentes como el desplazamiento interno de personas por causas climáticas.

Con la modificación a la Ley de Cambio Climático para el Estado de San Luis Potosí, se incluye como una necesidad prioritaria de adaptación, la obligación para que San Luis Potosí cuente con planes de Vulnerabilidad al Cambio Climático

Además, se mejoran la planeación urbana y regional, la cual ayuda a fortalecer la infraestructura, aumentar la resiliencia y apoyar en la toma de decisiones más eficaces dentro de la gestión integral del riesgo de desastres, lo cual, debido a su importancia, requiere de vincular dichos atlas de riesgos con la ejecución de obras prioritarias.

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La diputada Diana Ruelas dijo que se busca privilegiar la protección a la salud de las personas

 Por: Redacción

La diputada Diana Ruelas propuso una iniciativa para adicionar disposición a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de derecho a la protección de la salud de las personas, en relación a sanciones por uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores.

La iniciativa propone incluir, en el apartado relacionado a los derechos de las personas a una vida saludable, la obligación para el Estado de proteger y promover el derecho fundamental a la salud de sus habitantes coadyuvando, en el ámbito de su competencia, y en los términos y condiciones que señale la Constitución Federal y leyes en la materia, respecto a la sanción de las actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que en México, en el año 2021 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional contra las Adicciones, emitieron una alerta sanitaria por el uso de cigarros electrónicos comúnmente llamados vapeadores, en la que advertían sobre los daños respiratorios, cardiovasculares y mutagénicos, indicando que además ninguno de estos productos cuenta con ninguna autorización sanitaria.

Posteriormente, el 31 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, de este tipo de productos.

Ahora bien, el 17 de enero de 2024 se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación dos adiciones al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que tuvo el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, por lo cual es importante el realizar una homologación a estas disposiciones en la legislación estatal.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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