julio 31, 2026

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Estado

Octavio Pedroza se reunió con socios de la Canacintra

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El candidato dio a conocer su propuesta de la creación del Instituto Estatal de Planeación y las demandas del sector industrial

Por: Redacción

El candidato a la gubernatura Octavio Pedroza se reunió con socios de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), en donde anunció su propuesta de crear el Instituto Estatal de Planeación que permita generar proyectos de crecimiento ordenado y equitativo a mediano y largo plazo con diferentes organismos empresariales.

“No podemos crecer sin un Instituto de Planeación, debemos tener una visión macro y en esto tenemos que involucrar la participación de los organismos empresariales, porque hay una serie de proyectos que vamos a desarrollar, una vez que seamos gobierno a partir del 26 de septiembre”, dijo Pedroza.

El candidato habló sobre los proyectos y demandas del sector industrial: mejorar el transporte público y masivo, desahogar los nudos viales que se viven actualmente en la zona metropolitana a través de la conexión y modernización de las vías de comunicación tanto del poniente con el oriente de la ciudad, crear un tren urbano que conecte con la zona industrial que tiene un grave problema de movilidad, rescatar la reserva urbana que hoy se tienen con los patios del ferrocarril y detonar el crecimiento armónico de San Luis Potosí.

Además, Octavio Pedroza mencionó su propuesta de retribuir el 75% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) a quienes lo tributan y que tenga un retorno inmediato para la promoción estatal; así como el Consejo de Vigilancia, el cual debe funcionar y transparentar en que se usa el dinero recaudado.

Por su parte, el presidente de Canacintra, Carlos Mendizábal Pérez dijo reconoció lo positivo de las propuestas del candidato y dijo que el gobierno debe ser un facilitador de las inversiones. 

En la reunión que se realizó en las instalaciones de la Cámara, asistieron los expresidentes Clara Leticia Serment Cabrera, Alejandro Mancilla Villarreal, Pedro Martínez Abaroa e integrantes del Consejo como Ricardo Gómez Valle y Gerardo Bocard Meraz.

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Sin lineamientos, INE SLP no puede actuar contra campañas anticipadas

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El Consejo General del INE rechazó regular los actos anticipados de campaña; en San Luis Potosí, el órgano local dice que no puede actuar mientras no existan lineamientos.

Por: Redacción

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí no puede actuar contra los actos anticipados de campaña mientras el Consejo General no apruebe lineamientos para regularlos, luego de que el órgano central rechazó normarlos en su sesión más reciente.

Patricia Santos Quevedo, encargada de la Vocalía Ejecutiva del INE en la entidad, explicó que, al ser un órgano desconcentrado, la Junta Local se limita a difundir y aplicar los acuerdos ya aprobados por el Consejo General. “No podemos hacer ninguna acción o actividad en concreto por parte de los órganos desconcentrados”, afirmó.

El consejero Martín Faz calificó como un retroceso la decisión del Consejo General de no regular las campañas anticipadas.

Ante la falta de lineamientos, dijo Santos Quevedo, las quejas por actos anticipados de campaña quedan en manos del Tribunal Electoral

, local o federal, según el cargo implicado. El INE, agregó, primero analiza si la denuncia tiene repercusiones en una contienda federal o local antes de turnarla al organismo público correspondiente.

La Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí ha recibido, hasta ahora, una sola queja por este tema: la presentada por Somos México contra el Partido Verde, turnada a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, órgano central del INE que determinará lo procedente.

Santos Quevedo dijo que la Junta Local Ejecutiva aún no ha sido notificada sobre las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la ley electoral, ni sobre los alcances que estas impugnaciones podrían tener en el proceso.

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Las fronteras estatales que frenan los operativos de seguridad

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El secretario de seguridad reconoce que prófugos radicados en otros estados generan dificultades operativas inmediatas, aunque relativiza la magnitud del problema al invocar factores de salud mental.

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, secretario de seguridad pública del Estado reconoció que órdenes de captura contra personas prófugas residentes en otras entidades ralentizan la capacidad de respuesta inmediata del estado. Esa condición trasnacional genera limitaciones jurisdiccionales que impiden operativos rápidos, aunque el funcionario indicó que esto no releva de responsabilidad estatal en materia de seguridad.

Ante cuestionamientos sobre avances en investigaciones de casos críticos, el secretario explicó que la información que comparte respeta límites jurídicos estrictos. “No podemos dar información confidencial porque luego la Fiscalía reclama“, expresó, aludiendo al riesgo legal de exponer detalles de investigaciones en proceso.

Confirmó que evaluaciones internas indican que varios prófugos están alojados en otra entidad y provienen de otra jurisdicción. “Tendríamos que trasladarnos a otro estado”, señaló, lo que ralentizan respuestas inmediatas. Sin embargo, relativizó el problema al introducir un factor adicional: “El problema es de salud psicotóxica”. No especificó a qué se refiere exactamente ni cuántos casos involucra este factor.

En paralelo, el secretario reportó que en la zona de La Pila se mantiene patrullaje intensificado, especialmente en madrugadas, con bases operativas móviles interinstitucionales. Afirmó que la estrategia genera “contención” del delito, aunque reconoció que requiere equilibrio para no descuidar otras zonas del estado.

El secretario no cuantificó cuántos prófugos están en otras entidades ni proporcionó datos sobre el componente de salud mental que menciona. Tampoco aclaró si la dificultad jurisdiccional afecta a decenas o a unos pocos casos específicos.

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SLP no tiene escuelas militarizadas registradas, pero dos las promocionan

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La SEP ordenó a los estados revisar el RVOE de los planteles con modelo militar antes del ciclo escolar 2026-2027

Por: Haniel Valdés

La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, incluida San Luis Potosí, a revisar las autorizaciones y el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de los planteles que operan bajo modelos militarizados, con el fin de que ninguno continúe así cuando arranque el ciclo escolar 2026-2027, el próximo 31 de agosto.

En San Luis Potosí, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) confirmó que no existe ningún plantel con RVOE registrado bajo un esquema militarizado, dijo su titular, Deysi Maribel López Sierra. La funcionaria explicó que el reconocimiento se otorga de manera general, solo para garantizar que los colegios cumplan los planes de estudio oficiales, y que la dependencia no avala nombres comerciales ni perfiles ligados al ámbito castr ense.

Pese a esa aclaración, colegios privados de la capital potosina, como el Colegio Exton Militarizado y el Instituto Militarizado Anglo Americano, promocionan abiertamente su oferta académica bajo esquemas de disciplina militar.

El titular de la SEP, Mario Delgado, dijo en un video difundido en sus redes sociales que la formación militar corresponde de manera exclusiva a las instituciones del Estado encargadas de preparar a quienes servirán en las Fuerzas Armadas

y la Guardia Nacional. “El modelo militar no forma parte del sistema educativo nacional para niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

Delgado advirtió que los planteles que incumplan la disposición podrían ser suspendidos o enfrentar procedimientos de clausura o regularización, y que las autoridades educativas deberán garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos inscritos, incluida la entrega de documentos académicos y, en su caso, el reembolso de pagos.

La instrucción se da después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de los modelos de educación militarizada, al señalar que la formación de niñas, niños y adolescentes debe basarse en principios pedagógicos y de respeto a los derechos humanos.

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