Diputados aprobaron modificar el criterio para calcular la mayoría calificada; Morena se abstuvo al señalar que el tema requiere mayor análisis

Por: Redacción

Las comisiones de Normatividad Legislativa y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron un dictamen para modificar la forma en que se calcula la mayoría calificada en votaciones clave del Poder Legislativo, una regla utilizada para decisiones como designaciones de funcionarios, aprobación de deuda pública o determinación de responsabilidades administrativas.

La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Luis Felipe Castro Barrón, quien explicó que el objetivo es homologar los criterios que actualmente aparecen en distintos artículos de la Constitución local.

De acuerdo con el legislador, la legislación vigente contiene distintas redacciones para definir la mayoría calificada, lo que genera interpretaciones diferentes al momento de votar en el pleno.

“Lo que se busca es homologar criterios (…) teníamos dos redacciones diferentes y lo que se busca es homologar una misma que tenga que ver con el voto de los diputados que están presentes en el pleno”, señaló.

El dictamen plantea que, en la mayoría de los casos, las decisiones se aprueben con dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, una fórmula similar a la utilizada en diversos artículos de la Constitución federal.

Sin embargo, durante la discusión también se reconoció que la iniciativa original planteaba un criterio distinto. En su primera versión proponía que la mayoría calificada se calcu lara con base en los “votos emitidos”

Esa redacción fue modificada durante el análisis en comisiones y finalmente se optó por el criterio de diputados presentes, aunque el esquema sigue dejando fuera del conteo a quienes decidan abstenerse.

El secretario técnico explicó que el cambio busca evitar confusión jurídica, ya que actualmente existen al menos tres formas distintas de calcu lar la mayoría calificada dentro de la legislación estatal.

Ante cuestionamientos sobre si el nuevo criterio podría facilitar la aprobación de decisiones relevantes con menos votos efectivos en escenarios de baja asistencia, Castro Barrón rechazó que se trate de una reforma con fines políticos. “No se está buscando hacer una iniciativa modo para poder aplanar a la oposición”, respondió.

La propuesta también contempla cambios al reglamento interno del Congreso para que las iniciativas que no obtengan mayoría sean desechadas automáticamente y se archiven como asuntos concluidos, en lugar de regresar a comisiones para un nuevo análisis.

Durante la votación en comisiones, la bancada de Morena decidió abstenerse al considerar que el tema requiere un análisis más profundo antes de discutirse en el pleno. El diputado Carlos Arreola Mallol explicó que su grupo parlamentario optó por no fijar todavía una postura definitiva. “En este momento la determinación fue ir en abstención para analizar bien el asunto (…) no estamos en contra del tema ni a favor todavía”, señaló.

El legislador también advirtió que algunas reformas internas del Congreso han sido aprobadas con rapidez, ya que en este caso la iniciativa fue recibida formalmente apenas tres días antes de ser avalada en comisiones.

El dictamen deberá discutirse ahora en el pleno del Congreso del Estado, donde las y los diputados definirán si se modifica finalmente la regla para calcular la mayoría calificada en votaciones clave del Poder Legislativo potosino.

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La iniciativa plantea dejar atrás el enfoque reactivo y avanzar hacia un modelo de gestión integral del riesgo en ecosistemas forestales

Por: Redacción

Con el fin de modernizar y fortalecer el marco normativo estatal en materia de incendios forestales, el diputado Tomás Zavala González propuso expedir la Ley de Manejo del Fuego en Ecosistemas Forestales del Estado de San Luis Potosí.

La iniciativa contempla abrogar la Ley para la Prevención y Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el Estado de San Luis Potosí, vigente desde 2013, para dar paso a una legislación alineada al paradigma técnico del Manejo Integral del Fuego, a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/AGRICULTURA-2023 y a los principios de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El legislador señala que la ley actual ha quedado obsoleta frente a los desafíos recientes, ya que mantiene un enfoque reactivo centrado casi exclusivamente en el combate, lo cual resulta insuficiente ante incendios de gran escala que afectan cada vez con mayor frecuencia e intensidad a los ecosistemas forestales de la entidad. Por ello, la propuesta plantea un cambio de paradigma: pasar del combate a la gestión del riesgo.

Entre los principales ejes de la iniciativa se encuentra la creación de un Sistema Técnico Estatal de Clasificación de Riesgo con base científica y técnica, que permita anticipar y gestionar el riesgo de manera proactiva, en lugar de actuar una vez iniciado el fuego.

También se plantea la clarificación y modernización de las atribuciones de las autoridades, definiendo con precisión el rol de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) como autoridad rectora en materia de manejo del fuego, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDARH) se limitaría a su ámbito de competencia en el sector agropecuario

En materia de regulación, la propuesta distingue entre quemas controladas y quemas prescritas, exigiendo la presentación de planes de trabajo y operativos, la certificación obligatoria del personal y la creación de un Calendario Estatal de Quemas vinculante. Con ello, se busca transformar el uso del fuego de una práctica empírica y riesgosa en una herramienta técnica y segura.

Asimismo, se contempla el fortalecimiento de la participación social mediante la consolidación del Comité Técnico de Incendios Forestales como órgano colegiado de máxima autoridad técnica, integrado por gobierno, academia, sociedad civil, comunidades y productores, con el objetivo de garantizar una política pública consensuada y socialmente aceptada.

Finalmente, la iniciativa establece un régimen sancionador con carácter disuasorio, al sustituir el esquema de multas consideradas laxas por un catálogo de infracciones graduadas —leves, graves y muy graves— con sanciones económicas de hasta 5 mil UMA, la revocación definitiva de permisos y la obligación de reparar integralmente el daño ambiental causado.

Con este planteamiento, se busca no solo sancionar conductas, sino también restaurar el equilibrio ecológico en las zonas afectadas por incendios forestales en San Luis Potosí.

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La SCJN dio plazo para formalizar el protocolo; el ejercicio podría costar nuevamente nueve millones de pesos

Por: Redacción

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que en el mes de abril estará lista la organización de las consultas que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) definiera que no coadyuvará con el Poder Legislativo en la realización de este ejercicio, legisladores, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha, y personal del área jurídica se reunieron con la SCJN para abordar el tema.

Serrano Cortés reconoció al máximo órgano de justicia del país como un facilitador del proceso y señaló que se agotó la posibilidad de realizar las consultas a través del Ceepac, que —dijo— es un órgano que puede garantizar un proceso equilibrado y equitativo, pero informó que no hubo condiciones para concretarlo.

El diputado añadió que la consulta ya se había realizado previamente con un costo de nueve millones de pesos; sin embargo, la instrucción es llevarla a cabo nuevamente. Explicó que la Corte otorgó un plazo para formalizar el protocolo, construir un cuerpo operativo y técnico, así como definir preguntas y lineamientos

Indicó que a principios de abril se contará con el protocolo y se realizará una reunión previa con la SCJN para evitar futuras impugnaciones derivadas de posibles omisiones en la formalidad del proceso.

Sobre el costo del nuevo ejercicio, señaló que se contempla una base presupuestal similar a la anterior, lo cual ya fue dialogado con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, al tratarse de un mandato que no puede postergarse y tras no concretarse el apoyo del Ceepac.

Finalmente, expuso que el Congreso puede realizar directamente el ejercicio, aunque buscarán reducir costos. Precisó que se llevarán a cabo dos consultas: una en materia de discapacidad, que calificó como más sencilla y que se realizará primero; y otra relacionada con la Ley Indígena, la cual representa mayor complejidad y se desarrollará conforme a los mecanismos establecidos en la legislación correspondiente.

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